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La disputa por la presidencia del Poder Judicial se concentra, hasta ahora, en la Sala de Casación Penal, conocida como Sala III. Dos de sus integrantes oficializaron sus candidaturas para dirigir la Corte Suprema de Justicia: Patricia Solano, actual presidenta del alto tribunal, y Patricia Vargas.
El plazo para presentar candidaturas vence este lunes 12 de octubre, mientras que la votación está prevista para iniciar el próximo 26 de octubre.
Otros tres magistrados habían señalado su interés de aspirar al cargo, aunque no han presentado oficialmente sus candidaturas ante la Secretaría General de la Corte: Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala III; Luis Fernando Salazar, de la Sala Constitucional; y Damaris Vargas, actual presidenta en ejercicio y magistrada de la Sala I.
Mejorar la gestión de Corte
Solano indicó que pondría énfasis en mejorar la gestión de la institución, tanto en la administración de justicia como en el ámbito administrativo. La magistrada considera que su experiencia le permite impulsar cambios para agilizar los procesos y mejorar los resultados.
“Tengo no solo la experiencia, sino las habilidades, para poder avanzar en temas sobre todo de gestión”, manifestó.
Entre sus propuestas está reducir la cantidad de asuntos que llegan a discusión de Corte Plena, el máximo órgano del Poder Judicial, mediante un mayor aprovechamiento de las facultades que tiene la presidencia para resolver determinados temas sin necesidad de someterlos a conocimiento de los magistrados.
“Creo que hay un montón de asuntos que llegan a Corte que no deberían, porque el presidente tiene las facultades para poder decidir y no llevarlas a Corte Plena a que se discutan temas que perfectamente las puede resolver presidencia”, explicó Solano.
A su criterio, trasladar esas decisiones a las instancias correspondientes permitiría aprovechar mejor el tiempo de las sesiones de Corte Plena.
“El tiempo de Corte es muy valioso y a veces se hacen unas sesiones larguísimas, o a veces algún documento que no tuvo que haber llegado, otras instancias pudieron haber resuelto, optimizaría nuestros tiempos”, añadió.
La defensa de la institucionalidad
Por su parte, Vargas justificó su decisión de aspirar a la presidencia de la Corte en la necesidad de defender la institucionalidad y la vida democrática del país, en un contexto que considera particularmente delicado por los ataques al Poder Judicial y los recortes presupuestarios que viene enfrentando la institución.
“Hay muchos temas que hacen pensar que esta es una coyuntura particularmente delicada, no solo para la institución, sino para el país”, concluyó.
La magistrada describió la decisión de presentar su candidatura como parte de un reto histórico para quienes integran la Corte Suprema de Justicia. “La prioridad tiene que ser la institución y la vida democrática del país”, afirmó.
Vargas señaló que las críticas al Poder Judicial deben recibirse como una oportunidad para identificar aspectos por mejorar, aunque hizo un llamado a que se formulen con respeto.
“La crítica no es mala, permite construir. El Poder Judicial es consciente de las oportunidades de mejora que tiene, tomamos con respeto las críticas que formula la ciudadanía, pero estas deben darse desde el respeto de cada quien y de las personas, no pueden degradar”, expresó.
La magistrada mencionó entre los desafíos de la institución la mora judicial, la necesidad de acercar la justicia a la ciudadanía, mejorar la comunicación y defender el presupuesto del Poder Judicial.
