La variación presupuestaria fue presentada el 9 de abril por Ronny Delgado Linares, coordinador de Comunicación Institucional, mediante el oficio MLU-COMUNI-035-2026, y finalmente rechazada durante la sesión ordinaria del 23 de abril.
Ante la propuesta, la regidora independiente Gineth Varela calificó el gasto como una “falta de respeto para la población” y advirtió que el gobierno local no cuenta con un reglamento específico sobre uniformes que respalde la compra.
Ante una consulta de La Nación, Delgado defendió la iniciativa y aseguró que se trataba de un “plan piloto” para fortalecer la imagen institucional mediante la vestimenta del personal. Según dijo, no constituía un beneficio personal, sino una herramienta de trabajo para funciones de representación oficial.
La justificación presentada por la administración citó reglamentos de otras municipalidades e instituciones públicas, como la Municipalidad de Heredia, la Municipalidad de Carrillo y la Comisión Nacional de Emergencias, que contemplan el uso de uniformes para funcionarios.
Auditoría cuestionó la justificación del gasto
El 15 de abril, la Auditoría Interna solicitó al Departamento de Comunicación una aclaración, al considerar insuficientes las justificaciones incluidas en la variación presupuestaria, según el memorando MLU-AI-119-2026, en poder de La Nación.
Además, el órgano auditor señaló que no se evidenció un cumplimiento adecuado de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales obligan a la Administración a utilizar los recursos públicos de forma equilibrada y sostenible.
“La propuesta actual podría vulnerar el Principio de Gestión Financiera, el cual obliga a que los fondos públicos se orienten estrictamente al interés general y no al beneficio particular de funcionarios, garantizando así la estabilidad institucional y la inversión en proyectos de bienestar colectivo”, añade el documento.
En esa línea, Varela criticó el uso ineficiente de los recursos públicos y sostuvo que los gafetes institucionales ya permiten identificar adecuadamente al personal municipal.
La regidora también aseguró que la propuesta no se ajustaba a los criterios históricos emitidos por la Contraloría General de la República (CGR) sobre compra de uniformes en instituciones públicas.
En distintos pronunciamientos, la Contraloría ha mantenido una posición restrictiva respecto a este tipo de gastos y ha señalado que únicamente procede la compra de uniformes cuando exista una “evidente necesidad del servicio”.
Entre los casos avalados por el órgano contralor se encuentran policías, choferes, vigilantes, recolectores de basura, funcionarios que trabajan con productos químicos y personal que requiere identificación directa ante usuarios, según el criterio DJ-1563-2015, del 11 de agosto de 2015.
Además, la Contraloría ha advertido que este tipo de erogaciones no puede convertirse en salario en especie y que las instituciones deben valorar la sostenibilidad financiera de estos gastos a futuro.
Varela advirtió que este tipo de compras podrían convertirse eventualmente en una práctica recurrente o incluso en un beneficio indirecto para funcionarios.
