Los legisladores expresaron dudas sobre los alcances del decreto 45870 y señalaron que la protección de información confidencial no debería impedir la fiscalización sobre contrataciones, recursos públicos y actuaciones de las instituciones involucradas.
La disposición apareció este lunes en La Gaceta y también lleva la firma del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos.
Según el decreto, la medida responde al riesgo que representan estructuras criminales relacionadas con narcotráfico, sicariato y lavado de dinero.
El diputado Eder Hernández Ulloa, del Partido Liberación Nacional (PLN), sostuvo que existen antecedentes que justifican una estricta fiscalización sobre la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional.
Hernández recordó señalamientos realizados por Manuel Morales, exdiputado oficialista del periodo anterior, quien acusó al entonces director de la DIS de perseguirlo a él y a otros legisladores.
“Existen antecedentes muy preocupantes de que la DIS pudo dejar de ser solo un ente de investigación y se tornara un ente de persecución política contra diputados, magistrados e incluso el fiscal general.
“Esto lo dijo Manuel Morales al encarar al director de la DIS por perseguirlo a él y a otros compañeros diputados”, señaló Hernández.
El legislador afirmó que la DIS debe permanecer sometida a controles y mecanismos de rendición de cuentas, como ocurre con los demás organismos públicos.
CAC plantea cuestionamiento
Claudia Dobles, de la fracción Coalición Agenda Ciudadana (CAC), reconoció que el secreto de Estado puede utilizarse para proteger información cuya divulgación comprometa una estrategia de seguridad nacional.
Sin embargo, cuestionó que esa protección pueda alcanzar contrataciones y manejo de fondos públicos, pues considera que esos datos no necesariamente forman parte de información estratégica de seguridad.
“Nos parece que esto más bien podría ser una cobija para tapar corrupción, para tapar discrecionalidad en el uso de fondos públicos”, mencionó la diputada.
Dobles advirtió de que una aplicación demasiado amplia del decreto podría reducir la transparencia sobre el destino de recursos públicos y dificultar la identificación de eventuales irregularidades.
Por otro lado, la diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA), también señaló que existen datos relacionados con contratos, adjudicaciones y gasto público que, a su criterio, no deberían quedar protegidos por el secreto de Estado.
Segura reconoció que Costa Rica atraviesa una crisis de seguridad, pero cuestionó que esa situación sirva para extender la confidencialidad a información distinta de aquella que pueda comprometer directamente las operaciones contra el crimen.
“Se aprovecha de la crisis de inseguridad para ampliar el secreto a otras informaciones que no deberían y no son secreto de Estado, como los contratos, las adjudicaciones, en qué se gasta la plata del pueblo de Costa Rica.
“Ustedes tienen derecho a saber en qué se gasta su plata, a la rendición de cuentas y eso el gobierno quiere ahora taparlo con este decreto”, expresó Segura.
Frente Amplio evalúa posibles acciones
La legisladora anunció que su fracción pretende investigar los alcances de la medida para determinar qué información quedará fuera del acceso público y valorar posibles acciones.
La legisladora Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), señaló que el decreto genera dudas sobre el grado de confidencialidad que tendrá la información relacionada con seguridad.
Gordienko comparó la decisión con operaciones realizadas por el Poder Judicial, institución que, según indicó, ejecutó operativos de gran escala sin requerir un nivel similar de reserva.
La legisladora explicó que el secreto de Estado existe en otros países, pero indicó que debería utilizarse de forma excepcional, justificada y con límites temporales.
Gordienko también planteó la necesidad de establecer algún mecanismo legislativo de control y fiscalización, debido a la cantidad de recursos involucrados y al posible impacto de las decisiones de seguridad sobre derechos de la ciudadanía.
