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La irrupción del movimiento político que se ha venido asentando alrededor de la figura de Rodrigo Chaves ha provocado reacciones de las fuerzas políticas tradicionales que, antes de su llegada al poder, habrían resultado difíciles de imaginar.
Una de ellas es la posibilidad de que el Partido Liberación Nacional (PLN) enfrente las elecciones municipales de 2028 bajo una bandera diferente a la que enarbola desde su fundación, en 1951. La agrupación verdiblanca ha dominado los comicios municipales desde 2006 y ha sido el partido que más alcaldías ha obtenido en cada proceso desde entonces, aunque esa hegemonía se ha reducido de manera sostenida.
En 2006, Liberación consiguió 59 de las 81 alcaldías que estaban en disputa. En 2024, en cambio, obtuvo 29 de las 84. La caída evidencia el debilitamiento de una maquinaria electoral que durante décadas le permitió al PLN trasladar al ámbito local parte de su fortaleza nacional.
José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), explicó que ese “arrastre” se ha debilitado conforme Liberación ha perdido protagonismo en las elecciones nacionales y ha dejado de ser la fuerza dominante que fue durante buena parte de la historia reciente del país.
Pérdida de músculo del PLN abre la puerta a alianzas
En ese contexto, la Asamblea Nacional del PLN aprobó el 22 de agosto una disposición que le permitirá explorar coaliciones con otros partidos políticos y establecer alianzas con organizaciones sociales de cara a las elecciones municipales de 2028.
Para el politólogo Sergio Araya, la decisión revela que dentro del liberacionismo empieza a asumirse como poco viable competir de manera completamente individualizada, una práctica que durante décadas fue habitual para el PLN.
Anteriormente, sostuvo el analista, “era impensable que ese partido se viera a sí mismo buscando alianzas para competir con otras fuerzas en procesos electorales en los que antes por sí solo se bastaba y le sobraba”.
Partidos tradicionales replantean la competencia municipal
La segunda fuerza política que históricamente ha controlado más alcaldías, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también autorizó la exploración de coaliciones, fusiones, integraciones o alianzas de cara a los próximos procesos electorales.
La primera prueba serían las elecciones municipales de 2028, pero la mirada de fondo está puesta en las elecciones nacionales de 2030.
La autorización aprobada por la Asamblea Nacional socialcristiana, además, va un paso más allá de la adoptada por el PLN. La posibilidad de una fusión abre incluso el escenario de que pueda surgir una nueva agrupación política y que el PUSC deje de existir bajo los términos en que fue creado en 1983.
El cambio debe entenderse, además, a partir de las particularidades de las elecciones municipales. A diferencia de los comicios nacionales, en los que se eligen las autoridades del Poder Ejecutivo y los 57 diputados, las elecciones locales están fragmentadas en 84 cantones, cada uno con dinámicas políticas, liderazgos y estructuras electorales propias.
Por eso, la eventual construcción de alianzas no necesariamente tendría que replicarse de manera uniforme en todo el país. Las autoridades partidarias han señalado que las decisiones deberán analizarse territorio por territorio, dependiendo de las fuerzas políticas y liderazgos existentes en cada cantón.
El Partido Acción Ciudadana (PAC) ya dio ese paso. La agrupación recurrió a coaliciones desde las elecciones municipales de 2024 y mantuvo esa estrategia en las elecciones nacionales de 2026, después de la debacle electoral que sufrió en 2022.
El Frente Amplio (FA), por su parte, ya cuenta con autorización en su normativa interna para formar coaliciones o alianzas. Jonathan Acuña, secretario general de la agrupación, confirmó que actualmente el partido mantiene “diálogos exploratorios en cada cantón”.
La decisión final, agregó, corresponderá a las estructuras partidarias de cada territorio, que deberán determinar si resulta adecuado y viable constituir una coalición y con cuáles fuerzas políticas locales.
Acuña también señaló que el excandidato presidencial Ariel Robles está recorriendo los cantones del país para propiciar y acompañar un análisis colectivo sobre la coyuntura política de cada territorio, sus actores locales y las posibilidades de construir alianzas o coaliciones.
Oficialismo busca cubrir vacío de poder en cantones
Detrás de este movimiento de las agrupaciones tradicionales existe un adversario común: el oficialismo, que estará representado en los próximos comicios por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), la agrupación que permitió a Laura Fernández llegar a la Presidencia como parte de la continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves.
El PPSO obtuvo una victoria contundente en las elecciones nacionales del 1.° de febrero, pero ese resultado no garantiza que pueda trasladar la misma fuerza al ámbito municipal.
“Los datos en Costa Rica han mostrado que tener un buen desempeño en las elecciones nacionales no implica automáticamente tener un buen desempeño en las elecciones municipales”, advirtió José Andrés Díaz, del Idespo.
El antecedente más cercano es precisamente el PAC. Durante los dos gobiernos de esa agrupación, su desempeño municipal estuvo muy por debajo del obtenido por el PLN y el PUSC. En 2016 consiguió seis alcaldías y en 2020 redujo esa cifra a cuatro.
Para Díaz, en una elección municipal “lo que se necesita es tener una buena capacidad de movilización y sobre todo tener el apoyo de figuras políticas locales reconocidas”.
Ese músculo territorial es, precisamente, uno de los activos que el movimiento político de Rodrigo Chaves ha intentado construir antes de enfrentar su primera gran prueba municipal.
Durante la administración de Rodrigo Chaves, varios alcaldes y alcaldesas que llegaron a sus cargos con otros partidos políticos —entre ellos PLN, PUSC, Unidos Podemos, Partido Liberal Progresista y Partido Republicano— abandonaron sus agrupaciones de origen y manifestaron su adhesión al movimiento político encabezado por Chaves y, posteriormente, por Laura Fernández.
“Muy posiblemente para tratar de captar ese capital político local que tienen estas figuras políticas y no tener que construirlo desde cero, que es un proceso más complicado y que requiere una cantidad de recursos importantes”, explicó Díaz.
“Tener estructuras políticas locales funcionales es el elemento indispensable para tener un buen desempeño en las elecciones municipales”, agregó.
Alcaldes afines al Gobierno ganan posiciones en el poder municipal
Los movimientos recientes en las organizaciones que agrupan a las autoridades locales muestran que esa disputa por el poder territorial no se limita a los partidos.
La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) escogió para su Junta Directiva 2026-2028 a tres alcaldes y un intendente que han dado su adhesión al oficialista Partido Pueblo Soberano.
El alcalde de San Carlos, Juan Diego González Picado, quien se adhirió al PPSO en noviembre de 2025, fue elegido presidente de ANAI. La vicepresidencia quedó en manos de Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón, quien expresó su respaldo al movimiento desde mayo de 2025.
La vocalía cuarta fue para Héctor Agüero, intendente de Tucurrique, quien se pasó al oficialismo en setiembre de 2025. La fiscalía quedó en manos de Margoth Mora, alcaldesa de Buenos Aires, quien en agosto de 2024 se convirtió en la primera alcaldesa en anunciar su adhesión al movimiento de chavista.
La influencia del oficialismo también alcanzó la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). Gabriela Jiménez fue elegida por unanimidad presidenta del Consejo Directivo de esa organización para el período 2026-2027.
Jiménez llegó al ayuntamiento ramonense mediante el PUSC. Sin embargo, renunció a esa agrupación política para darle su adhesión, en mayo de 2025, al entonces presidente Rodrigo Chaves.
