La elección de la próxima presidencia de la Corte Suprema de Justicia estará marcada por un cambio que puede modificar la dinámica entre los 22 magistrados que integran el pleno: por primera vez el voto para elegir a la cabeza del Poder Judicial será público y permitirá conocer quién respalda a cada candidatura.
El cambio no significa necesariamente que los magistrados vayan a modificar su preferencia, pero sí hará visibles las posiciones individuales y, con ellas, los movimientos de apoyo que tradicionalmente ocurrían de manera reservada.
Para el exmagistrado de la Sala III José Manuel Arroyo, la publicidad del voto puede reducir el margen para acuerdos que no se sostengan al momento de la votación. A su criterio, conocer cómo se mueve cada magistrado limita el margen para comprometer un respaldo y luego cambiar de posición sin que quede registro de ello.
“Se limita el juego perverso de decir que te apoyo y, a la hora de votar, no es cierto”, afirmó Arroyo.
El politólogo Sergio Araya considera que el cambio responde a una tendencia más amplia hacia la publicidad de las votaciones en procesos de elección. A su criterio, hacer público el voto busca aumentar la transparencia y dar mayor certeza sobre decisiones que involucran intereses y negociaciones entre quienes participan.
La elección de la presidencia requiere reunir 12 votos. Si ninguna candidatura alcanza esa cantidad, la votación puede continuar y los apoyos pueden trasladarse entre los distintos nombres. Ese desplazamiento es precisamente uno de los aspectos que el nuevo mecanismo permitirá observar.
“Antes, probablemente, como el voto no era público, entonces uno no podía ver esas tendencias del cambio en el voto, de cómo se iban moviendo los apoyos”, señaló Arroyo.
Araya considera, además, que la publicidad puede obligar a las candidaturas a llegar a la sesión de votación con un respaldo más consolidado.
“Lo más lógico y lo más razonable sería eso, que genere toda una acción de lobby con la suficiente antelación para garantizar que el día de la votación, digamos, tener los apoyos que está buscando”, explicó.
A su criterio, esto también podría hacer más ágil el proceso si una candidatura llega a la votación con menos posibilidades reales de las que se le atribuían previamente.
De una ‘caja negra’ a una Corte más expuesta
Según Araya, durante años la institución estuvo alejada del escrutinio público debido, en parte, a la naturaleza técnica y sensible de la administración de justicia. Sin embargo, la Corte ha ido avanzando hacia una mayor exposición pública.
Por ejemplo, las sesiones de Corte Plena pueden seguirse públicamente, y las entrevistas para integrar candidaturas a magistraturas suplentes son grabadas y de consulta pública.
Para Araya, el voto público puede permitir observar las afinidades y agrupaciones que existen dentro de la Corte. “Esos 22 magistrados pueden perfectamente tener orientaciones, así como la Corte Suprema de los Estados Unidos; uno sabe que hay unos magistrados más liberales, otros más conservadores”, expresó.
No obstante, esas coincidencias no necesariamente responden únicamente a posiciones doctrinarias o ideológicas. También puede influir la visión que cada magistrado tenga sobre el papel de quien presidirá la Corte, así como los vínculos y la valoración de las capacidades de cada candidatura.
La presidencia de la Corte es una figura principalmente de conducción y representación, aunque también tiene responsabilidades administrativas. Además, se trata de la principal cara visible del Poder Judicial y forma parte de la línea de sucesión presidencial.
Por ello, Araya considera que también resulta relevante conocer qué prioridades, énfasis y enfoques tiene cada candidatura. En asuntos como la política criminal, por ejemplo, señala que podrían existir diferencias entre visiones más garantistas y otras más punitivistas.
Las razones detrás de un voto pueden ser múltiples, incluso los mismos vínculos pueden pesar en la decisión. Así, la publicidad del voto no permitirá por sí sola determinar por qué cada magistrado escogió una candidatura, pero sí hará posible observar los patrones de apoyo y, a partir de ellos, identificar posibles coincidencias entre quienes integran el pleno.
El voto público no necesariamente cambia la decisión
Por su parte, Carlos Arguedas, exmagistrado de la Sala Constitucional y exdiputado, plantea una cautela frente a la idea de que la publicidad del voto vaya a modificar sustancialmente las preferencias de los magistrados.
Según su experiencia, la mayoría de quienes participan en una elección de este tipo votarán de acuerdo con su propio criterio, independientemente de que el voto sea público o privado.
“Yo tengo la idea, tal vez es ingenua, de que el número de personas que pueden decidir sobre la dirección de su voto a partir del hecho de que el voto sea privado o si público, si existe, es minoritario”, afirmó.
Para Arguedas, el principal cambio está en otra parte: la publicidad permite que terceros conozcan cómo votó cada integrante de la Corte.
“Los demás, al juzgar lo que hace el órgano, lo juzgan distinto, se enteran de cómo fue que votaron y quiénes votaron de una manera o de otra”, explicó.
El exmagistrado considera que sí puede existir algún caso en que la publicidad influya en la decisión de un magistrado, por razones relacionadas con compromisos, preferencias o relaciones dentro de la institución. Pero no cree que ese sea el comportamiento predominante.
No necesariamente habrá bloques por sala
La exposición de los votos también permitirá observar si existen patrones de votación entre integrantes de una misma sala. Sin embargo, Arguedas advierte de que eso no significa que las salas necesariamente actúen como bloques.
Durante los 12 años que estuvo en la Corte, explicó, era más sencillo alcanzar entendimientos dentro de una sala que en el pleno, integrado por 22 personas. La convivencia cotidiana podía generar mayor afinidad entre los integrantes de una misma sala, pero eso no implicaba acuerdos para votar de una determinada manera en la elección de la presidencia.
“No había actitudes de sala, por lo menos no en la Constitucional, hasta donde me consta a mí. No había actitudes, algo así como acuerdo de sala para seguir una sola dirección”, recordó.
Según Arguedas, podían existir posiciones distintas incluso entre magistrados de una misma sala, y las decisiones se tomaban a partir de consideraciones sobre lo que cada uno entendía que convenía a la Corte.
Arroyo coincide en que el respaldo dentro de una sala puede ser un factor importante durante la elección, pero advierte de que no necesariamente se obtiene ni se traduce en un voto conjunto.
“Claro que el apoyo en la sala es un factor muy importante”, señaló.
Como ejemplo, recordó su propia candidatura a la presidencia de la Corte. “Cuando yo fui candidato a la presidencia de la Corte, tuve siete u ocho magistrados que en algún momento votaron por mí, pero estaba completamente solo en la Sala”, relató.
A su juicio, una candidatura puede encontrar mayor respaldo entre magistrados de otras salas que entre quienes comparten con ella ese espacio de trabajo. “A uno lo pueden ver con mejores ojos con la distancia de las otras salas”, añadió.
Proceso iniciará en las próximas semanas
El proceso de votación iniciará el próximo 26 de octubre. En la primera sesión podrán realizarse hasta cinco rondas, si fuera necesario.
Primero se efectuarán tres votaciones y, si ninguna permite alcanzar los 12 votos requeridos, se decretará un receso de al menos 20 minutos. Después de ese intervalo se realizarán las dos votaciones restantes.
La sesión puede concluir, por tanto, con cinco votaciones sin que ninguno de los candidatos reúna los apoyos necesarios para asumir la presidencia.
Si la elección no se concreta en esos primeros cinco intentos, la Corte Plena deberá convocar una segunda ronda una semana después. Durante ese periodo, e incluso el mismo día de la nueva sesión, podrán presentarse nuevas candidaturas.
Si tampoco se alcanza la mayoría requerida, deberá convocarse una tercera ronda dentro de la semana siguiente, bajo las mismas reglas de debate y votación. El procedimiento continuará de esa manera hasta que alguno de los candidatos reúna los 12 votos necesarios.
La normativa no establece un número máximo de convocatorias. Por ello, si los magistrados no logran alcanzar los apoyos requeridos, la elección puede prolongarse durante varias semanas.