¿Una lista de supermercado, señor presidente?

El martes 21 de abril le presenté al presidente Rodrigo Chaves, en plena sesión de la Comisión de Enlace, el Informe de Cumplimiento de Indicadores 2025, el mecanismo que su propio gobierno acordó con las universidades públicas para medir nuestro desempeño. Los resultados son contundentes: 17 de 20 indicadores alcanzaron o superaron el 90% de cumplimiento. Once superaron el 100%. Algunos llegaron al 400%. Su respuesta fue llamar a esa rendición de cuentas una “lista de supermercado vergonzosa”.

Permítame contarle a usted qué hay en esa lista. Hay 53.802 estudiantes de bajos ingresos con beca socioeconómica, 43.316 de ellos con exoneración total de matrícula. Hay 389 jóvenes indígenas en las aulas universitarias (110 más que el año anterior), representando el 90% de todos los graduados de secundaria de sus comunidades. Hay 49.159 estudiantes matriculados en sedes regionales, el máximo histórico, porque la universidad pública ya no es solo una realidad del Valle Central. Hay 367 carreras acreditadas y 3.026 proyectos de investigación vinculados con sectores productivos. Lo que para el señor presidente es una lista de supermercado, para Costa Rica es el rostro de un país que apuesta por sí mismo.

Ante esta evidencia –verificada, documentada, presentada también ante doña Laura Fernández–, el Ejecutivo no ajustó su posición: cambió el argumento. Si antes la crítica era que las universidades no rendían cuentas, ahora el problema es la redistribución interna del FEES. Es decir, cuando los datos no respaldan el discurso, se cambia el blanco. Eso no es negociación, es descalificación con otros medios. Y lo más grave es que don Rodrigo Chaves, tras cuatro años liderando el Poder Ejecutivo, se va de la presidencia desconociendo que la redistribución se trabaja con rigor en el Conare desde el año 2004, con principios aprobados, con transparencia y con resultados. Reducirla a pretexto para justificar un congelamiento presupuestario es deshonesto con la historia y con los hechos.

Porque eso es exactamente lo que propone el gobierno: congelar el FEES. Y congelarlo no es una decisión neutra. En un contexto donde todos los entes competentes coinciden en que la inflación subirá y lo que negociamos es el presupuesto 2027, congelar es recortar. Es recortar becas para estudiantes en pobreza extrema. Es cerrar cupos en regiones donde solo llega la universidad pública. Es detener proyectos de investigación que resuelven problemas reales. Es decirle a un joven indígena o con discapacidad que su futuro se congela. Esas consecuencias tienen rostro, nombre y apellido.

Señor presidente, ¡¿qué tiene que ver todo esto con un kilo de arroz o una caja de leche?! Aunque de su sarcasmo podemos sacar una analogía: la lista de supermercado de un estudiante universitario becado, que llega desde una comunidad rural o indígena y estudia gracias al FEES, no se parece en nada a la de quienes hoy deciden que invertir en educación pública es un lujo prescindible. La diferencia entre esas dos listas es exactamente el debate que estamos teniendo. Y en ese debate, las universidades públicas representamos a quienes menos tienen y más necesitan al Estado.

La negociación del FEES no es una discusión contable. Nunca lo ha sido. Es, ante todo, una decisión sobre el rumbo del país, sobre si Costa Rica seguirá siendo la nación que apostó por el conocimiento como palanca de movilidad social, o si empezará a debilitar ese proyecto que nos ha definido.

Por eso, la pregunta que le planteo al gobierno no es técnica ni presupuestaria, sino profundamente política: ¿doña Laura, qué Costa Rica quiere construir? ¿Una que amplía oportunidades o una que corre el riesgo de limitarlas? Conversemos; este también es un momento para tender puentes y fortalecer coincidencias.

Cuando una estudiante de primera generación universitaria cruza la puerta de una sede regional, está cambiando el rumbo de su familia, de su comunidad y de su país. Y eso, señor presidente, señora presidenta electa, trasciende cualquier cifra.

Jorge Herrera Murillo es el rector de la Universidad Nacional (UNA) y el presidente de Conare.