Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó este martes el procedimiento que siguió la Policía Judicial para asegurar el contenido del teléfono celular de Celso Gamboa, luego de su detención el 23 de junio con fines de extradición a Estados Unidos.
El jerarca indicó, ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que una vez que el exmagistrado fue detenido en vía pública, en Escazú, se le decomisó el celular para evitar que pudiera borrar información.
Posteriormente, el aparato fue entregado en San José a la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia federal antinarcóticos de los Estados Unidos, que solicitó el arresto y deportación de Gamboa, para que en suelo norteamericano sea enjuiciado por presunto tráfico internacional de drogas.
Ante consultas de La Nación, Zúñiga detalló que el teléfono se mentuvo encendido y en modo avión, para evitar que los datos fueran borrados de manera remota.

“Si se deja encendido puede ser anulado desde afuera; cualquier persona que tenga la clave celular puede meterse a la página de Apple o Android, no sé cuál será este celular, y solicitar que se borren todos los datos.
“Por eso es que nosotros generalmente lo damos encendido y en modo avión, para que nadie pueda acceder remotamente el celular y borrar los datos“, explicó.
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La diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA), llamó la atención sobre las consultas planteadas por las legisladoras de gobierno, respecto al celular de Gamboa.
“Muy curioso ver que el oficialismo está preocupado por el teléfono de don Celso”, mencionó la frenteamplista.
Según detalló Zúñiga, ante preguntas reiteradas de las oficialistas Pilar Cisneros y Ada Acuña, una vez decomisado el teléfono, este “se lacra, se sella y se entrega a la DEA”.
El jefe policial negó cualquier tipo de manipulación del dispositivo, en la hora y veinte minutos que estuvo en poder del OIJ, mientras se hacía la movilización desde Escazú, hasta San José.

