EscucharLas solicitudes de refugio presentadas por los migrantes deportados por el presidente estadounidense Donald Trump a Costa Rica, aumentaron de 16 a 30 en solo dos meses, pese a que el propósito del plan era la repatriación de los extranjeros a sus respectivos países de origen.
En total son 55 migrantes, de los 200 que el gobierno de Rodrigo Chaves aceptó a acoger, que permanecen en suelo costarricense. Las 25 personas restantes siguen albergadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), ubicado en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá.
El gobierno costarricense solo logró el retorno voluntario de 107 personas a sus países de origen, el 53,5% de los migrantes deportados por Estados Unidos. 33 más salieron voluntariamente hacia otro destino y cinco más lo hicieron sin autorización y sin que se conozca su paradero.
Las nacionalidades de los solicitantes de refugio han cambiado con el tiempo, según datos proporcionados a La Nación por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Hasta el 1.º de julio, las autoridades registraban 18 solicitudes de personas provenientes de China, cinco de la República del Congo, tres de Yemen, dos de la República Democrática del Congo y dos de Angola.
Sin embargo, a finales de abril, los 16 migrantes que habían solicitado esta figura migratoria de protección especial eran todos originarios de China.
¿Quiénes permanecen en el Catem?
Entre los 25 que permanecen en el Catem, la mayoría son ciudadanos de Rusia, con un total de ocho personas. Le siguen Irán y Turquía, con cuatro migrantes cada uno. En tercer lugar, con tres personas respectivamente, se encuentran Afganistán, Armenia y Azerbaiyán.
La Dirección de Migración publicó el lunes 7 de julio, una resolución en el diario oficial La Gaceta para que las 25 personas “que a la fecha se encuentran alojadas voluntariamente” en el Catem, puedan trabajar legalmente en Costa Rica, ya sea por cuenta propia o como asalariados.
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La orden también extiende de tres a seis meses el permiso temporal de permanencia en el país, por razones humanitarias.
El documento amplía las disposiciones de una resolución emitida en abril por la Dirección General de Migración, en la que se estableció un procedimiento especial para regularizar la situación migratoria de los extranjeros que quedaron varados en Costa Rica, tras el fracaso del plan del gobierno de Rodrigo Chaves de repatriar a la totalidad de los migrantes expulsados por la administración de Donald Trump.
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La gestión con Canadá
Aunque en abril Omer Badilla, director de Migración y viceministro de Gobernación y Policía, afirmó a La Nación que se estaban realizando gestiones con el gobierno de Canadá para que recibiera a parte de los migrantes que se niegan a regresar a sus países de origen, ante una nueva consulta sobre estos acercamientos, las autoridades se limitaron a responder que “toda acción que involucre a un tercer país debe realizarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Este medio remitió consultas a la Cancillería y a la embajada de Canadá en Costa Rica, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.
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¿Qué pasó con las mujeres embarazadas?
En cuanto al destino de las mujeres que llegaron a Costa Rica embarazadas, Migración aseguró que solicitaron su retorno voluntario a sus países, por lo que se les practicaron exámenes médicos “con el fin de que contaran con la debida autorización médica para que, por su tiempo de gestación, no se presentara ningún problema y/o complicaciones”.
No se precisó cuántos casos se atendieron ni cuáles eran los países de procedencia de estas mujeres.
Denuncias y una sentencia
Desde que se anunció el acuerdo entre los presidentes Chaves y Trump para convertir a Costa Rica en un puente migratorio, este ha sido fuertemente cuestionado, tanto a lo interno del país, como en el extranjero. Las críticas han provenido de la Defensoría de los Habitantes y de organizaciones internacionales, ante posibles violaciones a los derechos humanos.
El gobierno costarricense también fue denunciado ante la Sala Constitucional y el comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, por presuntos daños irreparables causados a menores debido a las condiciones en las que estuvieron detenidos durante casi dos meses.
Al respecto, la Sala Constitucional afirmó que se lesionó el derecho fundamental a la libertad y otros conexos, de las personas migrantes, al declarar con lugar un recurso de hábeas corpus.
Además, el Tribunal aseguró que “no hubo información oportuna y suficiente sobre el estatus migratorio de las personas tuteladas y su acceso a asesoría legal; tampoco se permitió el libre contacto con los medios de comunicación ni se informó desde un inicio sobre la posibilidad de solicitar refugio”.
Los magistrados ordenaron la liberación de los migrantes en un plazo de 15 días naturales. Además, le ordenó definirles un estatus migratorio de forma individual y fundamentada.
Migración indicó a La Nación que estaban a la espera de la notificación para actuar conforme a derecho corresponda, “siempre velando por los derechos humanos de las personas que se encuentran en el Catem”. Igualmente, negó que se le haya privado la libertad de movimiento a los extranjeros.
