El funcionario defendió la medida para lograr la contención del gasto y mejorar la eficiencia institucional.
Demandas por despidos
La diputada Katherine Moreira, del Partido Liberación Nacional (PLN), pidió al subgerente que justificara que “una jefatura le haya enviado, para despido, una mujer en licencia de maternidad y personas a cinco días de jubilarse, y con acción sindical”.
“¿Ustedes no verificaron cada uno de esos expedientes previo a hacer los despidos?“, le cuestionó.
A lo que el jefe comercial respondió que “esa información se validó. Cuando nosotros nos dimos cuenta que no estaba tan actualizada, nosotros procedimos, según la jurisprudencia, e hicimos de inmediato, apenas nos dimos cuenta, la reincorporación de estas personas”.
Moreira también le preguntó si estaba al tanto de que algunas de las personas despedidas llevaron sus casos a los juzgados, a lo que León respondió: “Sí señora”.
Contención de gasto vs millonario patrocinio
León defendió la decisión bajo el argumento de contención del gasto y eficiencia institucional.
No obstante, se le cuestionó que el INS pretendiera reducir gasto mediante los despidos, pero decidiera pagar ¢884.152.171,50 para cambiar el nombre del Estadio Nacional a INS Estadio, durante los próximos tres años. Esto representaría un gasto equivalente a unos $1,75 millones ($585.000 por año).
“Para cualquier empresa la marca es supremamente importante. Debe haber una valoración para determinar cuál es el beneficio que eso debería obtener”, afirmó León.
Asimismo, evadió cualquier responsabilidad por ese patrocinio, ya que manifestó que esa valoración no recayó sobre él en el momento en el que se hizo, ni en la actualidad, y que “pertenece al área de relaciones corporativas de la institución”.
Criterios definidos por jefaturas y avalados por gerencia
León argumentó que a inicios del año anterior la gerencia general instruyó a las subgerencias —incluida la comercial— a trasladar a las jefaturas de área la tarea de evaluar al personal.
Según indicó, entre los criterios solicitados estaban el desempeño de las áreas, el grado de incorporación de la transformación digital en los procesos, la generación de ahorros derivados de esos cambios y la productividad.
Con base en esos parámetros, León señaló que las jefaturas confeccionaron listas de funcionarios, las cuales fueron elevadas a un comité consultivo integrado por la gerencia general, el secretario del sindicato y subgerentes —estos últimos sin derecho a voto—.
El subgerente afirmó que durante el proceso se realizó una valoración de “justicia social” para evitar decisiones arbitrarias o que atentaran contra las personas.
Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio (FA), preguntó quién en específico del equipo gerencial fue quien propuso los despidos como parte de la estrategia institucional, a lo que León indicó: “Bueno, esto nace de la gerencia general”.
Si bien la frenteamplista le indicó que personas vinculadas con el tema le habrían indicado que León era el “promotor” de los despidos, él lo negó.
Reajuste interno
León sostuvo que las desvinculaciones no formaron parte de una reestructuración formal, sino de un “reajuste interno”, por lo que —según indicó— no era obligatorio someter el proceso a revisión y autorización del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
Añadió que las decisiones responden a los objetivos del Plan Estratégico Institucional y que la contención del gasto institucional no depende únicamente de los despidos.
No obstante, los diputados mantuvieron sus cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso de eficiencia y el impacto social de las medidas.
Ante una pregunta de la diputada Luz Mary Alpízar, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el subgerente fue contundente al manifestar que “hoy le puedo afirmar que no tenemos definidos más despidos masivos”.
