Costa Rica se considera un país caro, y en algunos segmentos de nuestro mercado la situación perjudica claramente al consumidor.
Esta situación es particularmente obvia en lo referente a los precios de los medicamentos en el país. Hace algún tiempo se advertía la diferencia entre el precio de las medicinas entre Costa Rica y Nicaragua, más baratas en el vecino país. Esta diferencia se justificaba en el nivel más bajo de ingreso en Nicaragua, comparado con el de Costa Rica.
Comparación. Esta explicación pierde validez si pasamos a comparar los precios con los de países de niveles de ingresos más altos que los nuestros. Tal es el caso de España, donde el ingreso per cápita es de $26.500 al año, frente al de Costa Rica, de apenas $12.000 anuales.
Algunos medicamentos de uso común en ambas naciones muestran grandes diferencias de precios. Por ejemplo:
- Micardis 80 mg, caja de 28 unidades vale ¢26.500 aquí y ¢13.200 en España.
- Nexium de 20 mg, caja de 28 unidades, ¢18.760 aquí y ¢8.295 en España.
-Voltarén de 75 mg, caja de 40 unidades, aquí ¢34.000 y en España ¢1.652.
- Citromax de 3 comprimidos de 500 mg, ¢6.180 aquí y ¢3.715 en España.
- Crestor de 20 mg, caja de 28 unidades, ¢35.600 aquí y ¢13.887 en España.
- Lexotan de 3 mg, ¢12.070 aquí y ¢10.530 en España.
- Omeprazol de 20 mg, caja de 28 unidades, ¢6.580 aquí, ¢1.600 allá. (Precios en colones. Tipo de cambio: 670 colones por euro).
Consumidor perjudicado. Estas diferencias tan notables –algunas de ellas insólitas como es el caso del Volatarén– nos muestran a todas luces que el mercado de medicamentos no está funcionando bien en nuestro país y que el consumidor está siendo perjudicado.
Es importante destacar que en España, país de la comparación, están regulados los precios y no varían de un establecimiento a otro. ¿Quiénes se benefician de este negocio? ¿Qué acciones deben tomarse para frenar esta delicada situación?
De lo que he podido verificar, sí queda claro que las farmacias no son las responsables de esta situación. Un grupo reducido de las distribuidoras fija el precio –desconozco cómo lo fijan y a qué precio adquieren los productos– , pero las farmacias individuales no son las que provocan las diferencias señaladas en este artículo.
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Debate viejo. No es la primera vez que este debate se pone sobre la mesa y surge la duda razonable de si han prevalecido las presiones de las compañías transnacionales farmacéuticas y los distribuidores mayoristas locales.
Obviamente, el Estado está obligado a cumplir su papel para garantizarle al consumidor precios más justos y razonables. Y cabe hacerse una última pregunta: ¿cuán perjudicada sale la Caja Costarricense de Seguro Social ante esta preocupante situación que afecta sustancialmente los bolsillos de los consumidores?
El autor es economista.
