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La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) manifestó esta semana que se opone a la reforma de la Ley General de Contratación Pública que se tramita en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, porque consideró que la iniciativa del Partido Liberación Nacional (PLN) permitiría contratar bienes y servicios, incluyendo la construcción de obra pública, a dedo y sin los debidos controles de legalidad.
Así lo manifestó dicha organización a través de un comunicado, después de que la Contraloría General de la República (CGR) hizo un llamado a que la iniciativa no avance en el Congreso, precisamente porque la institución considera que su efecto es debilitar la legislación en control de los recursos públicos y transparencia en las contrataciones del Estado.
El expediente 24.215 modifica los artículos 2 y 3 de la ley con el objetivo de eximir de cumplir las normas sobre contratación pública al Estado cuando celebre acuerdos de costo compartido con otros Estados, organizaciones internacionales o sujetos de derecho internacional público.
De esa manera, la iniciativa permitiría contratar obras, servicios o bienes sin cumplir con los principios de licitación pública, igualdad y publicidad, al igual que el proyecto de ley jaguar que impulsaba el gobierno de Rodrigo Chaves.
La Cámara de la Construcción alegó que la reforma permitiría la contratación de ese tipo de organizaciones, sin ningún control ni transparencia, sin que medie una licitación que permita la libre competencia ni la selección de la mejor oferta que garantice un uso eficiente de los recursos públicos.
“Esta exclusión incluiría a sujetos de derecho internacional como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que en Costa Rica ejecuta contratos de millones de dólares con diferentes instituciones del Estado costarricense”, aseguró esa Cámara.
Randall Murillo, director de la CCC, enfatizó que la Contraloría ha hecho advertencias sobre esa reforma legal, porque en contratos con la Unops no se han obtenido resultados y, más bien, se han incrementado los costos y los plazos de entrega de los proyectos.
Murillo hizo un llamado a los diputados de la Comisión de Sociales para que enmienden la redacción actual del proyecto y evitar “lo que sería un absoluto debilitamiento y un gran retroceso en materia de control y transparencia de la contratación con fondos públicos”.
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“Con esta modificación a la Ley de Contratación Pública, principios fundamentales como el de transparencia, igualdad o intangibilidad patrimonial no serían aplicables a los contratos que el Estado suscriba con varios de estos sujetos de derecho internacional. Este aspecto es en extremo cuestionable, pues existen fondos de naturaleza pública involucrados”, añadió Murillo.
Jefe del PLN rechaza cuestionamientos
Consultado sobre lo dicho por la CCC, el jefe del PLN e impulsor de la reforma, Óscar Izquierdo, aseguró que es incorrecto decir que la reforma dejaría ciertos contratos sin control ni transparencia.
“La fiscalización sigue existiendo a través de las entidades públicas nacionales que suscriben los convenios. La Contraloría mantiene su potestad de supervisar el uso de los fondos públicos sin interferir con la autonomía de organismos internacionales”, dijo.
Agregó el liberacionista que sí habrá controles adecuados, y comentó que en las mociones de fondo presentadas hay propuestas para fortalecer los controles, al establecer que la contratación deberá justificar la conveniencia, oportunidad y razonabilidad de los costos, para garantizar que las instituciones deban demostrar el impacto positivo y la eficiencia en el uso de los recursos antes de firmar los convenios.
“No es una exclusión indiscriminada, sino un ajuste técnico para garantizar que los convenios de cooperación con organismos internacionales sean tratados conforme a su naturaleza y normativa internacional”, dijo Izquierdo.
También aseguró que la propuesta no busca generar competencia con la Cámara de la Construcción ni afectar la industria de la construcción en el país. “Los convenios con organismos internacionales no buscan desplazar a empresas nacionales, ni reemplazar procesos licitatorios en sectores donde estos son necesarios”, alegó.
