Más de la mitad de la mercancía transportada a través de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) no fue revisada en el 2024 por los escáneres para detectar trasiego de droga.
Este es uno de los principales hallazgos divulgados, este lunes, por la Contraloría General de la República (CGR) como parte de un informe sobre el estado de los escáneres y otros mecanismos de control no intrusivo en los puertos, aeropuertos y fronteras de Costa Rica para combatir el narcotráfico y la evasión fiscal, así como el ingreso de plagas y enfermedades que afecten al sector agropecuario.
El control no intrusivo consiste en la revisión de mercancía sin necesidad de abrir las unidades de transporte ni interrumpir el flujo del comercio. Además de los escáneres, esa modalidad incluye cámaras, dispositivos de rastreo, básculas y sistemas de información aduanera.
“La gestión del control no intrusivo para la inspección de mercancías en los puntos de ingreso, salida y tránsito del país no cumple, en aspectos significativos, con los criterios del marco normativo y técnico aplicable, debido a deficiencias en tres áreas relevantes: estrategia, estructura y procesos e información”, señaló la CGR.
Según la auditoría, solo un 48% de las unidades de transporte que entraron a la TCM en el 2024 fueron inspeccionadas. Este es el puerto que conecta a Costa Rica con Europa, uno de los principales importadores de cocaína.
Entre las unidades que sí fueron examinadas, se detectaron 17 con carga de drogas y 22 con mercancía subdeclarada o sin declarar.
El informe no detalla la cantidad total de contenedores que pasaron por la principal terminal portuaria del país.
El 27 de setiembre del 2023, durante una gira a Puntarenas, el presidente Rodrigo Chaves afirmó que de la TCM “no ha salido un kilogramo, una onza, ni un gramo, desde que lanzamos la Operación Soberanía”, en referencia a los dos escáneres instalados en ese puerto desde julio de aquel año.
Sin embargo, desde entonces, varias toneladas de cocaína han llegado a puertos en Europa y Asia que habrían burlado los escáneres colocados en Moín o no fueron revisados en esos dispositivos.
Por ejemplo, en setiembre pasado, un contenedor pasó por el escáner sin que se activara la alerta de que llevaba más de una tonelada de cocaína, escondida en medio de harina de yuca, con dirección hacia Amberes, Bélgica. Cuando estaba en la “manga” de embarque, una revisión adicional con un perro especializado de la Fuerza Pública identificó trazas de la droga.
Otras veces, la droga no fue detectada en ningún punto, como los 350 kilos de cocaína que llegaron a España desde Moín, en octubre.
Ante los decomisos realizados en puertos europeos, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, alegó que ataques contra los escáneres habían frustrado su objetivo de evitar que los grupos organizados que operan en suelo costarricense siguieran trasegando drogas.
Este lunes, La Nación le pidió una reacción al Ministerio de Seguridad Pública y a su ministro sobre el informe de Contraloría, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Balance general
El informe de la CGR también indica que un 73% de la mercancía que fue movilizada en el 2024 en todos los puertos y fronteras no fue inspeccionada, a pesar de que las leyes vigentes pretenden que el 100% de las mercancías de importación y exportación sean revisadas.
La plataforma aduanera TICA (Tecnología de Información para el Control Aduanero), utilizada para la gestión de importaciones y exportaciones, registró 1,4 millones de declaraciones únicas aduaneras (DUA) durante el año anterior, con una declaración de impuestos por ¢1,7 billones.
El ente contralor detalló que de los nueve puntos de control (cinco fronteras terrestres, dos puertos y dos aeropuertos), solo en dos puertos existen controles no intrusivos.
Moín tiene diez básculas, tres escáneres integrados con cámaras que reconocen las matrículas y los números de identificación de las unidades de transporte. En tanto, Caldera cuenta con cuatro básculas que registran el peso de las unidades de transporte.
Caldera todavía no cuenta con escáner, pero está previsto que reciba uno de los dos dispositivos donados por Estados Unidos y recibidos desde hace cuatro meses, el 15 de noviembre pasado, con un valor declarado en aduanas de ¢1.902 millones.
El otro se instalaría en el muelle Gastón Kogan, en Moín, de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Al 28 de febrero, el Ministerio de Seguridad Pública reportó que los equipos permanecen en su custodia sin ensamblar ni instalar.
Además, los dos principales puestos fronterizos contarían con equipos nuevos de control no intrusivo.
Sin embargo, la CGR señaló que los proyectos llevaban “un bajo nivel de avance”. En Paso Canoas (zona sur), desde el 25 de junio de 2024 hay un espacio para instalar un escáner, pero aún no se ha definido de adónde saldrá el dinero para comprarlo.
Mientras que en Peñas Blancas (zona norte) se adquirieron dispositivos de identificación por radiofrecuencia en octubre del 2024 y una balanza en diciembre de ese año, pero estos siguen sin usarse porque el sistema informático que integrará ambos componentes está en desarrollo.
Falta coordinación
La CGR también llamó la atención a los ministerios de Hacienda, Seguridad Pública, Comercio Exterior y Agricultura por no coordinar la gestión de los controles no intrusivos, pues cada institución los administra de forma independiente.
El decreto ejecutivo 44362-H-COMEX-MAG-MSP, del 13 de diciembre del 2023, asignó la coordinación al MSP, pero según la CGR, la entidad no ha creado mecanismos para coordinar, ejecutar y supervisar la materia.
“Las políticas institucionales no se encuentran alineadas y se carece de mecanismos formales de coordinación interinstitucional. Esto limita la capacidad de una respuesta integral, coordinada y oportuna en la inspección de mercancías”, expuso la auditoría.
“Estas debilidades afectan la capacidad del Estado para detectar mercancías no declaradas o ilegales, generar información confiable para la toma de decisiones y garantizar el cumplimiento de las normas aduaneras”, agregó.
La Contraloría indicó a los cuatro ministerios crear una instancia de coordinación interinstitucional a más tardar el 30 de mayo, así como una certificación de su funcionamiento a más tardar el 29 de agosto.
De igual forma, al 5 de diciembre deberán haber informado sobre la instalación y funcionamiento del equipo de control no intrusivo en todos los puertos y fronteras del país.