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Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa se negaron a dar su apoyo, este martes, al proyecto de ley que plantea eliminar la pensión de ¢4 millones que reciben los expresidentes a partir del mes siguiente a su salida del máximo cargo del Poder Ejecutivo.
El expediente 24.793, presentado por el Frente Amplio (FA), ya tenía su plazo vencido y no fue convocado por el gobierno de Laura Fernández, en sus primeros tres meses de gobierno, por lo que fue sometido a discusión y votación por el fondo este martes.
En contra de la iniciativa votaron los diputados Esmeralda Britton, Roberth Johsan Barrantes, Royner Mora y Anna Katharina Müller, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), así como Iztarú Alfaro, del Partido Liberación Nacional (PLN).
A favor del fondo de la propuesta votaron el frenteamplista Edgardo Araya, así como los liberacionistas Víctor Hidalgo y Karol Matamoros.
Actualmente, los expresidentes reciben, apenas salen del Poder Ejecutivo, una pensión automática que es igual a la remuneración total de un diputado de la República, es decir ¢4 millones, actualmente.
El proyecto del FA plantea eliminar la pensión tal como está planteada hoy en la ley 7302, es un pago millonario que no tiene ningún fondo, sino que se paga con el Presupuesto Nacional.
“La persona que la recibe no tuvo que cotizar ni fregarse la vida trabajando. Debemos volver a la lógica de que se requiere un mínimo para que una persona pierda su patrimonio o no tenga trabajo, pero solo en un caso de contingencia, no que sea una pensión automática”, explicó Edgardo Araya.
El frenteamplista explicó que este pago a los expresidentes nació porque, en algún momento, algún exmandatario llegó al límite de estar casi en la indigencia.
Para esas eventualidades, el proyecto establece que se le entregue una ayuda a un expresidente igual a tres salarios base, que hoy serían ¢1.386.000, en caso de que pueda demostrar que tiene ingresos menores a esa cifra.
Los actuales expresidentes podrían mantener una pensión si demuestran, a partir de la entrada en vigencia de la reforma, que tienen ingresos menores a ese monto. El derecho no se podría tener en el caso de que los expresidentes tengan alguna pensión de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del Magisterio Nacional o del Poder Judicial.
La liberacionista Iztarú Alfaro dijo que es importante poner el tema sobre la mesa, porque hay una deuda histórica en la regulación de las pensiones de lujo en el país. “Apoyamos que se tenga esta conversación”, indicó y explicó que ella tiene otro proyecto de ley, cuya propuesta es poner un tope a la pensión de los exmandatarios.
Alfaro explicó que ella votó en contra de la iniciativa para que no se archive, pues había ocho diputados en la sesión: cuatro oficialistas, tres liberacionistas y uno frenteamplista, por lo que si ella hubiera votado a favor, la iniciativa habría quedado empate y se habría archivado de inmediato.
Araya aseguró que se trata de una pensión de lujo y enfatizo que “el chavismo no ha querido plantear su eliminación”.
Esa pensión la reciben actualmente Rafael Ángel Calderón Fournier, desde junio de 1994; José María Figueres Olsen, desde junio de 1998; Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, desde junio de 2002; Abel Pacheco de la Espriella, desde junio de 2006; Óscar Arias Sánchez, desde mayo de 2010; Laura Chinchilla Miranda, desde junio de 2014, y Luis Guillermo Solís, desde junio de 2018.
En el caso de Carlos Alvarado, rechazó recibirla, aunque podría cobrarla en cualquier momento que lo decida, mientras que Rodrigo Chaves no la puede recibir, según lo establecido por la ley, mientras siga ejerciendo un cargo público.
La presidenta de Sociales, la diputada Esmeralda Britton, cuestionó que el proyecto del FA elimine las pensiones que ya reciben los expresidentes y dijo que el ahorro por la eliminación de esas pensiones sería muy pequeño.
“El gasto anual es de ¢426 millones, una cifra insignificante", dijo. También dijo que es un refrito legislativo que ha fallado durante décadas, pues dijo que han fallado 12 intentos de eliminar esa pensión desde los años 70.
“Partidos como el PLN, el PUSC y el PAC enviaron el proyecto al archivo por su inviabilidad técnica”, dijo Britton, quien defiende hacer lo mismo desde el PPSO.
