EscucharLos diputados aprobaron este jueves, en primer debate, el proyecto de ley para establecer como un delito cuando una persona provoca daños a los dispositivos electrónicos y tecnológicos que utilizan los cuerpos policiales para sus labores.
La iniciativa recibió el voto favorable unánime de los 43 legisladores presentes en el plenario del Congreso.
Se trata de una reforma que busca castigar, por ejemplo, cuando un camionero choca su vehículo contra un escáner utilizado en la lucha antidrogas y esto afecta las labores de persecución del narcotráfico.
La sanción establecida es una pena de prisión entre uno y cuatro años de cárcel.
La reforma fue impulsada por la jefa del chavismo del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, junto con firmas de otros legisladores de diferentes fracciones políticas.
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La iniciativa modifica el artículo 229 del Código Penal, que es donde se describe el castigo por el delito de daño agravado y establece que esa sanción de hasta cuatro años aplicará “cuando el daño se cause contra equipamientos, dispositivos electrónicos o tecnológicos utilizados por una autoridad policial”.
Antes de su aprobación, legisladores del Frente Amplio (FA) destacaron que, pese a los ataques constantes del presidente, Rodrigo Chaves, la Asamblea ha aprobado en dos días tres propuestas del oficialismo relacionadas con seguridad.
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“No se sostiene el relato, no se sostienen los ataques del presidente Chaves”, enfatizó la congresista Priscilla Vindas, integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.
Aprobado plan para autorizar donaciones a la Fuerza Pública
Dos días antes, los diputados también aprobaron el expediente 24.081, del oficialista Daniel Vargas, para establecer la posibilidad de que todos los cuerpos de policía puedan recibir no solo donaciones de bienes muebles o inmuebles, sino también la prestación de servicios a título gratuito, en favor del Ministerio de Seguridad Pública, las policías municipales y todos los cuerpos previstos en la Ley General de Policía.
La iniciativa establece que las donaciones y prestación de servicios no solo no pueden estar condicionadas de ninguna forma, sino que fija la normativa para solicitar de donaciones de bienes y prestación de servicios.
