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Usar chaleco antibalas para ir a trabajar, dejar de salir solo, cambiar constantemente de ruta, revisar si alguien los sigue o pedirles a sus hijos que no digan quiénes son sus padres. Estas fueron algunas de las medidas que exdiputados del periodo 2022-2026 aseguran haber incorporado a sus vidas después de recibir amenazas.
Nueve exlegisladores relataron a La Nación que ingresaron durante su gestión al programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público tras recibir amenazas de muerte, las cuales vinculan con sus posiciones contra el gobierno del entonces presidente Rodrigo Chaves.
Varios relacionaron directamente las amenazas con su papel como oposición, las investigaciones que impulsaron desde el Congreso o sus críticas al Gobierno. Algunos aseguraron que los mensajes hacían referencia explícita a Chaves o les exigían dejar de cuestionar al Ejecutivo; otros señalaron que las intimidaciones aumentaban después de las conferencias de los miércoles de Casa Presidencial.
A continuación, sus relatos:
Kattia Cambronero: ‘Me dijo que dejara de molestar al Gobierno’
Kattia Cambronero, entonces diputada independiente, comenzó a recibir acompañamiento del OIJ después de que, a inicios de 2025, un motociclista la persiguiera mientras realizaba ejercicio cerca de su casa.
Según Cambronero, el hombre se mantuvo detrás de ella, cruzó cuando ella lo hizo y finalmente se acercó: “Me dijo que dejara de molestar al gobierno o me iban a sonar”.
El episodio alteró una rutina que mantenía desde hacía unos 20 años. El OIJ le recomendó no salir sola, cambiar sus recorridos y prestar mayor atención a las personas y lugares que la rodeaban.
Pero no terminó ahí. A finales del 2025 recibió en su despacho una amenaza de muerte por correo electrónico. El OIJ rastreó la dirección IP y, según Cambronero, logró identificar al responsable, quien enfrenta un proceso penal. Durante dos o tres semanas recibió protección directa.
“Ellos me llevaban al trabajo, no podía ir a ningún lado (...) andaba con chaleco antibalas cuando me subía o me bajaba del carro”, recordó. “No es nada bonito andar con chaleco antibalas, es la cosa más espantosa”.
El temor también alcanzó a su familia. “Mis hijos entonces ya preocupados, uno preocupado: ¿dónde están mis hijos?, que no salgan a ciertos lugares, que tengan cuidado con quién hablan, que se fijen también si nos están siguiendo”, relató.
Dinorah Barquero: atacaron a su mascota
Dinorah Barquero, exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), relata episodios distintos, pero igualmente violentos. Sitúa el comienzo aproximadamente en diciembre del 2022, cuando presidía la Comisión de Ingreso y Gasto Público y la comisión investigadora sobre partidos políticos.
Las situaciones, aseguró, aparecían y desaparecían dependiendo de los asuntos que investigaba. Uno de los hechos se produjo dentro de su casa, luego de que una persona ingresara por la fuerza.
“No se llevaron absolutamente nada, solo le metieron un machetazo al perro”, relató. Según Barquero, el OIJ tuvo conocimiento del episodio.
Después ocurrió otra situación. Según relató, alguien lanzó un gato muerto por encima de las verjas de su vivienda.
Barquero asegura que en ese momento ni siquiera hizo públicos algunos de los episodios porque le costaba asimilar que algo así estuviera ocurriendo en Costa Rica.
“Son cosas que uno en su momento no las dije (...) uno se negaba a pensar que estas cosas fueran posibles en este país. Nosotros no estamos, no somos esto”, afirmó. “Fue una época muy difícil, mucho seguimiento”.
Durante parte de ese periodo recibió medidas del OIJ. En su caso, explicó, consistieron principalmente en mantener comunicación sobre cómo transcurría su día a día.
Sofía Guillén: “Mamita cuídese, la vamos a ejecutar”
Sofía Guillén, exdiputada del Frente Amplio (FA), ubica una de las oleadas de amenazas contra su vida a finales del 2024, particularmente durante el periodo en que denunció lo que denominó el desmantelamiento del Servicio Nacional de Guardacostas.
A inicios del 2025, indicó, las amenazas volvieron. Uno de los mensajes que recibió mediante correo electrónico indicaba: “Mamita cuídese, la vamos a ejecutar”.
La exdiputada ingresó al programa de protección y asegura que todavía permanece dentro de él. “Siempre les agradeceré el profesionalismo y la seriedad con la que asumieron esa protección”, manifestó.
Guillén considera necesario visibilizar estos casos para que la sociedad dimensione el nivel de violencia que están alcanzando las amenazas y tome acciones para evitar que continúen.
“Esto no es normal, vivir así no es normal. Que nadie nos convenza de que está bien amenazar o lastimar a otro costarricense solo por pensar diferente”, señaló.
Priscila Vindas: amenazas de violencia y muerte
Priscila Vindas, también exdiputada del Frente Amplio, ingresó al programa a finales de octubre del 2024. “Lastimosamente sí recibí amenazas de violencia y muerte”, relató.
Permaneció bajo medidas de cuidado y revisiones periódicas de su situación hasta antes de concluir su periodo legislativo.
“La persona que realizó las amenazas fue debidamente identificado, ha cumplido las medidas cautelares y yo no volví a recibir amenazas de ese talante. Actualmente el caso se encuentra judicializado”, explicó.
Vindas recordó que el tema se comentaba dentro de las fracciones legislativas, aunque no necesariamente entre partidos. Según relató, cuando funcionarios acudían a su despacho por su situación, también los veía dirigirse hacia otras oficinas.
Para la exdiputada, hacer visibles estos episodios es precisamente una forma de evitar que se vuelvan cotidianos: “No podemos seguir normalizando estas cosas, hay que exponerlas”.
Geison Valverde: amenaza de decapitación
Geison Valverde, exdiputado del PLN, permaneció bajo protección desde junio del 2024 hasta febrero del 2026, según precisó a La Nación.
“Más de dos años con el programa de protección de víctimas por amenazas de muerte, por ejemplo que me iban a cortar la cabeza y empalarla en el parque de la Democracia”, relató.
Actualmente ya no cuenta con protección, luego de que el programa determinara, según explicó, que las medidas dejaron de ser necesarias.
Valverde asegura que todavía recibe expresiones de odio, aunque ya no del mismo nivel: “Ahora son más de buscar como amenazar para extorsionar y tratar de sacar dinero”.
Francisco Nicolás: cambiar carros, rutas y vigilar las entradas
Francisco Nicolás, también exdiputado del PLN, asegura que algunas de las amenazas que recibió derivaron en procesos judiciales. Ante los episodios más graves, explicó, fue la Fiscalía la que recomendó las medidas de protección.
Nicolás afirma que recurre a ellas dependiendo de las circunstancias. Cuando asiste a juicios o actividades públicas puede recibir acompañamiento, mientras que en otros momentos comunica al programa sobre sus rutinas.
“Nos recomiendan cambiar de vehículos con frecuencia, cambiar de rutas con frecuencia, sentarnos siempre viendo a la salida y a la entrada de cualquier negocio público que estemos, restaurantes o cafés (...) y estar atentos a cualquier señalamiento o gesticulación que haga otra persona con respecto a uno”, relató.
Aunque ya terminó su periodo como diputado, asegura que todavía recibe amenazas ocasionalmente.
Nicolás insiste en que las consecuencias trascienden al político: “El efecto no solamente contra la persona amenazada o amenazada de muerte, es contra toda la familia, porque toda la familia se solidariza y se preocupa”.
Johana Obando: un mes sin salir de su casa
Johana Obando, entonces diputada independiente, describe meses de amenazas de muerte y agresiones recibidas principalmente mediante redes sociales. La excongresista asegura que su despacho identificaba aumentos en los mensajes y ataques que recibía después de que el expresidente Rodrigo Chaves se refiriera a ella durante las conferencias de prensa de Casa Presidencial.
“Fue bastante tiempo de amenazas, amenazas de toda índole, amenazas de muerte, amenazas de golpes”, relató.
Uno de los episodios que más recuerda fue el de un usuario que se identificaba como neonazi.
“Me habían dicho como que él era neonazi y entonces que iba a hacerme todo lo que le hicieron a los judíos”, recordó. El comportamiento continuó posteriormente, al punto de que la misma persona intentó agregarla a su cuenta personal de Instagram, lo cual aumentó su preocupación.
No fue el único caso. Una mujer le escribió repetidamente para instarla a suicidarse: “Me decía que lo mejor era que me matara, que me suicidara y cosas de esa índole”.
Hacia finales del 2025 ingresó al programa. Según Obando, la evaluación encontró una “muy alta probabilidad de peligro”. Durante aproximadamente un mes, agentes la recogían en su vivienda, la llevaban a la Asamblea Legislativa y posteriormente la regresaban a casa.
“Durante ese tiempo usaba chaleco antibalas para protegerme”, relató.
“La vida cambia. Sí, literalmente cambia. Por ejemplo, durante un año prácticamente yo no iba a los supermercados, comencé a comprar todo en línea”, afirmó.
También cambió la forma en que protegía a sus hijas. “La regla que había en la casa es que si alguien les pregunta, no digan que son mis hijas”, recordó.
Andrea Álvarez: ‘La vamos a ir a matar a su despacho’
Andrea Álvarez (PLN) recibió en octubre del 2024 una amenaza de muerte mediante el mismo correo electrónico en el que fue amenazada Sofía Guillén. “Aparte de un montón de improperios como zorra, perra, no sé, de todo, ‘la vamos a ir a matar a su despacho’”, recordó.
Ese mismo día denunció lo ocurrido. Agentes del OIJ acudieron a la Asamblea Legislativa para tomar su declaración y el caso continúa actualmente en sede penal.
Para Álvarez existe una diferencia entre soportar las críticas propias de un cargo político y enfrentar una amenaza contra su vida: “Las críticas que son constructivas en buena hora existan (...) pero yo sí insistiría que lo que no me toca lidiar o a ninguno de nosotros es con amenazas de muerte”.
El OIJ le ofreció ingresar al programa de protección; no obstante, Álvarez pidió unos días para valorar la posibilidad, pero finalmente decidió no ingresar.
Álvarez presume que la amenaza estuvo relacionada con su oposición al gobierno de Rodrigo Chaves.
Sí aseguró que los ataques en redes sociales han continuado después de dejar la Asamblea y los vincula con sus posiciones políticas. Para ella, uno de los mayores riesgos es que estos episodios terminen normalizándose en Costa Rica.
Otros exdiputados también reportaron amenazas
Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también relató haber recibido varias amenazas de muerte y llamadas intimidatorias en su despacho, situaciones que la llevaron a permanecer durante un periodo bajo protección. Desde que dejó el Congreso, asegura que no ha vuelto a enfrentar episodios similares.
Ariel Robles (FA) indicó a La Nación que ingresó al programa de protección en el 2023, tras un episodio ocurrido durante una sesión del plenario, cuando un hombre se quitó la camisa y comenzó a gritarle amenazas desde la barra del público, además de afirmar que conocía dónde vivía.
Sin embargo, no todos los exdiputados que reportaron amenazas ingresaron al programa de protección. Rocío Alfaro (FA) aseguró haber recibido amenazas de muerte, pero indicó que hasta ahora no ha solicitado protección al OIJ, aunque no descarta hacerlo.
Alejandro Pacheco, del PUSC, por su parte, aseguró que recibió amenazas en redes sociales, aunque no las consideró suficientemente graves para denunciarlas o solicitar protección. Sin embargo, relató que en dos o tres ocasiones fue amenazado e intentaron golpearlo en la calle y que, por recomendación de expertos, comenzó a andar armado “por cualquier eventualidad”.
Finalmente, Paulina Ramírez (PLN) confirmó que recibió amenazas durante su gestión como diputada, aunque tampoco acudió a solicitar protección.
