Cuatro ejes temáticos dominaron el primer debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en el que participaron cinco de los 20 aspirantes a la Presidencia de la República de cara a las elecciones 2026.
Aunque el encuentro abordó empleo y costo de vida, educación y salud, el tema de seguridad capturó los momentos más fuertes de la jornada en la que participaron Walter Hernández Juárez, del Partido Justicia Social Costarricense; Luz Mary Alpízar Loaiza, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Boris Molina Acevedo, del Partido Unión Costarricense Democrática; Natalia Díaz Quintana, del Partido Unidos Podemos; y Fernando Zamora Castellanos, del Partido Nueva Generación (PNG).
La dinámica del debate incluyó espacios para interpelaciones reguladas y preguntas entre los candidatos. La moderadora fue la periodista Lilliana Carranza, quien tendrá a cargo las sesiones de sábado, domingo y lunes.
Seguridad: ‘Con los delincuentes y la basura social que viene a hacernos daño, yo no estoy de acuerdo’
La pregunta que provocó el momento álgido de la noche fue: “Si tuviera que priorizar en el próximo gobierno, ¿apostaría por aumentar la inversión en prevención social o por fortalecer la policía, las cárceles y las capacidades punitivas del estado, y por qué?
Todos los aspirantes coincidieron en que la situación del país es crítica; sin embargo, fue la respuesta de Natalia Díaz, la que resultó más polémica.
La exministra de la Presidencia del gobierno chavista centró sus declaraciones en la prevención y el control territorial, con propuestas como mejorar la iluminación pública, reforzar la seguridad en las calles y fortalecer la coordinación entre el Poder Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Judicial.
También planteó la necesidad de intervenir cuarterías ilegales para evitar el ingreso de personas que, según señaló, llegan al país con fines delictivos.
Tras ser interpelada por Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense, quien cuestionó sus declaraciones en relación con la tradición costarricense de respeto a los derechos humanos —incluidos los de las personas extranjeras—, Díaz respondió que Costa Rica es un país solidario, pero estableció una distinción entre migrantes trabajadores y personas vinculadas a la criminalidad.
“Costa Rica es un país generoso y solidario, pero con la gente buena que viene a trabajar y a cooperar con el país. Con los delincuentes y la basura social que viene a hacernos daño, yo no estoy de acuerdo”, afirmó.
Por su parte, Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática, propuso elevar el sicariato a la categoría de terrorismo, como una medida para endurecer la respuesta del Estado. Además, planteó enviar a las calles a policías reservistas como refuerzo inmediato.
Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG), planteó la declaratoria de emergencia en seguridad y una estrategia de tres líneas: refuerzo policial con reservistas, reformas en materia judicial y un componente preventivo basado en educación, cultura y deporte.
Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense, también defendió una declaratoria de emergencia, con el objetivo de liberar recursos desde el Ministerio de Hacienda para fortalecer a las autoridades judiciales y policiales.
Finalmente, Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), apostó por el fortalecimiento de la investigación criminal, reformas legales y la asignación efectiva del presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para las fuerzas judiciales.
Empleo, educación y salud
En cuanto a propuestas sobre empleo y costo de vida, destacaron programas dirigidos a poblaciones vulnerables, la creación de mecanismos para simplificar trámites a pymes y mipymes, el fortalecimiento del INA como motor de empleo, planes basados en productividad, energía e infraestructura, así como estrategias para atraer inversión privada y recursos provenientes del extranjero.
En materia educativa, el debate giró en torno a la necesidad de vincular la formación con empleos dignos y movilidad social. Se propuso articular al Ministerio de Educación Pública (MEP) con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) según las necesidades regionales, fortalecer la educación dual y crear centros educativos con perfiles técnicos, científicos y deportivos, entre otros.
En el bloque de salud, las propuestas se centraron en cómo reducir el rezago del sistema y fortalecer la atención. Se planteó la articulación entre la medicina pública y privada, el respeto a la autonomía de la CCSS y el fortalecimiento de la atención primaria mediante los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis).
Además, se realizó un bloque de preguntas entre candidatos, en donde las consultas abordaron la atención a la población adulta mayor, las listas de espera en la CCSS, la ampliación de la red de cuido, el impuesto al valor agregado y la migración.
El encuentro concluyó a las 8:42 p. m., sin completar las dos horas previstas para el intercambio de ideas. Este fue el primero de cuatro debates organizados por el TSE de cara a las elecciones de 2026. El segundo se realizará este sábado 10 de enero, con la participación de otros cinco aspirantes presidenciales.
La actividad se llevó a cabo en el auditorio Francisco Sáenz Meza del TSE y fue transmitida por Canal 13, así como a través de Facebook Live y el canal de YouTube de la institución.
Para este sábado están convocados Marco Rodríguez Badilla, del Partido Esperanza y Libertad; David Hernández Brenes, del Partido de las Personas Trabajadoras (PT); Ana Virginia Calzada Miranda, del Centro Democrático y Social; Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); y Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República.