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La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la derogatoria de los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, que establecían penas de prisión para los periodistas que sean encontrados culpables de delitos contra el honor, como calumnia o injuria.
La iniciativa de ley fue aprobada con el voto afirmativa de 43 diputados; ninguno se manifestó en contra.
La ley derogada data de 1902, pero aún se encontraba vigente. La norma también sancionaba aquellas publicaciones que afecten las relaciones entre Costa Rica y otros Estados.
Esa ley establecía penas de prisión de uno a 120 días. Se sancionaba a los autores de la publicación, los editores y responsables de medios.
La iniciativa para derogar dicha ley fue propuesta por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP).
El legislador señaló que esta decisión del Congreso es un avance concreto en la protección del ejercicio informativo, “al reducir el uso de la Ley de Imprenta como mecanismo de intimidación frente a investigaciones, opiniones críticas y contenidos de interés público difundidos en medios tradicionales y digitales”.
“En los próximos cuatro años, dados los resultados del último proceso electoral, la prensa en Costa Rica necesitará todas las herramientas y condiciones posibles para hacer su trabajo de manera objetiva, sin presiones, para poder ejercer la libertad de expresión. La prensa necesitará garantías para hacer su trabajo sin amenazas de aplicar penas privativas de libertad”, enfatizó Campos.
El PLP denunció que esa norma era un “anacronismo odioso” que no calza con el Estado de Derecho costarricense, “tal y como lo ha señalado en su jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”.
Siguen vigentes las normas del Código Penal que sancionan los delitos contra el honor (injurias, difamación y calumnias). Sin embargo, esas normas sancionan con días multas no con prisión.
IPLEX: un antes y un después
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) aplaudió la decisión de los diputados, aunque señaló haberla solicitado desde hace 20 años.
“Esta reforma marca un antes y un después para la libertad de expresión en Costa Rica. Supone el paso definitivo hacia un modelo donde las responsabilidades derivadas del ejercicio periodístico se ventilan en sede civil y no penal, tal como lo establecen los estándares internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de este acto, el país reafirma su liderazgo regional en la defensa del derecho a informar y ser informado.
Para el IPLEX, esta decisión “honra la lucha de periodistas, juristas y defensores de derechos humanos que durante décadas denunciaron el anacronismo de la Ley de Imprenta. Hoy celebramos una victoria institucional que fortalece la prensa libre, crítica y responsable —pilar esencial de toda república democrática", finalizaron
