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La activista Mia Fink interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) debido al operativo policial anunciado para la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernandez del próximo 8 de mayo.
Según explicó Fink, la acción legal busca frenar la directriz que contempla el despliegue de policias vestidos de civil para identificar e intervenir grupos que pretendan manifestarse en las cercanías del Estadio Nacional, sede del acto oficial.
“Aquí en Costa Rica defendemos el derecho a reunión, asociación y manifestación de todas las personas”, expresó la activista a través de sus redes sociales.
En su petitoria, solicita que se declare con lugar el recurso y requiere lo siguiente:
- Que se le ordene al MSP anular el despliegue de fuerzas policiales de civil con la finalidad de impedir protestas durante y alrededor del traspaso de poderes del próximo 8 de mayo del 2026, y constatar que la presencia de las fuerzas policiales sea única y exclusivamente para resguardar la seguridad del recinto y no para impedir o criminalizar dichas manifestaciones.
- Que se le ordene al MSP asegurar los mecanismos necesarios para proteger y garantizar el derecho a la reunión, asociación y manifestación durante y alrededor del traspaso de poderes del próximo 8 de mayo del 2026.
" Lo revisé con dos profesionales en Derecho. Esperemos la Sala lo pueda admitir. Si no, al menos no nos quedamos en silencio ni con la duda", agregó Fink.
En otra publicación, la activista advirtió que el anuncio del operativo carece de claridad sobre el sustento legal de las intervenciones y señaló posibles riesgos de detenciones arbitrarias. Fink sostiene que estas acciones podrían contravenir el artículo 26 de la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Debemos prestar mucha atención a lo que va a pasar el 8 de mayo para proteger nuestros derechos como ciudadanos. Es importante que conozcamos nuestros derechos. No dejemos que nos arrebaten lo que es nuestro y no dejemos que nos arrebaten nuestra libertad de expresión, que como ciudadanía tenemos garantizado a nivel jurídico y a nivel legal”, expresó.
Operativo genera cuestionamientos
La acción legal surge luego de que el jefe de operaciones del MSP, Freddy Guillén, indicara que el Gobierno desplegará oficiales de civil para detectar e “intervenir” a grupos manifestantes durante el traspaso de mando. El operativo abarcará un perímetro superior a un kilómetro alrededor del Estadio Nacional.
“A través de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (del Ministerio de Seguridad) tenemos distribuidos desde el centro de San José, y otros puntos, oficiales de civil que van a estar identificando e individualizando grupos que se quieran organizar y desplazarse al Estadio Nacional para ser intervenidos de previo", dijo Guillén el 27 de abril en conferencia de prensa, sin embargo, no precisó la base legal para dichas intervenciones, lo que ha generado cuestionamientos.
El traspaso de poderes se realizará el 8 de mayo a las 11:00 a. m., cuando el presidente Rodrigo Chaves entregue la banda presidencial a la mandataria electa Laura Fernández.
