El Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) inició el análisis del expediente legislativo N.° 25.747, que propone cambios al régimen de colegiatura profesional en Costa Rica. La iniciativa ingresó a la Asamblea Legislativa el 27 de agosto de 2026.
El CPIC informó que sus instancias técnicas estudian el articulado y los procedimientos establecidos en su normativa interna.
La organización considera que cualquier modificación al régimen de colegiatura debe partir de un análisis técnico que tome en cuenta las diferencias entre profesiones. Según el Colegio, también deben valorarse los riesgos y las responsabilidades asociados con cada actividad profesional.
CPIC señala áreas sensibles para profesionales en tecnología
En el caso de la informática y la computación, el Colegio señaló cuatro ámbitos que considera relevantes para la discusión legislativa: ciberseguridad, protección de datos personales, continuidad de servicios tecnológicos y operación de sistemas relacionados con infraestructura crítica.
El CPIC argumentó que la tecnología tiene un papel transversal en actividades públicas, privadas, económicas y sociales. Por esa razón, sostiene que las decisiones u omisiones de profesionales en tecnologías de la información pueden provocar consecuencias fuera del ámbito estrictamente tecnológico.
Ante ese escenario, el Colegio planteó la necesidad de revisar si los mecanismos incluidos en el proyecto permiten garantizar la idoneidad profesional, la conducta ética y la rendición de cuentas de las personas que desempeñan esas funciones.
La organización reconoció la importancia de evaluar periódicamente la regulación del ejercicio profesional, con el objetivo de determinar que resulte razonable y proporcional.
Sin embargo, el Colegio sostuvo que una eventual reforma debe conservar mecanismos de protección del interés público y responder a las características particulares de cada sector profesional.
El CPIC indicó que dará seguimiento a la tramitación del expediente 25.747 y manifestó su disposición de aportar criterio técnico a la Asamblea Legislativa durante el análisis del proyecto.
Otros colegios profesionales se oponen al proyecto
El análisis del CPIC se suma a las reacciones de otros colegios y organizaciones profesionales ante el expediente 25.747. Varias entidades expresaron oposición a la iniciativa y señalaron posibles consecuencias sobre la fiscalización, la ética profesional y la protección de las personas usuarias.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica defendió la función de los colegios como mecanismos para garantizar la idoneidad, la ética y la responsabilidad en el ejercicio profesional. La organización sostuvo que su existencia responde a la protección de la sociedad frente a los riesgos asociados con servicios prestados sin suficiente competencia o responsabilidad.
La entidad también anunció que recurrirá a mecanismos institucionales y democráticos para procurar que el proyecto no sea aprobado.
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica también manifestó su oposición. La organización señaló posibles efectos sobre la fiscalización del ejercicio profesional, la protección de terceros y la fe pública.
Francisco Ovares Moscoa, presidente de ese Colegio, sostuvo que la posición de la entidad no busca defender privilegios gremiales. Explicó que los colegios realizan tareas de fiscalización, actualización profesional, vigilancia del cumplimiento ético y adopción de normas técnicas internacionales.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (Fecoprou) rechazó la propuesta de eliminar la colegiatura obligatoria para la mayoría de las profesiones liberales, con las excepciones contempladas en el proyecto.
Anny Chaves Quirós, presidenta de Fecoprou, afirmó que la iniciativa podría reducir el ejercicio profesional a una actividad de carácter comercial, en lugar de reconocerlo como un servicio que implica responsabilidades con la sociedad.
A estas posiciones se sumó la Unión de Fiscalías de Colegios Profesionales de Costa Rica, que advirtió sobre una eventual reducción de las capacidades para vigilar el ejercicio profesional y sancionar faltas éticas o técnicas.
Según esa organización, la fiscalización de los colegios permite investigar posibles incumplimientos, detectar casos de ejercicio ilegal y brindar una instancia para que las personas presenten reclamos por eventuales actuaciones deficientes.
El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica también rechazó el expediente. La entidad considera que la propuesta podría afectar sus competencias para fiscalizar, regular y verificar la idoneidad de quienes ejercen la profesión.
El Colegio recordó que la medicina veterinaria tiene relación con la salud pública, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y el manejo de determinados medicamentos. Silvia Coto, presidenta de la organización, señaló que reducir las facultades de fiscalización podría afectar los mecanismos disponibles para denunciar deficiencias en servicios profesionales.
La entidad también cuestionó las diferencias entre profesiones que, según su interpretación, plantea el proyecto. Considera que el texto no contiene criterios suficientes para justificar por qué determinadas actividades conservarían un régimen especial de control y otras no.