Costa Rica ha sido dotada por la naturaleza de caudalosos ríos y valles que permiten almacenar agua y utilizarla como fuerza para la producción de energía eléctrica. Pocos países en el mundo tienen la enorme capacidad de producción de energía hidroeléctrica como nosotros. A eso se suman otras posibles fuentes, todas limpias, amigables con la naturaleza, como son la eólica, la geotérmica y hasta la obtenida a partir de fuerzas marinas.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), creado como un ente estatal autónomo, desempeñó, en un momento histórico, un papel clave en la producción de energía y con su aporte Costa Rica logró rápidamente extender la cobertura energética a una alta proporción de la demanda potencial. Mas, pareciera que, con el paso del tiempo, al ICE se le consideró como un fin en sí mismo, no como fue el deseo cuando se creó: ser un medio para dotar a la población de un servicio público básico. Al ICE se le ha reservado una grandísima parte del mercado eléctrico nacional y, en general, ha habido una inexplicable oposición a la entrada de productores privados a la actividad.
Las tarifas de la energía eléctrica son un componente importante del costo de vida de las familias costarricenses y también una parte importante de los costos de producción de empresas cuyo desempeño se produce en sectores intensivos en el uso de energía eléctrica, como son el metalmecánico, el de plásticos y el de alimentos, entre otros. Por ello, la conducta de las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad es objeto de regulación y también debe serlo de cercana y eficaz supervisión superior. Esto aplica, fundamentalmente, para las actuaciones del ICE, por ser todavía el actor principal en nuestro país.
Bajo el titular “Inversión se aleja para no pagar luz más cara del Istmo”, el pasado 5 de enero publicamos, de manera resumida, el contenido de un estudio preparado por la Comisión para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), divulgado en diciembre, el cual concluye que en Costa Rica se cobran las tarifas eléctricas más elevadas de todo el Istmo centroamericano y, también queda en desventaja al comparársele con los Estados Unidos y los países europeos. Lo anterior ocurre en todos los sectores consumidores de energía: residencial, comercial e industrial.
Las altas facturas del consumo residencial aumentan el costo de vida de la población; además, lo afectan, por la vía de los precios, los del sector comercial y el industrial. Pero en el último, el industrial, también opera otro fenómeno: los costos relativamente altos hacen perder competencia a las empresas domiciliadas en Costa Rica que producen para la exportación o compiten con productos importados, y hasta contribuyen a alejarlas del país. Voceros autorizados del sector privado así lo han manifestado.
Jorge Sequeira, representante de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), ente dedicado a la atracción y retención de inversiones en el país, sostiene que el costo de “la luz es un factor clave que consideran las empresas, especialmente por el creciente uso de robots en procesos de transformación y manufactura”, por lo cual al planear su ubicación las compañías comparan, entre otros, los costos de la energía eléctrica en los países donde potencialmente podrían domiciliarse.
Para otros observadores, por ejemplo, para el presidente de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), “es conocido que Costa Rica ha incorporado proyectos muy costosos en su matriz eléctrica durante los últimos años”. En palabras del vocero de Cinde, además, nuestro país “sigue ‘atrincherado’ a un único proveedor, cuyos costos son muy elevados y que hace plantas dos o tres veces más caras de lo previsto”. El problema continuará si no enfrentan sus causas.
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Ese único proveedor, que pareciera operar con altos costos, no es otro que el ICE. Procede, entonces, que su actuar sea revisado con más profundidad que como normalmente lo hace la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), pues estamos en presencia de un actor que, si bien fue creado para facilitar el acceso a los servicios eléctricos a todos los usuarios, familias y empresas del país, con el paso del tiempo podría haberse convertido en parte de un grave problema.