
El rechazo de Costa Rica a términos como “violencia reproductiva” y “masculinidad patriarcal” ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), se dio en el marco de dos resoluciones adoptadas por ese órgano, que buscan reforzar la protección de mujeres y niñas frente a distintas formas de violencia.
Se trata de las resoluciones A/HRC/62/L.21/Rev.1, sobre derechos de mujeres y niñas en situaciones humanitarias, y A/HRC/62/L.24/Rev.1, enfocada en la erradicación del matrimonio infantil, precoz y forzado.
Aunque el país alegó que estos conceptos no están definidos en tratados internacionales vinculantes, los propios textos detallan los fenómenos que intentan abordar y las acciones que promueven.
La postura expresada por el gobierno de Laura Fernández habría estado influenciada por sectores evangélicos conservadores, según indicó la diputada oficialista y pastora evangélica Kattya Mora, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
La legisladora aseguró que el pronunciamiento respondió a gestiones impulsadas desde su despacho y lo vinculó con la defensa de principios como la vida, la familia y la autoridad parental.
Violencia reproductiva

De acuerdo con la resolución A/HRC/62/L.21/Rev.1 del Consejo de Derechos Humanos, la “violencia reproductiva” comprende prácticas como la imposición o negación de métodos anticonceptivos, el embarazo, aborto o esterilización forzados.
El documento también vincula este concepto con otras prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado o la mutilación genital femenina, e incluso con actos realizados con la intención de destruir a un grupo.
Bajo este enfoque, la resolución plantea que estas conductas no deben analizarse de forma aislada, sino como parte de patrones más amplios de violencia que requieren respuestas integrales.
Por ello, exhorta a los estados, agencias de la ONU y actores humanitarios a establecer mecanismos accesibles y seguros de denuncia, brindar atención médica —incluida la salud sexual y reproductiva—, apoyo psicosocial, asistencia legal y medidas de reparación, con enfoques centrados en las víctimas y sin revictimización.
Además, insiste en que la prevención pasa por atender las causas estructurales de la violencia de género, incluyendo normas sociales discriminatorias, y por involucrar a comunidades, líderes locales, hombres y niños en ese proceso.
Masculinidad patriarcal
El término “masculinidad patriarcal” aparece en la resolución A/HRC/62/L.24/Rev.1, relacionada con el combate al matrimonio infantil. El documento no ofrece una definición formal, pero lo incluye dentro de las normas sociales y estereotipos de género que perpetúan la desigualdad, junto con el sexismo y la misoginia.
En esa línea, el Consejo de Derechos Humanos plantea que erradicar prácticas como el matrimonio infantil no solo pasa por cambios legales, sino también por transformaciones culturales. Por ello, promueve la participación activa de hombres y niños en la construcción de modelos de conducta basados en el respeto, la igualdad y la corresponsabilidad.
Una presentación de la Oficina Independiente de Evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), vincula este concepto con prácticas que buscan “mantener las desigualdades de género, siendo la violencia contra mujeres y niñas su expresión más extrema”.
¿Qué buscan las resoluciones?
Ambos textos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos insisten en la necesidad de:
- Prevenir la violencia contra mujeres y niñas en contextos humanitarios
- Erradicar prácticas como el matrimonio infantil, precoz y forzado
- Garantizar servicios integrales de atención a víctimas
- Promover cambios en normas sociales que perpetúan la desigualdad de género
También incluyen llamados a fortalecer la cooperación internacional y el financiamiento para atender estas problemáticas.
El argumento de Costa Rica
Durante su intervención del 8 de julio en Ginebra, el consejero de la misión de Costa Rica ante la ONU, Gustavo Armando Corella Cordero, dejó constancia de la “desvinculación” del país respecto a estos términos.
Según la declaración oficial, términos como “violencia reproductiva” o “masculinidad patriarcal” “no han sido definidos ni acordados en ningún tratado internacional vinculante” y su incorporación podría representar una “expansión no autorizada” de esos instrumentos.
La delegación también advirtió que estos enfoques podrían entrar en conflicto con el ordenamiento jurídico interno, aludiendo a normas como el artículo 21 de la Constitución Política, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 143 del Código de Familia.
Además, Costa Rica señaló que el concepto de género debe entenderse únicamente según el artículo 7.3 del Estatuto de Roma.
Diputada y pastora evangélica hizo gestión
Tras la intervención, la diputada oficialista y pastora evangélica Kattya Mora (PPSO) aseguró en su cuenta de Facebook que la posición del país respondió a gestiones realizadas desde su despacho.
“Costa Rica reafirma su respeto por la vida, por la correcta conceptualización del término género, la masculinidad, la femineidad, la familia natural y la autoridad parental”, escribió la legisladora al compartir el video de la intervención.
