El presidente Rodrigo Chaves enfrenta una nueva denuncia por presunta beligerancia política, debido a supuestas reuniones con miembros de su gabinete en las que se habría discutido la eventual renuncia de algunos jerarcas con el objetivo de postularse como candidatos a diputados en las elecciones de 2026.
Así consta en un recurso de amparo electoral interpuesto este martes 22 de julio, ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por el ciudadano Janekeith Durán Barberena.

La querella también fue presentada contra la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, por declaraciones que esta dio al canal de noticias Opa, en las que afirmó que dichas discusiones se habrían efectuado.
“El presidente, con un grupo de funcionarios y de personas cercanas a él, están haciendo los análisis correspondientes, revisión de perfiles y demás, para ver cuáles funcionarios del Ejecutivo podrían considerarse para pasar a la Asamblea Legislativa.
“Yo lo he hablado con él y yo, en donde él considere que yo aporto más valor a la causa, a la estrategia, a la causa del presidente y al país, ahí estaré”, declaró la ministra del Micitt, según consta en un video aportado por Durán como prueba.
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La Nación consultó al Micitt y a Casa Presidencial sobre la identidad de quienes, presuntamente, trabajan con el presidente para evaluar las eventuales candidaturas de los miembros del gabinete. Se está a la espera de una respuesta.
La denuncia alega que las supuestas conversaciones constituyen una “clara infracción a la prohibición legal de participación político-electoral que recae sobre ambos jerarcas”, conforme al artículo 146 del Código Electoral.
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Añade que los presuntos hechos configura un supuesto de beligerancia política, “en tanto se trata de deliberaciones sobre una posible postulación dentro del marco del proceso electoral que se avecina”.
El artículo 146 del Código Electoral prohíbe al presidente de la República, a los ministros y a otros funcionarios públicos participar en actividades de partidos políticos, asistir a clubes o reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de agrupaciones partidarias, colocar divisas en sus viviendas o vehículos, y hacer cualquier otra manifestación de militancia partidista.
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La querella menciona que la declaración de la ministra fue difundida ampliamente por medios de comunicación y redes sociales, “adquiriendo relevancia pública y notoriedad jurídica, lo que agrava la ilegalidad de la conducta denunciada”.
El presidente, los ministros y los gerentes de las instituciones autónomas tienen hasta el próximo 31 de julio para renunciar a sus cargos para postularse para una diputación en los comicios del próximo año.
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La diputada y vocera del oficialismo, Pilar Cisneros, confirmó el pasado 12 de julio que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) será el que represente la continuidad de la administración del presidente Chaves en la campaña electoral.
La agrupación fue fundada por Mayuli Ortega, exfuncionaria de Casa Presidencial, y tiene como secretario general al exministro de Economía, Francisco Gamboa.
Mientras que la exministra de la Presidencia, Laura Fernández, tiene previsto inscribir su precandidatura presidencial con el PPSO el próximo 28 de julio.
