Un año después de que el presidente Rodrigo Chaves calificara la situación financiera de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) como de quiebra, la entidad lucha por mantenerse a flote sin recibir salvavidas del Ejecutivo.
En noviembre pasado, la jerarca de esa entidad, Sussy Wing, había asegurado ante los diputados de Limón que para lograr el equilibrio financiero debía reducir aún más la planilla. Para ese momento, había 353 empleados, cifra que debía bajar a 275.
A la fecha, se mantienen en planilla 292 colaboradores y según el gerente administrativo, Anner García, por ahora no tienen planeados más recortes, aunque aún no se logra el número previsto para el equilibrio.
La atención de un número reducido de buques es actualmente la principal fuente de ingresos de Japdeva. (Japdeva)
“La administración actualmente mantiene la planilla que se encuentra activa en la institución, en este momento no se tiene planeado ceses de personal, sin embargo, de ser necesario retomarlo se procederá de acuerdo con lo facultado por la ley 9764 de la Transformación de Japdeva”, indicó en una respuesta escrita enviada a La Nación.
Consultado sobre la situación actual de la entidad, el funcionario afirmó que Japdeva “cuenta con los clientes necesarios para continuar con la operación normal del puerto durante todo el año”.
No obstante, el funcionario reconoció que lograr el equilibrio financiero dependerá de la materialización de nuevos negocios, proyectos de inversión y el aumento de tarifas que desde hace más de un año tramitan.
Sobre ese último aspecto, informó de que se realizó la gestión ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), y que están atendiendo un “auto de prevención” del ente regulador a fin de dar continuidad al trámite.
Adicionalmente, en agosto pasado, la entidad portuaria firmó un convenio con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para mejorar la estación y terminal a fin de ofrecer servicios de carga.
Entre los negocios citados por la Administración, destacaron bodegas para ofrecer servicios de almacenaje y atracción de nuevos volúmenes de carga a ser movilizados en la terminal Gastón Kogan, en Moín.
De acuerdo con la información de Japdeva, hasta finales de setiembre se habían movilizado más de 25.000 contenedores, que generaron ingresos por ¢6.786 millones (unos ¢750 millones mensuales en promedio). El gasto mensual solo de la planilla es de ¢488 millones, pero a ese rubro se deben sumar gastos operativos y mantenimiento, entre otros.
Según la información, este año se destinaron ¢750 millones para el dragado de mantenimiento en los puestos de atraque de la terminal Gastón Kogan, con lo cual incrementaría entre 1 y 2 metros el calado.
Pago a trabajadores
De manera paralela a estos planes, Japdeva debe definir en el corto plazo con qué recursos pagará los ¢6.000 millones a 1.400 empleados, como ordenó el Tribunal de Trabajoen una sentencia que quedó firme en julio y que puso fin a un conflicto judicial impulsado por el sindicato de esa institución.
Según la entidad, los recursos para cumplir el fallo judicial deberán salir de sus ingresos propios; alegó que la cifra aún no es definitiva.
Para Antonio Wells, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), la deuda debe ser asumida por el Estado. Incluso, afirmó que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como ente rector debería respaldar el pago.
Wells confirmó que aún no está definido el monto a pagar a decenas de trabajadores que fueron cesados y a los que no se les ha reconocido la totalidad de sus prestaciones.
En su criterio, Japdeva tiene una opción de aprovechar la crisis que se vive actualmente en el Canal de Panamá para “agarrar” una porción de ese mercado de buques que actualmente tienen dificultades para atravesar ese estrecho. Además, dijo, el ajuste tarifario pendiente podría mejorar la situación de los ingresos.
La crisis de Japdeva se evidenció en el 2019, cuando entró en operaciones la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), pues a pesar de que desde el 2012 se sabía que la concesionaria APM Terminals asumiría por completo la atención de la carga en contenedores, la cual representaba un 80% de su ingresos, la entidad nunca se preparó para el cambio en el modelo portuario del Caribe.
Tras el inicio de la TCM, Japdeva recibió dos rescates financieros del Estado por ¢55.000 millones; el actual gobierno declinó otorgar nuevos “salvavidas”.
