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Para sostener las pensiones que actualmente paga el Poder Judicial, los empleados judiciales tendrían que cotizar el equivalente a casi el 50% del salario mensual a su sistema de jubilaciones, debido a que el régimen tiene un hueco de ¢5,3 billones.
Así lo reveló un estudio actuarial elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyos resultados parciales fueron presentados este martes por los actuarios a la Comisión de Pensiones de la Asamblea Legislativa.
Según el estudio, para cubrir los beneficios de las pensiones judiciales, se requeriría duplicar el aporte que hoy hacen los funcionarios, la Corte y el Estado al Régimen de Pensiones del Poder Judicial, pasándolo de un 26,6% a un 48,94%, suponiendo que la cotización de los pensionados suba al máximo reglamentario del 15%.
Actualmente, la cotización tiene esta estructura: 11% del empleado + 14,36% del Poder Judicial + 1,24% del Estado = 26,6%.
En su informe, los expertos revelaron que el sistema jubilatorio de la Corte Suprema de Justicia tiene un déficit actual de ¢5,3 billones, es decir, el equivalente al 60% del Presupuesto Nacional de este año.
Y, ni siquiera con el proyecto de ley para reformar esas pensiones, que se discute en el Congreso, se podría conseguir la solvencia económica, pues la reforma legal bajaría la proyección del déficit a ¢4 billones, añade el estudio de la UCR.
LEA: Gremios del Poder Judicial aceptan un recorte mayor en pensiones que los magistrados
Sin una reforma, es el resto de costarricenses el que paga, con impuestos, el hueco en este sistema de pensiones, pues la Corte se financia con el presupuesto del Gobierno Central.
Actualmente, el Poder Judicial tiene 12.900 empleados activos y 3.600 pensionados o jubilados.
Para explicarles mejor a los legisladores la situación insostenible del régimen, José Cordero, director del IICE, y Max Soto explicaron que el déficit equivale al 44% del valor presente de todo el pasivo actuarial, o sea, de todos los futuros beneficios de los participantes activos y futuros.
Además, el estudio advierte de que bajará la cantidad de personas que cotizan por cada jubilado:
-En el 2015: había 5,54 cotizantes por 1 jubilado
-En el 2040: habrá 2,77 cotizantes por 1 jubilado
-En el 2065: habrá 1,34 cotizantes por 1 jubilado
-En el 2083: habrá 1,23 cotizante por 1 jubilado
LEA AQUÍ la presentación de los primeros resultados del estudio actuarial de la UCR
Según el estudio actuarial de la UCR, a hoy el pago en pensiones equivale al 27% de los salarios activos en la Corte, pero, para el 2060, la relación sería incluso superior: se pagaría más en pensiones que en salarios activos.
2015: pago en pensiones equivalen al 27,14% de los salarios
2040: pago en pensiones equivalen al 38,83% de los salarios
2060: pago en pensiones equivalen al 101,3% de los salarios
2102: pago en pensiones equivalen al 139,73% de los salarios
"Los estudios hechos en el instituto indican que el régimen vigente tiene un déficit actuarial significativo y el que propone el texto sustitutivo que se estudia en la Asamblea genera una mejora bastante pequeña en ese déficit. En realidad, la mejora que se obtiene no alcanza para arreglar el déficit actuarial", explicó Cordero.
El director del Instituto comentó que, antes de entrar en la etapa final, la entrega de las propuestas, tienen pendiente el estudio de un borrador de proyecto de ley del Poder Judicial. "El convenio con el Poder Judicial nos pidió que lo hiciéramos así", comentó.
Reforma: insuficiente
Los actuarios calificaron de insuficiente el proyecto de ley en curso para cubrir las deficiencias financieras.
"El texto sustitutivo muestra una situación menos desfavorable que el régimen vigente, pero la 'mejora' que genera ese texto es 'insuficiente' para lograr algún nivel de solvencia actuarial", afirmaron Cordero y Soto ante los diputados.
Luego de realizar el estudio actuarial y el texto sustitutivo, los expertos revisarán una propuesta de los magistrados, para finalmente dar a conocer las conclusiones y las recomendaciones. Cordero evitó fijar la fecha en que estará concluido todo el estudio convenido entre la UCR y el Poder Judicial.
Conocidos los primeros resultados, el presidente de la Comisión Especial de Pensiones, el socialcristiano Johnny Leiva, informó de que a partir del 28 de marzo empezarán a tramitar mociones al proyecto de ley, con miras a dictaminar una propuesta a más tardar el 5 de abril.
Al término de la comparecencia de los expertos, los legisladores aprobaron una moción para llamar nuevamente a la presidenta de la Corte Suprema, la magistrada Zarela Villanueva, que fue aprobada. Sin embargo, no se definió la fecha para que asista, pues antes quieren los legisladores tener más claros los elementos del estudio.
Antes que los actuarios, la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, informó sobre los elementos que se han añadido al convenio entre la Corte y la UCR para el estudio actuarial, con el fin de tener también un criterio sobre el texto sustitutivo propuesto en el Congreso.
Esos cambios, alegó Romero, son los que han generado las modificaciones en las fechas de entrega de los productos del convenio para la valuación actuarial.
Las pensiones del Poder Judicial hoy representan un gasto de más de ¢37.000 millones anuales en el Presupuesto Nacional y, en los últimos tres años, su costo creció a un ritmo superior al 3% anual, por encima del crecimiento de la inflación:
Costo de las pensiones del Poder Judicial
2015: ¢34.915 millones
2016: ¢36.082 millones
2017: ¢37.234 millones
¿Por qué son tan costosas las pensiones del Poder Judicial?
Si bien los empleados de la Corte cotizan más que los afiliados al IVM, el dinero que aportan no alcanza para cubrir los beneficios jubilatorios que reciben.
Los empleados judiciales cotizan así:
11% del empleado + 14,35% el patrono + 1,24% el Estado = 26,60% sobre el salario
Los afiliados al IVM cotizan así:
2,84% del empleado + 5,08% del patrono + 1,24% del Estado = 9,16% sobre el salario (la CCSS planea subir el aporte de los empleados a un 3,84% en julio como una medida paliativa a la insuficiencia económica del régimen)
Sin embargo, pese a las diferencias entre las cotizaciones, en la Corte las pensiones tienen los siguientes beneficios:
-Se otorga como pensión el promedio de los últimos 24 mejores salarios. La CCSS, en cambio, otorga el promedio de los últimos 240 sueldos.
-El sistema permite pensionarse con solo 30 años de labor.
-No existe un tope a las pensiones de lujo, por lo que hay jubilados que reciben más de ¢9 millones. En el IVM, en cambio, el tope es de ¢1,5 millones, a menos de que la persona siga trabajando después de cumplir la edad, con lo que podría alcanzar un máximo de ¢2,5 millones.
-Según los gremios de la Corte, en el Poder Judicial hay 40 personas cuyas pensiones o jubilaciones están entre los ¢5 y los ¢9,5 millones, mientras que casi 2.000 pensionados tienen pensiones que van de los ¢175.000 a los ¢1,5 millones.
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¿Qué se discute en la Asamblea Legislativa?
Los diputados tienen en sus manos un proyecto de ley, ya calificado de insuficiente por la UCR, que introduciría los siguientes cambios:
-A los funcionarios nuevos la pensión se les calcularía según el promedio de los últimos 120 salarios (10 años), traídos a valor presente.
-A los funcionarios que tienen de 15 a 20 años de laborar, la pensión se les calcularía según el promedio de los últimos 48 salarios.
-A los que tienen de 10 a 15 años, el cálculo sería con los últimos 72.
-A los trabajadores con menos de 10 años de servicio se les calcularía con base en los últimos 96 salarios (ocho años).
-A los que tienen más de 20 años de laborar, no se les cambiaría el cálculo, recibirían el promedio de los últimos 24 salarios como sucede hoy.
-La edad de jubilación sería de 62 años para hombres y 60 para mujeres.
-Se impondría un tope máximo a las pensiones nuevas. Los gremios propusieron que el tope sea de ¢4,7 millones, el equivalente a 12 veces el salario más bajo pagado en la institución; pero los magistrados sugirieron unos ¢7,1 millones, el equivalente al 75% del salario más alto.
-Se exigiría un aporte solidario a las pensiones que sobrepasen el tope que se defina. La contribución podría oscilar entre un 20% y un 50% del exceso sobre el tope, según las necesidades que reflejen estudios actuariales. Sin embargo, los magistrados piden un 20% pero descontando el 11% que ya hoy aportan obligatoriamente sobre la pensión bruta.
Los gremios tienen una clara diferencia con los magistrados en ese último punto, pues consideran que el aporte adicional no puede mezclarse con el 11% de cotización obligatoria y que ambos deben pagarse por aparte.
