La Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que un proyecto de ley impedirá la debida fiscalización de los contratos públicos a cargo de organismos de derecho público internacional.
Se trata del expediente legislativo 24.215, impulsado por el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, que busca reformar el inciso e del artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública. El plan está en sus últimas etapas legislativas.
El texto eximiría del alcance de la ley a los “acuerdos de costo compartido” que celebre el Estado costarricense con otros estados, organizaciones internacionales o sujetos de derecho internacional público.
Así, la iniciativa permitiría la contratación de obras, servicios o bienes sin el cumplimiento de los principios de licitación pública, igualdad y publicidad, al igual que el proyecto de ley jaguar del gobierno.
La reforma pretendida con la ley jaguar fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional, pues habría disminuido las potestades de fiscalización de la Contraloría General de la República.
La legislación vigente ya excluye de la fiscalización de la CGR los acuerdos celebrados con otros Estados o sujetos de derecho internacional público de carácter humanitario, como la Cruz Roja Costarricense.
Sin embargo, sí está sometida a fiscalización la contratación de bienes, servicios y obra pública, en la que organismos internacionales actúen como contrastistas, si se invierten fondos públicos
Según la Contraloría, la reforma impulsada por el PLN excluiría ese tipo de contrataciones, eliminando la aplicación de los principios de transparencia, publicidad y control que prevé la ley, lo que significaría que la selección del contratista quedaría a discrecionalidad de la autoridad política, sin que la CGR pueda ejercer ningún control. Tampoco los desacuerdos se podrían plantear ante los Tribunales de Justicia costarricenses.
De acuerdo con las advertencias de órgano contralor, la reforma amenaza el principio de licitación, al excluir ese tipo de contrataciones del ámbito de fiscalización, lo que abriría la puerta a adjudicaciones discrecionales y un alto riesgo de corrupción.
Además, eso conllevaría una limitación en la rendición de cuentas, en el acceso de la ciudadanía a la información sobre la ejecución de los proyectos y el empleo del dinero público.
Cancillería se opone a permitir fiscalización de Contraloría
En un criterio enviado a inicios de diciembre del 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuestionó la iniciativa, porque en la moción de texto sustitutivo se incluyó una frase donde se permite que la Contraloría pueda fiscalizar los acuerdos de costo compartido que se financian de forma compartida con fondos públicos nacionales y locales.
Según la Cancillería, la fiscalización de la CGR solamente debe recaer en el ente nacional con el cual un sujeto internacional público suscribe algún acuerdo donde hay fondos públicos de por medio, porque insistieron en que la cooperación se rige por el derecho internacional público.
“Esto implicaría un posicionamiento del Estado costarricense por sobre otros Estados o sujetos de derecho internacional. Tal postura riñe con principios básicos de ese orden normativo. En el caso de acuerdos con otros Estados, el texto sustitutivo violentaría el principio de igualdad soberana”, adujo el criterio de la Cancillería.
Ante ello, la Contraloría aclaró que ni los acuerdos humanitarios, ni los acuerdos o convenios similares, son contratación pública y efectivamente están regulados por derecho internacional público, no sometidos a los controles de la CGR.
Lo que sí está cuestionando es la inclusión de los acuerdos de costo compartido, pues para la Contraloría solo hay un sistema de contratación pública y no hay razón para excluir de su ámbito la contratación a cargo de organismos de derecho público internacional.
En vista de los cuestionamientos se le solicitó un criterio sobre esos cuestionamientos al diputado Izquierdo; sin embargo, no se pudo tener respuesta del vocero verdiblanco.