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La contralora general de la República, Marta Acosta, advirtió este lunes, en una nota urgente enviada a los jefes de las fracciones políticas, que un proyecto de ley aprobado en primer debate por los diputados podría abrir la puerta para las contrataciones a dedo en el Estado.
Acosta concluyó que el riesgo persiste, a pesar de que los diputados hicieron ajustes impulsado por el Partido Liberación Nacional (PLN).
Se trata de la reforma 24215 que modificaría la Ley General de Contratación Pública, con el fin de exceptuar, de los mecanismos de control, no solo a las contrataciones que realice la Cruz Roja Costarricense, sino también los “acuerdos de costo compartido celebrados con otros estados, organizaciones internacionales o sujetos de derecho internacional público”.
Así lo publicó este jueves La Nación, después de la votación en primer debate.
La iniciativa fue aprobada en primer debate, con el voto de 37 legisladores a favor y solo dos en contra, a pesar de las observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) durante el trámite de la iniciativa.
“El criterio de la Contraloría ha sido consistente en señalar que las compras que realiza el Estado con fondos públicos deben ser tramitadas bajo las reglas de la Ley General de Contratación Pública, por lo que la propuesta del texto base y el texto sustitutivo es contraria al artículo 182 de la Constitución”, dijo la contralora Acosta en su carta.
“Si bien la reforma exceptúa de los procedimientos de licitación la contratación con sujetos derecho público internacional, en lugar de excluirlos totalmente de la Ley de Contratación Pública, ley 9986 (como se pretendía en la propuesta original), aún se mantienen serios riesgos advertidos respecto a la contratación de obra pública sin concurso, como incluso indica la Constitución Política y sin que el órgano contralor pueda ejercer plenamente su fiscalización”, continuó.
Acosta aseguró que es conveniente hacer del conocimiento de los diputados y diputadas ese criterio técnico, antes de que el proyecto sea aprobado en segundo debate.
La jerarca de la CGR también relató que es medular la transparencia, la rendición de cuentas, la libre competencia y la efectividad de control ante la excepción que se pretende.
En la misma nota, oficio DC-0101, la contralora negó, como afirmaron varios diputados el jueves, que las observaciones de la CGR estuvieran subsanadas.
Acosta enfatizó que cuestionaron tanto el proyecto cuando se planteaba la reforma como una exclusión, reformando el artículo 2 de la Ley de Contratación Pública, como ahora que se pretende hacerlo mediante una excepción de la aplicación de las normas sobre contratación pública, modificando el artículo 3 de esa ley, en la última versión aprobada del proyecto.
En la nota remitida a los jefes de fracción, la contralora recordó que ha enfrentado, en ocasiones anteriores, “la constante negativa de algunos sujetos de derecho público internacional para atender solicitudes de información sobre la utilización de fondos públicos, bajo el argumento de privilegios o inmunidades de que gozan esos sujetos, lo que ha impedido sensiblemente la fiscalización”.
Así sucedió en 2019, con la información requerida sobre proyectos viales a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), cuando la Contraloría señaló la existencia de información limitada sobre la gestión de los proyectos, con la falta de registros correctos, oportunos e íntegros de las transacciones y operaciones.
Ello se repitió en 2021 y 2022, cuando se limitó la potestad del ente contralor de vigilancia efectiva sobre la hacienda pública respecto a la contratación tramitada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para los pasos a desnivel en varios puntos de circunvalación.
“En este caso, la Unops se negó a proporcionar la información requerida para llevar a cabo una investigación destinada a verificar la correcta utilización de los fondos públicos que el Conavi había trasladado a dicha Oficina, afectando el curso de la misma”, indicó Acosta.
