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El Partido Pueblo Soberano (PPSO) contará con 31 diputados en la Asamblea Legislativa para el cuatrienio 2026-2030, con lo que alcanzará una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes en una votación, que le permitirá impulsar y aprobar proyectos de ley ordinarios sin depender de otras fracciones.
Ese margen también le dará al oficialismo el control de espacios clave dentro de la Asamblea, como la asignación de comisiones, la definición de la agenda legislativa, la elección del Directorio, la aprobación del presupuesto nacional y la participación en nombramientos como el de la Defensoría de los Habitantes.
Sin embargo, Kattia Benavides, politóloga experta en análisis legislativo, señaló que ese escenario no implicará un control total. Indicó que la oposición dispone de herramientas en el reglamento legislativo para ejercer control político sobre las iniciativas que impulse Pueblo Soberano.
A esto se suma, según Benavides, que varios de los futuros congresistas cuentan con experiencia previa en el funcionamiento interno del Congreso.
Así puede actuar la oposición en el Congreso
Para Benavides, la principal herramienta que podrán utilizar los diputados de oposición son las mociones de fondo, establecidas en el artículo 137 del reglamento legislativo.
Estas permiten a los legisladores corregir, agregar, quitar o modificar el contenido de un proyecto de ley y, al mismo tiempo, suspender temporalmente su trámite mientras las propuestas son analizadas en comisión.
Así, los proyectos de ley que impulse el PPSO podrían avanzar sin mayores obstáculos durante la etapa de dictámenes; sin embargo, al llegar al plenario podrían entorpecerse si la bancada oficialista no logra consensos.
Para el diputado electo y futuro jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, ese derecho de enmienda mediante las mociones de fondo permite “ir moldeando la voluntad y los acuerdos legislativos”.
Villalta añadió que también cuentan con las mociones de orden, las cuales regulan el desarrollo de una sesión al priorizar aspectos procedimentales sobre el fondo del debate. Estas se utilizan para corregir incumplimientos de normas, solicitar recesos, alterar el orden del día o garantizar que la discusión avance de forma ordenada.
Asimismo, mencionó que otras de las herramientas con las que cuenta la oposición son las mociones de consulta o de audiencia, factor clave en una comisión, ya que permiten incorporar criterios de sectores sociales, instituciones u organizaciones que no siempre forman parte de las consultas ordinarias.
“Pueden ser sectores sociales que tienen preocupaciones sobre el proyecto de ley o pueden ser otras instituciones u organizaciones que dan criterios técnicos. También las audiencias, muchas veces los proyectos de ley se caen con solo convocar una audiencia. Uno hace una audiencia y trae un experto que desbarata el proyecto de ley”, indicó.
En ese sentido, aunque un proyecto cuente con los votos necesarios, podría perder respaldo si durante el proceso se evidencian debilidades técnicas o de fondo, explicó el futuro jefe de fracción.
La politóloga, Kattia Benavides, también mencionó las consultas legislativas constitucionales. Estas permiten que, una vez aprobado un proyecto en primer debate, al menos diez diputados lo remitan a la Sala Constitucional para revisar su legalidad.
En ese contexto, Villalta indicó que, en ocasiones, se aprueban proyectos sin cumplir con requisitos básicos de la Constitución, por lo que terminan siendo declarados inconstitucionales.
Mecanismos de participación ciudadana
Otra de las medidas son los mecanismos de participación ciudadana. En algunos casos, aunque una iniciativa cuente con los votos necesarios, la falta de consenso ciudadano puede generar presión de sectores económicos y sociales, lo que incide en la decisión de los legisladores.
“Puede ser que usted esté en minoría en una votación, pero tenga un respaldo social muy grande, y ese respaldo también cuenta”, afirmó Villalta.
El diputado electo explicó que la ciudadanía también recurre a mecanismos informales, como manifestaciones, presencia en las barras del público, envío de cartas o correos electrónicos a los diputados, para influir en la toma de decisiones.
“Yo he visto en la Asamblea situaciones donde hay diputados que están por votar un proyecto de ley, pero llega un grupo social a las barras, escuchan esas posiciones y ya no quieren votar el proyecto”, relató.
En la misma línea, Benavides señaló que la presión de actores organizados, como cámaras empresariales, sindicatos y organizaciones sociales, así como el rol de los medios de comunicación, pueden incidir en la opinión pública y, con ello, en las decisiones legislativas.
¿Obstrucción o control político?
Villalta indicó que es necesario diferenciar entre obstrucción y el ejercicio legítimo del derecho de enmienda.
“No deben presentarse mociones solo por presentarlas, pero cuando un proyecto de ley está muy mal hecho, muchas veces es necesario hacer múltiples enmiendas para modificarlo o arreglarlo”, señaló.
El diputado reconoció que existen casos en los que se presentan mociones sin contenido sustantivo, únicamente para atrasar el trámite. Sin embargo, también destacó que hay mociones bien fundamentadas que aportan argumentos y enriquecen el debate legislativo.
Añadió que, en ocasiones, la negativa de los partidos del gobierno de turno a introducir cambios puede provocar el bloqueo de un proyecto. En contraste, cuando existe apertura, las mociones pueden convertirse en una oportunidad de negociación.
“Hay casos donde se introducen cambios, se corrigen errores y termina saliendo un proyecto más consensuado. A veces las mociones pueden frenar un proyecto, pero también pueden salvarlo”, afirmó.
Villalta enfatizó que estas herramientas forman parte de un derecho constitucional de los diputados. Además, recordó que mecanismos como la vía rápida, que limita el uso de mociones, solo pueden aplicarse con mayoría calificada, lo que nuevamente obliga al oficialismo a negociar con otras bancadas.
