Escuchar
En enero pasado, el 12 de ese mes, La Nación publicó un editorial que en la versión impresa se tituló “Jóvenes, el ejército del negocio narco”, el cual me ha motivado para escribir este texto.
El editorial mencionado se refiere muy certeramente a los jóvenes como el “ejército” del narcotráfico. Y menciona la situación de desamparo en que el Estado costarricense ha dejado a la población juvenil al permitir una caída de la inversión social pública “del 78,8% en 2010 al 68,1% en 2024, con evidente descuido en educación, salud y desarrollo”.
Se señala también cómo el Índice Global de Crimen Organizado 2025 advierte de que “en Costa Rica, las bandas criminales se aprovechan de la pobreza, la deserción escolar y la desintegración familiar para reclutar a menores en el trasiego de drogas”. En 2025, además, el 67% de las víctimas tenía entre 18 y 39 años, y otras, el 6%, eran menores de edad, según fuente oficial citada en ese mismo texto.
Ahora bien, a 77 años de la abolición del ejército por José Figueres Ferrer, el gran caudillo vencedor de la guerra civil de 1948, es evidente que los costarricenses no hemos valorado plenamente tan singular conquista. Con todo, pese a los muchos beneficios sociales y personales que esta medida nos aportó como comunidad, con el paso de los años nos damos cuenta de que el ejército, con su servicio militar, cumplía una función social y educativa nada despreciable entre los jóvenes, semejante a la de la escuela pública de entonces, el gran crisol democratizador: los extraía de distintos medios sociales en toda la geografía del país; les enseñaba cierta disciplina de la que a menudo carecían; les señalaba metas comunes teóricamente dirigidas hacia su propio beneficio y el de toda la comunidad; les insuflaba un cierto respeto y cariño por todo lo nacional; les hacía sentirse útiles y, sin duda, los tenía ocupados en algo que daba sentido a sus vidas.
Hoy, en contraste, son muchos los jóvenes que desertan muy pronto del sistema educativo. Otros más permanecen en él, pero lo hacen a desgana y, aun graduados, dan la impresión de seguir tan inmaduros y desorientados como cuando ingresaron.
Numerosos son, asimismo, los hogares donde, con la pérdida del principio de autoridad, ha desaparecido toda responsabilidad sobre la formación moral de los hijos. Por otro lado, aparte de que son escasos y mal remunerados los empleos para quienes carecen de las destrezas, la disciplina y la formación moral para integrarse al mundo del trabajo, las tentaciones consumistas del mundo moderno (el dinero fácil de las drogas, por ejemplo) acaban por atraer a estos jóvenes hacia su propia perdición y la angustia de los suyos. Resultados: egoísmo, vagancia, excesiva vida nocturna, espíritu vacuo y fiestero, ánimo “piquetero”, drogas, violencia y delincuencia multifacéticas.
Este país requiere un servicio social para jóvenes de uno u otro sexo, estudiantes o trabajadores, o totalmente desocupados, que acabe con tanta flojera y desorientación. Hay muchas maneras de concebirlo, sobre todo ahora, en vísperas de un cambio de administración del Estado y la llegada deseada de un equipo de ejecutivos y diputados jóvenes con mentalidad de futuro.
Hay dos ministerios implicados (Educación, Cultura), pero lo ideal sería no embarcarse en proyectos faraónicos y desfinanciados: desde aquí, se propone como responsables a las municipalidades, como el agente político y social más cercano a los ciudadanos, incluso sujeto a un control más directo y, supuestamente, menos plagado por la burocracia. En líneas generales, se trataría de ofrecer un servicio real a las comunidades, no proyectos improvisados y como para salir del paso.
Por poner algunos ejemplos: ancianos abandonados que viven solos, sin nadie que les haga compañía ni mandados urgentes; enfermos que nadie atiende ni visita; personas mayores deseosas de alfabetización de todo tipo; niños desatendidos mientras sus padres trabajan afuera; vecindarios sucios por desinterés municipal; jardines descuidados; pequeñas huertas por hacer o atender; arbolitos faltos de cuidados y expuestos al vandalismo, etcétera.
No necesariamente deben ser cosas complicadas, pero sí con el potencial necesario para insertar a los jóvenes en sus comunidades e inspirar en ellos valores altruistas muy necesarios. En suma: darles mucho sentido a sus propias vidas y calor humano a personas que lo necesitan pero carecen de voz para hacerse oír, o porque las autoridades no les respetan sus derechos.
Desde luego, hay diversas maneras de preparar y ejecutar un proyecto así. Se requiere la participación generosa de numerosos profesionales residentes en la comunidad: sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, maestros, etc. Para iniciar, se debería ingresar con un proyecto piloto en municipalidades que se propongan voluntariamente; la duración del servicio civil puede variar según las necesidades por cubrir; el financiamiento debe ser parte del presupuesto anual de la comunidad, con base en un impuesto municipal ad hoc y alguna participación financiera de los centros educativos privados tan boyantes en todo el país.
La idea central no debe olvidarse: dar a los jóvenes una buena salida que encauce su exceso de energía y entusiasmo en favor de tantos miembros de su propia comunidad que hoy están desamparados y desalentados por la indiferencia de sus autoridades.
Con acciones así, se fomentaría el contacto presencial entre generaciones que, usualmente, hacen sus vidas sin tomar en cuenta al “otro”, visto como alguien con quien poco o nada se tiene en común.
Y, dígase lo que se diga, hágase lo que se haga, es en esta pequeña unidad del Estado –la municipalidad– donde los vecinos pueden hacer realidad los principios de solidaridad, respeto y tolerancia que están en la base de toda sociedad moderna. El Estado, con toda su monstruosidad burocrática y, a menudo, tan inaccesible, no es el más apto para patrocinar directamente un proyecto así: se nos va en ello el futuro.
Hugo Mora Poltronieri es profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica (UCR) y ensayista en temas políticos y sociales.
