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La contralora general de la República, Marta Acosta, advirtió a los diputados de un proyecto de ley que tendría peores efectos que la ley jaguar en los mecanismos de fiscalización y control de los recursos públicos en el país.
Se trata de una reforma a la Ley General de la Contratación Pública, impulsada por el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, y que se tramita bajo el expediente 24.215, ya en las últimas etapas de la tramitación legislativa.
Acosta hizo dichas advertencias durante una sesión de trabajo en la Comisión de Sociales de la Asamblea Legislativa, este martes.
“De aprobarse esta reforma, estaríamos abriendo una puerta a la selección directa de contratistas sin controles adecuados, debilitando principios fundamentales. El mayor peligro radica en que la contratación a dedo permitiría adjudicar bienes, servicios y obras públicas sin procesos competitivos, ni la fiscalización apropiada. Esto eliminaría mecanismos claves de control sobre el uso de los recursos públicos y favorecería la opacidad en la gestión del dinero estatal”, dijo la contralora.
Esos principios fundamentales a los que se refirió la jerarca de la Contraloría General de la República (CGR) son la transparencia, la igualdad de condiciones, la rendición de cuentas y la integridad.
Aparte de que se debilitarían esos principios, Marta Acosta aseguró que, por la contradicción de la iniciativa con el modelo constitucional, “el proyecto conlleva un alto riesgo de inconstitucionalidad”.
Específicamente, el texto eliminaría del alcance de la Ley General de Contratación Pública los acuerdos de costo compartido que celebre el Estado costarricense con otros estados, organizaciones internacionales o sujetos de derecho internacional público.
De esa forma, la iniciativa permitiría la contratación de obras, servicios o bienes sin el cumplimiento de los principios de licitación pública, igualdad y publicidad, al igual que el proyecto de ley jaguar del gobierno.
La legislación vigente ya excluye de la fiscalización de la CGR los acuerdos celebrados con otros Estados o sujetos de derecho internacional público de carácter humanitario, como la Cruz Roja Costarricense.
La contralora general añadió que, excluir de la ley las contrataciones celebradas con organismos de derecho internacional, financiadas con recursos públicos y por ejecutarse en el país, “no es posible, porque provocaría una estructura paralela, abriendo una puerta sin retorno y no sería conforme con el régimen constitucional”.
“Esta excepción no es aceptable, implicaría un retroceso del modelo de contratación pública que busca la eficiencia y la protección de los fondos públicos”, agregó Acosta.
Tres versiones de ley jaguar
La denominada ley jaguar fue una iniciativa del Poder Ejecutivo que pretendía restar herramientas a la Contraloría, la cual el presidente Rodrigo Chaves pretendía someter a referéndum.
Del proyecto se presentaron tres versiones. La última versión fue presentada el 9 de octubre, luego de que se declararan inconstitucionales las dos primeras. La Sala Constitucional consideró que las propuestas debilitaban el sistema de control sobre los fondos públicos.
En el primer caso, el planteamiento habría impedido a la CGR suspender actos o contratos públicos en caso de encontrar anomalías, o bien, evaluar previamente la gestión administrativa de las instituciones.
En cuanto a la segunda versión, la Sala declaró inconstitucionales los dos artículos que, en criterio de la Contraloría, permitirían al gobierno y demás instituciones efectuar contrataciones a dedo.
Finalmente, sobre el tercer texto, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que su contenido no aportaría ninguna innovación al ordenamiento jurídico del país y que, más bien, constituiría un uso ineficiente de los recursos públicos gastar ¢3.000 millones en un referéndum sobre algo que ya está regulado.
