EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) detectó inconsistencias en el reporte de cumplimiento de metas que el gobierno de Rodrigo Chaves presentó al cierre del 2024, con base en lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026.
En 8 de las 18 metas analizadas, detectó incumplimientos significativos en sectores clave como salud, educación, bienestar y ambiente. En específico, evidenció “serias inconsistencias” en los registros, así como deficiencias metodológicas y ausencia de documentación.
Subregistro en listas de espera
Uno de los hallazgos principales tiene que ver con las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El ente contralor detectó que esa institución excluyó de la estimación del indicador denominado “plazo promedio de días de espera para cirugía ambulatoria” a 9.339 personas que esperaban ese procedimiento.
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En el 2024, la CCSS, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) reportaron un cumplimiento del 112,24% de esa meta, que dio un promedio de 343 días de espera.
Sin embargo, en este cálculo no se contempló a la totalidad de los casos en lista de espera. No se incluyó a los pacientes clasificados como “derivados” (606), ni los “depurados” (2.423) y los “resueltos” (6.310).
El cálculo tampoco consideró el tiempo de espera de los pacientes que fueron atendidos durante el año.
“Dichas omisiones implican que el promedio reportado sea menor al tiempo que los usuarios efectivamente esperaron, lo que genera que se aporte información que no representa la realidad del servicio”, recalcó la Contraloría. “El dato reportado no representa la experiencia real del paciente, ni se genera una evaluación objetiva del servicio”, añadió.
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Duplicación de egresados
Halló además que el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) duplicaron el número de egresados en formación del idioma inglés (913 casos) y en Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y Turismo (22 casos).
Como criterio de medición utilizaron la cantidad de certificados emitidos, en lugar de las personas efectivamente egresadas, lo cual generó una sobreestimación del resultado.
También se encontraron inconsistencias en la meta de “porcentaje de docentes del MEP capacitados en currículum”. En algunos casos se incluyó a docentes con capacitaciones inferiores a las 12 horas requeridas y, en otros casos, hubo registros duplicados.
Es decir, la proporción de docentes capacitados es menor a la informada, lo que afecta la calidad y confiabilidad del dato reportado, concluyó el órgano contralor.
Asimismo, detectó una falta de comunicación a lo interno del MEP entre los encargados de darle seguimiento a la meta relacionada con el número de jóvenes y adultos certificados en alguna modalidad educativa.
La Contraloría no encontró un avance en el cumplimiento de ese objetivo.
Sobreestimación de subsidios en el IMAS
Por otro lado, detectó que el Instituto Mixto Ayuda Social (IMAS) reportó un exceso de 13.504 subsidios en el cálculo de la meta relacionada con el beneficio de atención a familias que reciben un aporte económico para cubrir las necesidades básicas.
El IMAS reportó un total de 180.229 hogares beneficiados. No obstante, 13.504 de esos hogares recibieron una única transferencia económica, lo cual incumple con los criterios técnicos establecidos, que exigen más de un aporte para ser contabilizados.
Otras inconsistencias
La CGR encontró que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó inconsistencias en la meta de la protección del recurso hídrico.
Si bien reportó un 100% de cumplimiento en la meta denominada “número de proyectos destinados a la protección del recurso hídrico” para el 2024, no se aportó evidencia que permitiera confirmar que esas estrategias corresponden al proyecto definido.
Finalmente, también detectó que el avance del proyecto para la construcción del nuevo Hospital Tony Facio, en Limón, carecía de un respaldo técnico.
“Se evidenciaron inconsistencias que afectan la rendición de cuentas y la toma de decisiones públicas”, explicó la CGR, y agregó que “dichas metas se establecen para medir el avance de objetivos de intervención pública por lo que la calidad de esta información no solo fortalece la gestión pública y el control institucional, sino que también asegura que la ciudadanía y los entes responsables cuenten con un insumo útil para el seguimiento del desarrollo nacional”.
Julissa Sáenz Leiva, gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas, insistió en que contar con información confiable es vital para una rendición de cuentas transparente y efectiva.
