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Laura Fernández, presidenta electa de la República, obtuvo una victoria contundente en las votaciones del domingo 1.º de febrero, al imponerse en primera ronda sobre sus otros 19 contendientes. Sin embargo, más allá del resultado político inmediato, surge una pregunta clave: ¿cuán amplio fue su respaldo ciudadano si se compara con el de otros mandatarios que llegaron al Poder Ejecutivo sin necesidad de una segunda vuelta?
Una revisión de La Nación de los procesos electorales celebrados en Costa Rica entre 1966 y 2026 muestra que el desempeño electoral de Fernández se ubica dentro de los parámetros normales, observados desde 1998 para los candidatos que lograron ganar en primera ronda.
Medido en términos de voto real —es decir, el porcentaje de sufragios obtenidos en relación con el total de personas empadronadas—, la candidata oficialista alcanzó un 31,93%. Esta cifra es apenas superior a la registrada en los comicios de 1998, 2006 y 2010, los únicos tres procesos que, de los siete celebrados antes de su victoria, también se definieron en primera ronda.
Hasta ahora, el porcentaje más alto de voto real lo había obtenido Miguel Ángel Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien en 1998 alcanzó un 31,88%, una diferencia mínima frente al resultado obtenido por Fernández.
El porcentaje de voto real es menor al estimado en términos de participación, que se calcula como proporción del total de votos válidamente emitidos y excluye el abstencionismo, así como los sufragios nulos o en blanco. Bajo ese indicador, Fernández suma un 48,3% de los votos, a falta de procesar la información correspondiente a 244 juntas electorales.
¿Es importante una victoria robusta?
Para el politólogo Sergio Araya, el nivel de respaldo con el que un presidente llega al poder es determinante para su capacidad de gobernanza. “Entre más votación tenga una persona, más positiva es su legitimidad de inicio en términos de gobernanza, porque se interpreta que ese respaldo refleja el aval ciudadano tanto a la persona como a sus propuestas programáticas”, explicó.
Araya detalló que este concepto de legitimidad de inicio es el que justifica la existencia de umbrales mínimos para ganar una elección en primera ronda. En Costa Rica, ese requisito es del 40% de los votos válidamente emitidos.
“Es así para que se considere que el resultado es lo más representativo posible de un sector importante de la sociedad”, recalcó y añadió que el umbral costarricense es relativamente bajo en el contexto regional.
“El 40% es de los más bajos en América Latina; en muchos países se exige el 50% o incluso el 50% más uno”, precisó.
Esa realidad explica, a su juicio, por qué en la mayoría de las democracias la segunda ronda electoral es la norma. “Salvo liderazgos muy carismáticos, rara vez alguien logra en primera vuelta aglutinar un nivel tan alto de apoyo, por eso la segunda ronda es casi automática”, afirmó.
A diferencia de la legitimidad de inicio, la legitimidad de ejercicio resulta más compleja de medir. “La legitimidad de ejercicio es más difícil de cuantificar, porque normalmente se mide a partir de estudios de percepción y niveles de popularidad”, concluyó Araya.
Capital político
Según Araya, el respaldo obtenido en las urnas también constituye el llamado capital político del gobernante. “Es ese apoyo electoral que le da al presidente la legitimidad de inicio y le permite justificar la adopción de una determinada línea de trabajo”, explicó.
Ese respaldo funciona como una validación ciudadana inicial al proyecto político del nuevo gobierno. “Ese voto es el que le dice al gobernante: detrás de mí hay un número concreto de personas que están validando lo que yo quiero hacer”, agregó.
No obstante, subrayó que ese capital no es permanente ni garantiza estabilidad durante todo el mandato. “Como un capital financiero, puede ampliarse o reducirse con el ejercicio del poder”, advirtió.
Esa erosión, explicó, suele observarse a través de encuestas de opinión. “Uno suele verlo en estudios de opinión: un presidente gana con, digamos, un 50% de los votos, pero al cabo de un año de ejercicio de gobierno los índices de popularidad lo sitúan en un 20%. Aunque técnicamente no es comparable, eso puede reflejar una pérdida importante de su capital político”, concluyó.
