En el 2021, como magistrada, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez firmó la sentencia que tumbó el patrocinio del licor en el deporte. Cinco años después, en este 2026 y ahora como diputada del gobierno, la funcionaria votó a favor un proyecto para avalar el patrocinio de las bebidas alcohólicas en las actividades deportivas.
El 8 de junio, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y parte de Liberación Nacional (PLN) aprobaron un texto que elimina la prohibición para que las marcas de bebidas alcohólicas patrocinen todo tipo de evento deportivo, así como el uso de estas en los uniformes de los clubes de ligas donde participan deportistas mayores de edad.
Sin embargo, su aprobación quedó suspendida después de que el Frente Amplio (FA) y el PLN enviaron a consulta facultativa a la Sala Constitucional con objeciones sobre ese expediente (23.216).
En octubre del 2021, el Congreso discutió un proyecto con el mismo objetivo, la iniciativa 21.745. También, fue aprobada en primer debate, pero dos meses después, una sentencia de la Sala Constitucional se trajo abajo el proyecto al considerar que contenía vicios de fondo. Ese fallo fue redactado por la entonces magistrada suplente Marta Esquivel Rodríguez.
Dicha sentencia fue criticada esta semana por los diputados de gobierno, los propios compañeros de Rodríguez. Por ejemplo, durante la discusión de este 8 de junio, el diputado del PPSO, Jose Miguel Villalobos, llegó a calificar de “parcializado” el voto.
Sentencia del 2021
“Este Tribunal considera que el proyecto de ley contiene los vicios de fondo aquí apuntados, en tanto violenta el derecho a la salud, el derecho del interés superior del menor, el principio de progresividad de los derechos fundamentales y el artículo 25 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes”, escribió Esquivel en la sentencia del 2021.
El fallo fundamenta su razonamiento en la existencia de numerosos estudios y criterios de distintas entidades sobre los posibles efectos nocivos de permitir el patrocinio del licor en el deporte, pero sin contrapeso. Es decir, Esquivel argumentó que, en ese expediente legislativo, no se aportaron estudios que dimensionen cómo se enfrentarían las consecuencias de levantar la prohibición vigente.
“En criterio de los legisladores, el dinero obtenido por el patrocinio mejorará las condiciones económicas y se fomentará más el deporte, con la esperanza de que este grupo poblacional (jóvenes) se aleje de situaciones como el consumo de las drogas, pero lo cierto es que no consta en el expediente un estudio o valoración que justifique tal compensación”, dice el fallo 27601-2021.
En otro apartado, la Sala reprochó que, aunque los legisladores alegaban falta de recursos para el deporte de alto rendimiento, el expediente carecía de cifras concretas o de una identificación clara de las necesidades específicas que se pretendían atender.
“Si actualmente con la prohibición de la publicidad, existe un alto índice de consumo por parte de los menores de edad y a edades más tempranas de consumo de bebidas con contenido alcohólico, atendiendo al fin de la publicidad misma, evidentemente tal porcentaje aumentará”, escribió Esquivel.
El voto redactado por Esquivel fue suscrito por los otros seis magistrados de ese momento.
La Nación intentó obtener la versión de Marta Esquivel. Sin embargo, al cierre de edición, la exmagistrada no respondió a las llamadas ni mensajes remitidos.
Solo unos meses después de emitido el voto, Esquivel dejó la judicatura para ocupar cargos políticos en el gobierno de Rodrigo Chaves y luego se postuló a diputada con el PPSO.
¿Cuáles son las diferencias entre el proyecto actual y el que tumbó Rodríguez?
Ambos proyectos de ley tienen un fin claro: permitir que las marcas de bebidas alcohólicas patrocinen todo tipo de evento deportivo. También, dejan en manos del Ministerio de Salud la regulación de ese tipo de publicidad.
Sin embargo, se estructuran de forma distinta. El proyecto del 2021 (21.745) desarrollaba un entramado para permitir ese patrocinio. El actual (23.216) se limita a eliminar la prohibición actual contenida en el artículo 12 de la Ley 9047, pero sin generar mayor regulación; únicamente establece como restricción la publicidad en uniformes deportivos de todas las ligas de menores de edad.
El PPSO prometió retrotraer el proyecto actual para aprobarle un texto sustitutivo con los cambios que consideran pertinentes.
El expediente 21.745 no solo autorizaba el patrocinio, sino que creaba toda una estructura financiera para el deporte de alto rendimiento y programas sociales. Incluía el patrocinio en estadios, gimnasios y vallas publicitarias.
Como contrapartida económica, el proyecto anterior también creaba un nuevo impuesto del 6% sobre los ingresos derivados de los contratos de publicidad, el cual sería administrado por la Dirección General de Tributación para financiar el desarrollo deportivo nacional.
Los recursos recaudados a través de este tributo daban vida al Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento, bajo la tutela del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).
Dicho fondo pretendía distribuir porcentajes específicos del dinero para apoyar al Comité Olímpico, al Comité Paralímpico, a los comités cantonales de deporte y a programas de prevención de la violencia intrafamiliar (Icoder en conjunto con el Inamu, PANI y Conapam); asimismo, el texto prohibía estrictamente el uso de marcas de licor en uniformes de ligas menores y el uso de los fondos para gastos administrativos.
Figura importante del chavismo
Esquivel Rodríguez pasó de impartir justicia como magistrada a ocupar los cargos de ministra de Trabajo, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y ministra de Planificación.
Su periodo en la CCSS acabó tras la explosión del Caso Barrenador, en el cual se investiga el presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de contratos para la administración de Ebáis de la Gran Área Metropolitana (GAM) a tres cooperativas y una asociación médica.
Esquivel fue separada del cargo por decisión judicial. No obstante, en enero del 2025, fue nombrada ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).