EscucharLos diputados aprobaron este lunes, en primer debate, un proyecto de ley para perdonarle a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) deudas por casi ¢32.000 millones con tres instituciones públicas que se vieron obligadas a prestarle dinero como parte de un plan de reorganización.
Se trata de obligaciones que la Junta mantiene con el Ministerio de Hacienda, en representación del Estado, por más de ¢16.000 millones más los intereses, así como ¢6.500 millones con el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y más de ¢3.200 millones con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).
De acuerdo con la exposición de motivos del expediente 24.097, aprobado en el plenario de la Asamblea Legislativa, con el voto unánime de 48 legisladores, la deuda con Hacienda llega hasta los ¢22.236 millones, sumando los intereses acumulados por Japdeva durante cuatro años sin pagar un solo cinco.
Las deudas se originaron con la ley de Transformación de Japdeva y protección de sus personas trabajadoras, cuyos artículos 5 y 6 establecían una autorización para que las instituciones del sector público no financiero transfirieran a la Junta recursos de superávit libre acumulado al 31 de diciembre del 2019, para cubrir gastos corrientes de la entidad.
Consultado sobre la iniciativa aprobada, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que ve mal la iniciativa de condonar esos préstamos internos de instituciones no financieras.
“Me parece que la institución, cuando recibió los recursos, hace alrededor de 4 años, debió haber realizado la reorganización de la entidad. Hoy tenemos que aceptar las consecuencias de no haber realizado las acciones en tiempo”, acotó el jerarca.
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El origen de las deudas de Japdeva
En principio, Japdeva tenía que devolver lo que le prestaran según las condiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda para sus recursos financieros.
“Japdeva deberá reintegrar estos recursos financieros al Estado, para lo cual el Ministerio de Hacienda deberá establecer las condiciones del financiamiento, incluyendo pagos anuales, periodo de gracia hasta de cinco años y un plazo adicional no mayor de veinte años.
“Al menos el cincuenta por ciento (50%) de los recursos financieros recibidos deberán ser cancelados en efectivo; además, las cuotas serán escalonadas en periodos de cinco años”, estipula el artículo 6 de la ley que financiaría la transformación de la entidad.
En el momento en que se aprobó dicha iniciativa se alegó que la Junta había comenzado a experimentar un desequilibrio económico en sus estados financieros, debido a la entrada en operación de los servicios concesionados a la Terminal de Cruceros de Moín, en manos de APM Terminals.
Ahora, la iniciativa promovida por el diputado Yonder Salas, del Partido Nueva República, con el apoyo de la comisión legislativa que estudia asuntos sobre Limón, alega que la eventual devolución de esos dineros “expone a un riesgo” la estabilidad financiera de la entidad portuaria.
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Entre las justificaciones del proyecto, Salas señaló que la Junta se ha visto afectada por el impacto de la pandemia de covid-19 en las importaciones y exportaciones, en la llegada de cruceros y la crisis de contenedores registrada a nivel internacional.
También mencionó la detención del proceso de reorganización de la institución así como el impedimento que afrontó para acceder a fondos debido al embargo sufrido a consecuencia de una disputa legal planteada por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
“Japdeva se encuentra en la búsqueda del equilibrio financiero. Aún la estabilidad no está consolidada, y de proceder con los pagos, llevaría a una nueva crisis a la institución que ha prestado, presta y busca seguir prestando de manera continua los servicios portuarios que permite la atención de mercancías, que no son atendidas en la TCM”, reza el texto.
