Las pensiones del Poder Judicial, que cubren a los funcionarios del OIJ, los Tribunales de Justicia, la Defensa Pública y la Fiscalía, han sido objeto de una fuerte puja desde la administración de Luis Guillermo Solís. El hecho más reciente es el veto de Rodrigo Chaves a la reforma legal que permitiría a los policías judiciales anticipar la jubilación.
La siguiente es la historia de las reformas aprobadas para reducir el multimillonario déficit en el régimen jubilatorio, así como las que no han prosperado.
El estudio que encendió las alertas
En el 2017, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, un estudio actuarial elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló que el sistema de pensiones del Poder Judicial tenía un hueco actuarial de ¢5,3 billones. La cifra representaba un 60% del Presupuesto Nacional.
El estudio estimó que, para poder pagar los beneficios que otorgaba el régimen, los empleados judiciales tendrían que cotizar un monto equivalente a casi el 50% del salario mensual.
Si bien los empleados pagaban una alta cotización, la principal carga de las pensiones recaía sobre las finanzas públicas por tener que sufragar un doble aporte, como patrono y como Estado.
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La cotización tenía esta estructura: 11% del empleado + 14,36% del Poder Judicial + 1,24% del Estado = 26,6%.
Estos aportes eran insuficientes para los beneficios que se otorgaban:
-La pensión equivalía al 100% del promedio de los últimos 24 salarios
-La edad de jubilación era a los 60 años
-Existía la opción de pensión anticipada a los 55 años
-Se pedían 30 años de servicio para jubilarse
-No existía tope al monto de las pensiones
En el 2016, un grupo de 10 diputados presentó un proyecto de ley para reformar el régimen de pensiones judiciales, a fin de darle equilibrio (expediente 19922).
El texto lo presentaron Mario Redondo (Alianza Demócrata), Gonzalo Ramírez (Renovación Costarricense), Fabricio Alvarado (Restauración Nacional, en ese momento), Otto Guevara (Movimiento Libertario), Óscar López (PASE), Johnny Leiva (PUSC), Luis Vásquez (PUSC), Gerardo Vargas (PUSC), Rosibel Ramos (PUSC) y William Alvarado (PUSC).
Sin embargo, luego de la presentación del informe actuarial de la UCR, fue necesario endurecer el proyecto, reduciendo aún más los beneficios, además de aumentar las cotizaciones de los empleados. El texto se aprobó en primer debate en octubre del 2017 con 31 votos del PAC, el PLN, el PUSC y el Movimiento Libertario.
La Sala Constitucional revisó las reformas y las avaló el 12 de abril del 2018. Esto permitió que la Asamblea Legislativa las aprobara en segundo debate el 19 de abril del 2018.
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La ley incluyó las siguientes reformas:
-El cálculo de la pensión se redujo al 83% del promedio de los últimos 240 salarios
-Se elevó la edad ordinaria de jubilación ordinaria de 60 a 65 años
-La edad de pensión anticipada con penalización se elevó. En vez de 55 años, se estableció 62 años para los hombres y 60 para las mujeres
-Se subió el tiempo mínimo de servicio de 30 a 35 años
-Se impuso un tope de ¢4 millones a las pensiones judiciales.
-Se incrementó la cotización de los empleados de un 11% a un 13%.
En tanto, el aporte del Estado se mantuvo en un 1,24% y el del Poder Judicial como patrono en 14,36%. El entonces presidente Solís avaló la ley en abril del 2018.
Pese a la reforma, el déficit no dejó de existir
Años después, nuevos estudios actuariales demostraron que, si bien se había reducido el hueco actuarial de ¢5,3 billones, aún había un déficit para afrontar las futuras pensiones.
Por ejemplo, en el 2019, el Estudio Actuarial al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, contratado a Proveedor Integral de Precios Centroamérica S. A. (Pipca), señaló que aún había un faltante actuarial de ¢629.454 millones.
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La razón principal era el peso financiero de las 4.009 pensiones más altas. En consecuencia, el estudio propuso reducir el tope de ¢4,4 millones a ¢2,6 millones. Esa medida no prosperó.
Sin embargo, en julio del 2020, durante la administración de Carlos Alvarado, se aprobó la última ley que elevó las contribuciones solidarias sobre las pensiones de lujo, incluidas las judiciales.
En el caso de estas jubilaciones, se exigió pagar aporte solidario a los pensionados que reciben más de ¢2,6 millones. Antes, solo debían hacerlo quienes percibiran más de ¢4 millones.
Dos años después, un estudio con corte al 31 de diciembre del 2022 concluyó que el déficit de las pensiones del Poder Judicial oscilaba entre ¢369.684 millones y ¢1.079.928 millones. El estudio fue realizado por el actuario Raúl Hernández.
Este documento propuso limitarles los aumentos a las 4.009 personas que se retiraron antes de los cambios aprobados en el 2018. La idea era reconocerles solo un 50% de la inflación durante un periodo de 10 años. El planteamiento no fue aprobado por los administradores del régimen.
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Luego, en abril del 2024, el informe Valuación Actuarial al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial 2024, reveló que, al cierre de 2023, el sistema aún registraba un déficit actuarial de ¢634.154 millones.
No obstante, los administradores de las pensiones del Poder Judicial descartaron las recomendaciones que proponían limitar, durante 15 años, el ajuste anual en el monto de las pensiones de los jubilados y reducir el porcentaje del beneficio por sucesión en caso de viudez, como medidas para mejorar la solvencia del régimen.
El veto
Ya en el periodo actual, surgió un proyecto de ley para hacer una excepción y permitir la pensión anticipada de los funcionarios del OIJ. Los diputados lo aprobaron en primer debate el 22 de abril. Argumentaron que los policías judiciales laboran 12 horas ordinarias y solo después de eso cobran horas extra, además de que arriesgan su vida todos los días y que el país atraviesa una crisis de inseguridad.
El texto consiste en una adición de dos artículos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (7333), para establecer que estos policías pueden acogerse a una jubilación igual al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, siempre que hayan cumplido 55 años, tanto hombres como mujeres, y hayan laborado 30 años.
Para el caso de que no se cumplan los 30 años de servicio, la jubilación se acordaría en proporción a los años laborados, siempre que el número de años laborados no sea inferior a los 20 años.
“Para fijarla, se multiplicará el monto del salario promedio indicado en el artículo anterior, por el número de años servidos, y el producto se dividirá entre 30; el resultado será el monto de la jubilación”, dice la iniciativa aprobada.
No obstante, este 6 de mayo, el presidente Rodrigo Chaves lo vetó el proyecto al argumentar.
En el documento de veto, de 319 páginas, Chaves aseguró que la reforma constituye una violación al principio de igualdad ante la ley, que se lesionan los principios de razonabilidad técnica e interdicción de la arbitrariedad y una presunta violación al principio de sostenibilidad financiera.