El gobierno de la presidenta Laura Fernández no ha definido una posición clara sobre la reforma al Código Procesal Penal que busca agilizar los juicios y reducir la mora judicial, pese a sus reiteradas críticas al Poder Judicial por la lentitud en la resolución de procesos.
Consultada por La Nación sobre si “respalda el Poder Ejecutivo esta reforma para hacer más ágiles los juicios”, Casa Presidencial indicó que aún se encuentra en fase de análisis del proyecto y no confirmó un respaldo explícito a la iniciativa.
“Estamos haciendo los análisis correspondientes para determinar si es necesario hacer cambios al proyecto, en virtud de las observaciones que hicieron distintos actores, como la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de la República (PGR) y otros, y que constan detalladamente en el expediente legislativo”, señaló la Presidencia.
Fuera de las prioridades de Zapote
La iniciativa —expediente 24.913— fue elaborada por el Poder Judicial y presentada en el Congreso por el expresidente legislativo Rodrigo Arias. Aunque cuenta con dictamen afirmativo de mayoría en la Comisión de Asuntos Jurídicos, no avanzó durante el periodo de sesiones extraordinarias recientemente concluido.
Durante ese periodo —cuando el Ejecutivo define la agenda legislativa— el proyecto no fue convocado. Tampoco lo fue en el último tramo de la administración del presidente Rodrigo Chaves.
Ante esto, Casa Presidencial defendió su decisión de congelar la propuesta de ley. “La decisión de qué se convoca y qué no en el periodo de sesiones es entera y exclusivamente del Poder Ejecutivo y, en ese sentido, se determinó que pudieran avanzar los proyectos que fueron conocidos en los últimos tres meses”, afirmó Zapote.
Sobre la aparente incongruencia entre los cuestionamientos del gobierno anterior y la administración actual al Poder Judicial por no garantizar una “justicia pronta y cumplida” y la decisión de no convocar un proyecto que precisamente busca agilizar los procesos, el Ejecutivo evitó profundizar.
“Como se indicó anteriormente, es decisión del Ejecutivo lo que se convoca o no”, se limitó a responder.
Aunque no fijó una postura sobre el proyecto específico, el Gobierno aseguró que, en términos generales, está abierto a respaldar reformas judiciales, incluso si provienen del propio Poder Judicial, con el que mantiene una abierta confrontación.
“Siempre y cuando las propuestas vengan a mejorar la administración de justicia en beneficio de los ciudadanos, sobre todo de las víctimas, y contribuyan a resolver los grandes problemas que tiene el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo apoyará cualquier reforma sin importar quién sea su proponente”, indicó Casa Presidencial.
Poder Judicial pide aprobar reforma
En medio de la falta de impulso político a la iniciativa, desde el propio Poder Judicial han insistido en la necesidad de aprobarla. La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, hizo un llamado directo a los diputados el pasado lunes, al finalizar una audiencia ante la Comisión de Nombramientos del Congreso, donde fue cuestionada por legisladores oficialistas sobre la mora judicial.
“Nos dicen que cómo podemos avanzar en materia penal. Hay una propuesta legislativa en esta Asamblea, para nosotros poder avanzar y dar una respuesta más ágil; eso está presentado desde hace días y aprobado por una comisión. De manera que yo insto a esta casa a que promulguen esa ley, porque eso nos ayudaría a nosotros a dar una respuesta más ágil”, afirmó.
¿Qué propone el proyecto de ley?
El proyecto impulsado por el Poder Judicial plantea tres grandes cambios, orientados a agilizar los procesos penales y aumentar la capacidad de respuesta del sistema judicial.
Uno de los ejes centrales es la ampliación de los casos que pueden ser conocidos por tribunales unipersonales. Actualmente, estos estrados conocen solo expedientes sobre delitos con penas de hasta cinco años de prisión. La reforma propone extender ese límite a delitos sancionados con penas de hasta diez años de prisión.
El Poder Judicial estima que cerca de un 80% de los casos podrían tramitarse bajo esta modalidad, frente al 60% actual.
Otro de los puntos clave apunta a reducir los atrasos provocados por la inasistencia de abogados defensores. En la práctica, los señalamientos de juicios suelen postergarse durante meses o incluso años cuando los representantes legales alegan conflictos de agenda.
La propuesta establece que si el abogado no puede asistir, el imputado contará con un plazo máximo de cinco días para designar un sustituto; de lo contrario, se le asignará un defensor público. La medida pretende evitar dilaciones innecesarias y garantizar la continuidad de los procesos.
El tercer eje se enfoca en fortalecer la audiencia preliminar como etapa clave del proceso penal. Para ello, se plantea declarar en rebeldía a los imputados que no se presenten sin justificación, con el fin de evitar que esta fase se convierta en un trámite meramente formal.
Asimismo, se propone que esta audiencia sea el último momento procesal para optar por salidas alternas o procedimientos abreviados, lo que obligaría a las partes a definir con mayor claridad su estrategia desde etapas tempranas y contribuiría a una resolución más expedita de los casos.