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El gobierno evalúa un proyecto de ley de la diputada Montserrat Ruiz Guevara, del Partido Liberación Nacional (PLN), para bajar el impuesto al valor agregado (IVA) de un 13% a un 10% a cambio de triplicar el impuesto a los bienes inmuebles de un 0,25% a un 0,75% del valor registrado.
Aunque el expediente 25.239 fue presentado el 9 de octubre y aún se encuentra en una etapa inicial de trámite en la Asamblea Legislativa, el viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, Luis Molina, afirmó que la institución ya comenzó a estudiar la propuesta.
“Voy a decir algo, que no sé si deba decirlo, pero nosotros estamos haciéndole los números al proyecto que presentó doña Monserrat (Ruiz) la semana pasada, lo de bajar el IVA al 10%, pero subiendo a 0,75% el impuesto a bienes inmuebles”, mencionó el 14 de octubre ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Molina añadió que “bajar el IVA al 10% se puede, eso sí, con cero gasto tributario. O sea, el 10% parejo para todos, sin ninguna exoneración y devolvemos a los más pobres”.
El viceministro dijo haber solicitado al director de Hacienda, Juan Carlos Brenes, que hiciera los cálculos respectivos “a ver si dan, porque pueden ser propuestas que a primera entrada uno las ve como, ‘me van a bajar impuestos’”. No obstante, señaló que una revisión más profunda podría mostrar ventajas para las finanzas de las municipalidades y del Gobierno Central.
“Uno llega y dice ‘mirá, tal vez si le damos escala a ese impuesto a la propiedad de bienes inmuebles se benefician todos, se benefician las municipalidades bajando la morosidad con ese 0,25%, se beneficia el Estado y Gobierno Central, con ese 0,5% adicional, dejamos el IVA en el 10% sin ninguna exoneración y devolvemos a los más pobres, eso se puede hacer.
“Vamos a generar los números, para ver si esa puede ser la última gran discusión que tenemos en esta comisión”, agregó.
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El proyecto de ley propone que el 0,50% del valor fiscal de la propiedad vaya al Gobierno Central, con el fin específico de reducir la tarifa del IVA. El restante 0,25% de la recaudación sería para las municipalidades.
Cambios en impuesto a bienes inmuebles
El expediente legislativo propone cambios a la ‘Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles’, para que en adelante la base imponible para el cálculo del tributo se determine a partir del valor fiscal registrado en el Catastro Nacional Único, el cual será administrado por el Ministerio de Hacienda.
Esta base de datos tendría que ser actualizada cada tres años, de manera obligatoria, y estar integrada al Registro Nacional de la Propiedad, así como a las municipalidades.
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Igualmente, dispone la creación de una Agencia Catastral Nacional, como órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, la cual tendrá como función indelegable la determinación de los valores fiscales de los bienes inmuebles.
Para financiar el funcionamiento de la Agencia, se le asigna el 2% de lo recaudado por concepto del impuesto a los bienes inmuebles, correspondiente a las municipalidades.
Aplicación gradual
La propuesta de Ruiz plantea una reducción gradual del IVA. En el primer año de vigencia de la reforma, la disminución del 10 % se aplicaría únicamente a la canasta básica de medicamentos y al transporte escolar.
Para el segundo año, la rebaja dependería del avance en las coberturas mínimas del Catastro Nacional Único.
Finalmente, en el tercer año se prevé extender la reducción del IVA a la totalidad de bienes y servicios, incluso si el catastro aún no alcanza una cobertura del 100%.
Ruiz argumentó, en el proyecto de ley, que las reformas pretenden desplazar la carga tributaria del consumo diario de las familias, hacia la riqueza acumulada.
Además, aseguró que los cambios permitirían reducir la evasión y garantizar que las finanzas públicas no dependan de un solo impuesto, en referencia al IVA.
Según la verdiblanca, el Gobierno Central depende en exceso del IVA como principal fuente de recursos, pero el pago de este tributo recae principalmente en los hogares de ingresos bajos y medios, que destinan la mayor parte de sus recursos al consumo.
Alegó que mientras esto ocurre, existe una gran evasión y elusión alrededor del impuesto sobre bienes inmuebles. “Dos viviendas de igual valor pueden pagar montos muy distintos, según el cantón donde estén registradas”, menciona el texto.
De acuerdo con Ruiz, la fragmentación actual del catastro ha facilitado una subestimación en las declaraciones de inmuebles de alto valor, lo que genera pérdidas significativas en la recaudación municipal y nacional.
Un criterio similar externó Molina, durante su participación en el foro legislativo, al dirigirse al diputado Luis Fernando Mendoza, del PLN, quien fue alcalde de Cañas (2016-2020).
“Don Fernando, usted fue alcalde, usted sabe la gran morosidad que hay en el impuesto de bienes inmuebles en las municipalidades, qué bonito sería que la Administración Tributaria central pudiera ayudar a las municipalidades a recaudar ese 0,25% que hay una gran morosidad, y además, el otro 0,50% que menciona la diputada Monserrat Ruiz, para aumentarlo, que le queden al Gobierno Central”, declaró.
