Escuchar
Las futuras jefaturas de fracción del PLN y PUSC cuestionaron con dureza la propuesta del próximo jefe del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, quien afirmó que, si el Congreso aprueba la suspensión de garantías, se eliminaría la exigencia de una orden judicial para realizar allanamientos en recintos de ciudadanos.
El diputado electo no considera que se produzca un daño a las personas si no se encuentran pruebas de delitos en los allanamientos. “¿Cuál fue el daño? Si entran a una casa y no había droga, ¿cuál fue el daño?“, dijo Acosta en el programa Interferencia de Radios UCR.
El próximo jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, dijo que la propuesta de Acosta es “propia de las dictaduras”.
“Jamás podrías aceptar algo así en una sociedad democrática como la costarricense. La futura fracción del PLN se compromete a luchar con determinación y firmeza en defensa de la libertad y las garantías individuales de los ciudadanos costarricenses", dijo el liberacionista.
Ramírez añadió que “espera” que lo expresado por el exministro de Hacienda no refleje el sentir de la mayoría del PPSO y que hayan “buenos demócratas” dispuestos a trabajar en defensa de la libertad y la democracia.
En tanto, la futura diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, calificó de inconstitucional la propuesta.
"Si por la víspera se saca el día, no podremos bajar la guardia porque con ocurrencias así, podríamos perder garantías fundamentales y derechos humanos. En una democracia, este tipo de propuestas son inaceptables, son inconstitucionales y muy preocupantes. Son el tipo de reglas que se aplican en regímenes autoritarios, dictatoriales y totalitarios“, escribió la socialcristiana en sus redes sociales.
Gordienko, quien es abogada, señaló que el control previo por parte del juez es una garantía de legalidad y tutela efectiva frente a posibles abusos del poder del Estado. Añadió que eliminarla convertiría una excepción en norma y “socavaría peligrosamente el principio de inviolabilidad que nos protege a usted, a mí y a toda la ciudadanía”.
La futura diputada recordó que Costa Rica está obligada por tratados internacionales a proteger la vida privada y la inviolabilidad del domicilio.
“Debemos mantener la regla general del control judicial (...). Solo con esas salvaguardias se protege efectivamente la seguridad pública sin sacrificar derechos fundamentales ni la legitimidad del Estado de derecho”, finalizó Gordienko.
La Nación solicitó una reacción a José María Villalta, futuro jefe de fracción del Frente Amplio, así como al equipo de prensa de Claudia Dobles. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
