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La Asamblea Legislativa acordó este lunes extender por cuatro años más el periodo de vida del proyecto de ley 23.166, que busca garantizar pasos de fauna en la infraestructura pública.
Con el voto unánime de 54 diputados, se aprobó una moción de extensión de plazo cuatrienal y se evitó el archivo de esa iniciativa presentada por el exdiputado del Frente Amplio, Ariel Robles.
El proyecto fue aprobado en primer debate en abril pasado; no obstante, no logró avanzar al segundo debate debido a que dos sesiones se cayeron por falta de cuórum.
La ausencia de debió a una retirada coordinada de exdiputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático y de otras fracciones afines, en el contexto de un intento por evitar una eventual sanción contra el exlegislador Fabricio Alvarado, investigado por un señalamiento de presunto acoso sexual presentado por Marulin Azofeifa.
Entre el 2011 y el 2020, hubo 526 accidentes de fauna que dejaron como saldo 601 animales electrocutados, según la organización SalveMonos Costa Rica.
Tan solo un año después, hubo 201 accidentes con monos congos o aulladores (Allouta palliata) y en el 2022 se registraron 206 más; el 80% de ellos provocados por electrocuciones, ataques de perros, caídas y atropellos
¿Qué busca la iniciativa de pasos de fauna?
La iniciativa adiciona un artículo a la Ley Orgánica del Ambiente para exigir que toda infraestructura pública, ya sea una obra nueva nacional, cantonal o una vía existente garantice un paso seguro para los animales silvestres.
La medida aplica de forma prioritaria en aquellos puntos críticos donde los estudios técnicos demuestren que las carreteras fragmentan hábitats naturales y ponen en peligro el libre desplazamiento de especies terrestres y acuáticas.
La nueva normativa vincula de manera integral la formulación de los proyectos desde sus etapas iniciales de preinversión, obligando a que los costos de implementación y mantenimiento de estas estructuras se contemplen en los presupuestos.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y las municipalidades deberán coordinar directamente con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Además, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) será la encargada de verificar que estos compromisos ambientales estén incluidos como un requisito indispensable para otorgar la viabilidad ambiental de las obras.
Para asegurar su cumplimiento, los desarrolladores de infraestructura deberán basarse en estudios científico-técnicos que identifiquen los “puntos calientes” o zonas de alta mortalidad por atropellos de fauna.
La legislación establece un transitorio para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley incorporando criterios específicos de diseño y monitoreo. Posteriormente, el Sinac dispondrá de un plazo de 24 meses para iniciar con carácter de urgencia la identificación de los cruces naturales de fauna en las redes viales que ya se encuentran en operación.
