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Las comisiones provinciales no serán parte del Congreso durante el primer año del nuevo cuatrienio legislativo, una decisión que divide criterios entre las fracciones políticas.
Mientras el oficialismo defiende que estos órganos duplicaban funciones, diputados de oposición sostienen que permitían impulsar proyectos regionales y articular esfuerzos entre legisladores de distintas agrupaciones políticas.
Las comisiones provinciales se conforman mediante una moción que debe ser aprobada por una mayoría calificada de 38 diputados, según explicó a La Nación la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez.
Sin embargo, en el actual Congreso, el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) cuenta con 31 diputados, por lo que una eventual propuesta impulsada únicamente por las bancadas de oposición, con 29 legisladores, no tendría los votos necesarios para prosperar sin el respaldo del oficialismo.
¿Qué dice Pueblo Soberano?
El jefe de fracción deL PPSO, Nogui Acosta, afirmó que las funciones y los temas que tradicionalmente conocían las comisiones provinciales pueden ser asumidos por las comisiones permanentes y las comisiones permanentes especiales ya existentes en la Asamblea Legislativa.
“Lo importante no es la existencia de más comisiones, sino que los proyectos se analicen con seriedad, agilidad y responsabilidad”, indicó.
Acosta sostuvo que los asuntos de interés para las comunidades y las distintas regiones del país seguirán teniendo espacio dentro del trámite legislativo ordinario. A su criterio, lo fundamental es evitar duplicidades, aprovechar mejor los recursos y concentrar los esfuerzos en las comisiones que ya cuentan con competencias definidas para conocer este tipo de iniciativas.
La presidenta del Congreso coincidió con esa posición y señaló que las funciones que cumplían las comisiones provinciales pueden ser asumidas por las comisiones ya existentes.
PLN Y CAC cuestionan el cambio
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, señaló que las comisiones provinciales permitían construir acuerdos entre diputados de distintos partidos alrededor de intereses territoriales comunes.
“Los temas territoriales tienen la ventaja de que unen los partidos y facilitan los acuerdos. Creo que es un espacio valioso para aprovechar y creo que es un error grave desaprovechar esa oportunidad”, manifestó.
Una posición similar expresó Claudia Dobles, jefa de fracción de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien recordó que durante la administración de Carlos Alvarado las comisiones provinciales ayudaron a impulsar iniciativas como el proyecto Paacume en Guanacaste y acciones relacionadas con la isla San Lucas en Puntarenas.
“Las diputaciones se pueden unir en un mismo espacio más allá de los partidos. Ahí hay un valor agregado que puede ser muy valioso para las provincias”, indicó.
Frente Amplio y PUSC mantienen posición intermedia
En el caso de José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio y exlegislador en otros dos periodos (2010-2014 y 2018-2022), afirmó que la utilidad de estas comisiones dependía de su funcionamiento. Según dijo, algunas se convirtieron en espacios poco productivos, mientras que otras lograron visibilizar necesidades de regiones que suelen recibir poca atención.
“Han servido para visibilizar problemas de regiones olvidadas del país, pero también he visto comisiones que fueron una pérdida de tiempo”, comentó.
Por su parte, la jefa de fracción del PUSC, Abril Gordienko, reconoció que el elevado número de comisiones afectaba el flujo de trabajo legislativo, aunque advirtió sobre la importancia de mantener mecanismos que permitan incorporar una visión territorial en la discusión de proyectos.
Exdiputados difieren sobre la eliminación
Las opiniones entre exlegisladores del periodo 2022-2026 también están divididas.
La exjefa oficialista Pilar Cisneros considera que la eliminación de las comisiones provinciales no generará mayores afectaciones, pues los proyectos que se conocían en esos órganos pueden tramitarse en otras comisiones con competencias específicas.
Además, defendió la reducción de órganos legislativos para permitir que los diputados concentren más tiempo en el estudio de iniciativas de ley.
Una posición similar expresó el exdiputado del PUSC Alejandro Pacheco, quien sostuvo que algunas iniciativas que debían ser analizadas por comisiones especializadas terminaban discutiéndose en órganos provinciales. También señaló que estas comisiones sesionaban con poca frecuencia (una vez al mes), por lo que, a su criterio, incluso podían atrasar el avance de ciertos proyectos.
Por su parte, el exdiputado del Frente Amplio Ariel Robles aseguró que las comisiones provinciales se dedicaban principalmente a iniciativas de carácter local, como desafectaciones de terrenos o proyectos relacionados con organizaciones comunales.
El frenteamplista considera que la carga de trabajo recaerá ahora sobre otras comisiones, especialmente la de Asuntos Municipales. No obstante, no prevé un impacto significativo en el funcionamiento legislativo.
En contraste, la exdiputada independiente Kattia Cambronero defendió la utilidad de estos órganos al afirmar que permitían dar un trámite más ágil a proyectos específicos de las provincias.
Como ejemplo, mencionó la Ley de Embarcaderos Vecinales, impulsada durante el cuatrienio anterior, y advirtió que la ausencia de estas comisiones podría dificultar que iniciativas provenientes de zonas rurales avancen con la misma rapidez dentro de la corriente legislativa.
