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El partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) eligió, este domingo, a José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, para liderar la papeleta diputadil por Alajuela, en las elecciones del 2026. ¿Esto significa que dejará su ejercicio profesional si resulta electo?
En declaraciones a medios, Villalobos indicó que, al no existir ninguna restricción, como dedicación exclusiva o una prohibición legal, continuará ejerciendo su profesión como abogado. No obstante, aclaró que enfrentará dos limitaciones.
“Yo continuaré ejerciendo mi profesión con dos limitaciones. Primero, no podré litigar, no podré ir a juicio, no podré estar en audiencias, porque evidentemente chocaría o podría chocar con las funciones o atribuciones y deberes en el Congreso”, señaló Villalobos.
“Sí podré ejercer consultorías, y aquí viene la segunda limitación, siempre y cuando no haya un conflicto entre los intereses de mis clientes y proyectos de ley que estén en el Congreso”, agregó.
Posibles proyectos de ley
En una eventual gestión suya dijo que impulsaría varias reformas a la Constitución Política y otros cuerpos legales.
Entre ellas, mencionó una modificación al reglamento de la Asamblea Legislativa para “evitar el entorpecimiento que se produce en el Congreso”.
También planteará una reforma constitucional que permita una reelección consecutiva e inmediata, por una única vez.
“Sería una reforma constitucional para plantear la posibilidad de que haya una reelección consecutiva e inmediata por una sola vez, antes de que aparezcan los ignorantes que digan que queremos una reelección indefinida”, acotó.
El abogado de Chaves agregó que además, propondrá la creación de una comisión investigadora del Poder Judicial, encargada de sugerir varias reformas a las normativas que regulan este poder de la República.
Asimismo, indicó que buscará evaluar la separación de la Sala Constitucional del Poder Judicial, con el objetivo de que funcione como un poder independiente.
Otra de sus propuestas consiste en reformar, de manera integral, los códigos procesales, para garantizar una “justicia pronta y cumplida”, así como incrementar las penas previstas en el Código Penal para los delitos de mayor gravedad.
