EscucharLos diputados tomaron este jueves una decisión sobre el proyecto de ley 22.817, iniciativa para la pensión anticipada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), vetada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, a inicios de mayo.
La iniciativa estuvo fuera de discusión de la Asamblea Legislativa durante los tres meses de las sesiones extraordinarias en que el Poder Ejecutivo tuvo control sobre la agenda parlamentaria, lo mismo que sucedió con el otro veto, sobre allanamientos judiciales las 24 horas.
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En la sesión del plenario de este jueves, el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, anunció que dicho veto estaba en el orden del día y los congresistas aprobaron una moción para dispensar de lectura el razonamiento de Chaves para vetar esa iniciativa.
La iniciativa establece que los agentes del OIJ se puedan acoger a una jubilación igual al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, siempre que hayan cumplido 55 años, tanto hombres como mujeres y hayan laborado por 30 años.
Una vez anunciado oficialmente al plenario y dispensado su texto de lectura, Rodrigo Arias lo remitió a la Comisión de Jurídicos, donde fue dictaminado originalmente. Ese será el órgano legislativo encargado de conocer los razonamientos de Chaves, para hacerle una recomendación al plenario: acoger el veto y modificar la iniciativa o rechazarlo, y resellar la ley, es decir, volver a aprobar el proyecto, ignorando los argumentos del presidente.
Esa comisión tendrá un plazo de ocho días hábiles para el análisis del veto emitido por el mandatario y hacer la respectiva recomendación al plenario.
Si la decisión es sugerir el resello, para hacer eso se requieren los votos afirmativos de al menos 38 congresistas, pues se trata de una decisión calificada.
En mayo, Chaves alegó que vetaba el proyecto sobre jubilación anticipada de los agentes judiciales por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad. Al veto le adjuntó dos estudios actuariales sobre el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
El argumento del presidente es que se realizó un análisis detallado de la propuesta y se determinó que la norma tiene graves vicios de constitucionalidad, que supuestamente transgreden principios fundamentales del ordenamiento jurídico costarricense.
Entre las razones descritas por Rodrigo Chaves, están una supuesta violación al principio de igualdad ante la ley, que se lesionan los principios de razonabilidad técnica e interdicción de la arbitrariedad y una presunta violación al principio de sostenibilidad financiera.
El mandatario adujo que hay una discriminación legal al establecer requisitos de jubilación y cálculo de beneficios más favorables para un grupo específico de funcionarios del Poder Judicial respecto a otros servidores de la institución.
Chaves también argumentó que era impensable firmar y publicar la ley en el actual contexto económico y fiscal de Costa Rica.
La Presidencia de la República también alegó una carencia de estudios actuariales para justificar la jubilación anticipada de los empleados de la policía judicial.
Dicho veto cuestionó la falta de ingresos alternativos que compensen el incremento del gasto que la jubilación anticipada implicaría para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones.
Zapote también argumentó que hay una violación al principio de la sostenibilidad financiera, porque dijo que es fundamental asegurar recursos suficientes para el pago de pensiones presentes y futuras.
