Medida por el tamaño de su presupuesto, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una de las más grandes entidades del sector público descentralizado. Salarios, depreciaciones y compra de medicamentos son los rubros más abultados del gasto. En medicinas, la institución gasta alrededor de ¢180.000 millones anuales. El problema es que el proceso de compras aparentemente no está a la altura, lo cual se traduce en altos costos de aprovisionamiento, posible corrupción y faltantes periódicos de fármacos necesarios para los pacientes asegurados.
La administración económica de inventarios, por medios manuales y con uso de programas de cómputo, no es difícil. Solo requiere de cuidado y eficaz supervisión. Todas las empresas (desde ferreterías, farmacias y supermercados hasta tiendas de repuestos y otras) deben manejar adecuadamente sus inventarios. El costo de que en la CCSS no se haya hecho lo soportan las finanzas institucionales, los pacientes y la población asegurada.
Los malos manejos del proceso de proveeduría institucional han llevado al desabastecimiento de medicinas y equipos de mucho uso, según informó este diario. De acuerdo con la arquitecta Gabriela Murillo Jenkins, del Área de Infraestructura y Logística de la CCSS, en los dos años que van de enero del 2014 a diciembre del 2015, la CCSS debió hacer “compras de emergencia” por ¢225.000 millones, o sea, un 63 % del total. Eso indica, ni más ni menos, que la excepción (compras a la carrera, en vez de hacerlas de conformidad con un programa establecido) opera como la regla. La implicación, dice la arquitecta Murillo, es que los productos adquiridos resultan hasta un 30 % más caros que cuando se sigue el proceso normal de compras mediante licitación.
Los procesos de compra a la carrera también obligan a recurrir a proveedores que han incumplido obligaciones con la CCSS. Para sumar a los males, la unidad legal parece adormecida a la hora de ejecutar procesos sancionatorios. Todos esos factores obligaron a intervenir el área especializada: la Gerencia de Logística.
Los pacientes y funcionarios comprometidos con su trabajo sufren el desorden, pero algunos podrían obtener beneficios. Lucran quienes participan de las ventas de emergencia, pues —al no tener competencia o, al menos, al verla significativamente reducida— pueden subir los precios y, aun así, colocar sus productos. Por las enormes sumas de dinero involucradas, esto debe ser investigado a fondo porque, así como se requiere de dos para bailar tango, aquí podrían mediar indeseables componendas entre proveedores y funcionarios institucionales.
La Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva de la CCSS deben tomar cartas en el asunto, pues problemas de esta naturaleza no deben darse en una entidad que administra tantos recursos de la sociedad costarricense. Alabamos la intervención y el trabajo correctivo que, bajo la guía de la arquitecta Murillo Jenkins, actualmente lleva a cabo la CCSS.
La experiencia de la Gerencia de Logística apunta a la necesidad de revisar y evaluar los principales procesos de la institución de conformidad con los criterios estándares de eficiencia utilizados en cualquier otra empresa de mediano tamaño, pública o privada.
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La difícil situación fiscal por la que atraviesa el sector público costarricense, del cual la CCSS forma parte, obliga a optimizar el uso de los recursos, y casos como el descrito deben ser objeto de atención inmediata. Todas las compras del Estado deben someterse a programación y competencia, de conformidad con las mejores prácticas. Son muchos los ahorros potenciales, además de reducir el problema de desabastecimiento.
