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Un proyecto de ley busca establecer el procedimiento para retirar la credencial a diputados que incurran en faltas graves al deber de probidad y llenar un vacío legal que la Asamblea Legislativa mantiene sin resolver desde hace 16 años.
La normativa es necesaria para hacer operativo el mandato aprobado mediante una reforma a la Constitución Política en 2018, tras una orden emitida por la Sala Constitucional en 2010, que permite sancionar e incluso retirar la credencial a diputados que incumplan el deber de probidad.
Sin embargo, ocho años después de la reforma, el Congreso aún no ha aprobado la legislación necesaria para aplicar esa disposición.
Ahora, el expediente 25.381, denominado “Reforma legislativa y responsabilidad política: hacia un procedimiento eficaz de remoción de diputados en Costa Rica”, pretende cerrar ese vacío normativo.
Se trata de una iniciativa impulsada en enero de este año por la exdiputada Kattia Cambronero y retomada ahora por el legislador del Frente Amplio, Antonio Trejos, mediante una puesta de despacho.
Este trámite permite que la iniciativa continúe en la corriente legislativa durante el actual periodo constitucional, luego de haber sido presentada en la legislatura anterior.
Trejos afirmó que retomó la iniciativa porque fue un compromiso adquirido durante la campaña electoral y porque la falta de una ley ha impedido que la reforma constitucional aprobada en 2018 pueda aplicarse en la práctica.
De acuerdo con Trejos, el proyecto ya fue publicado y actualmente se encuentra asignado a la Comisión de Asuntos Jurídicos. El legislador indicó que el órgano realizó algunas consultas, aunque la iniciativa no ha registrado mayores avances desde entonces.
Además, señaló que, debido al estado inicial de la propuesta y a que no fue uno de sus redactores originales, considera que existe margen para introducir mejoras al texto mediante mociones durante su trámite legislativo.
¿Qué plantea el proyecto?
El artículo 112 de la Constitución Política establece que los diputados deben cumplir con el deber de probidad y que la violación de esa obligación puede provocar la pérdida de su credencial.
La iniciativa establece un procedimiento administrativo para investigar presuntas faltas a la ética pública y toma como referencia la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que contempla conductas como:
- Conflictos de interés.
- Aceptación de dádivas o beneficios indebidos.
- Uso indebido de recursos públicos.
- Tráfico de influencias.
- Obtención de ventajas personales mediante el cargo.
- Actuaciones orientadas a favorecer intereses privados por encima del interés público.
Sanciones contras los diputados
El texto propone que las investigaciones sean realizadas por una comisión especial creada por el plenario legislativo. En los casos donde se determine que la falta podría ameritar la pérdida de la credencial, el expediente sería remitido al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que tendría la decisión final sobre la cancelación de las credenciales.
Además de la pérdida definitiva del cargo, el proyecto contempla otras sanciones graduales como:
- Amonestación pública.
- Censura y pérdida de derechos honoríficos (pérdida de presidencias de comisión o de atribuciones internas por un plazo determinado).
- Suspensión temporal de funciones por un máximo de seis meses, con límites tasados.
- Inhabilitación temporal para ejercer cargos de elección popular, con plazos de entre uno y doce años, acorde a la gravedad del hecho.
- Pérdida definitiva de la credencial, únicamente en los supuestos de aquellas faltas graves al deber de probidad que esta ley contempla.
Proyecto requeriría amplio respaldo
La reforma constitucional de 2018 estableció que la ley encargada de regular la pérdida de credenciales por violaciones al deber de probidad debe aprobarse con el respaldo de dos tercios de los diputados, es decir, 38 votos.
Por esa razón, la iniciativa requeriría un amplio consenso entre las cinco fracciones legislativas para convertirse en ley.
Fracciones coinciden en necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia
Consultados por La Nación sobre ese compromiso, los legisladores coincidieron en la necesidad de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas dentro de la Asamblea Legislativa.
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, afirmó que buscarán respaldo para la iniciativa en esta materia, aunque señaló que también están abiertos a discutir nuevas propuestas que persigan los mismos objetivos.
No obstante, los otros jefes de bancada no se refirieron específicamente al proyecto de ley impulsado por el legislador del FA, sino al objetivo general de contar con mecanismos que permitan sancionar a los congresistas que falten a los deberes éticos de la función pública.
La legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, sostuvo que existe un acuerdo para avanzar en una agenda que garantice a la ciudadanía que los legisladores “somos los primeros que demos una buena referencia a nivel de ética, de probidad, anticorrupción y otros temas”.
Por su parte, el jefe de bancada de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, consideró que la aprobación de una medida de ese tipo permitiría demostrar un mayor compromiso con la transparencia. Además, señaló que fortalecer los controles internos del Congreso resulta especialmente relevante ante el crecimiento del crimen organizado y los riesgos de infiltración en las instituciones públicas.
“Proteger la Asamblea Legislativa a través de mecanismos que le agreguen transparencia en la manera en que trabaja el Congreso nos parece que es un paso en la dirección correcta para blindar el primer poder de la República de las influencias del narcotráfico y del crimen organizado”, afirmó.
En la misma línea, la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), indicó que resulta importante que el Congreso envíe una señal clara de compromiso con la ética pública y el cumplimiento del deber de probidad.
Aunque las bancadas de oposición manifestaron el interés en avanzar en una regulación de este tipo, el jefe de fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, advirtió que cualquier propuesta que pretenda regular la permanencia de un diputado en su cargo debe analizarse con responsabilidad y garantizando el debido proceso.
Acosta señaló que se debe de evitar que este tipo de regulaciones se convierta en una herramienta de persecución política.
Indicó, además, que el compromiso de Pueblo Soberano será estudiar el proyecto con seriedad, escuchando criterios técnicos y jurídicos, para asegurar que cualquier decisión fortalezca la democracia y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
