El temido misoprostol es un medicamento utilizado en la prevención y tratamiento de úlceras gástricas, que, además, por su mecanismo de acción, es una excelente terapia en el manejo del parto, principalmente en el tratamiento de hemorragias uterinas posparto, hipotonía uterina o retención de restos placentarios. Todas estas condiciones ponen en peligro la vida de la mujer.
La hemorragia posparto es la complicación más frecuente del alumbramiento (expulsión de la placenta) y el uso de misoprostol ha demostrado gran utilidad como medicamento no solo por su eficacia, sino también por la facilidad en su administración y manejo médico. Tanto que el American College of Obstetricians and Gynecologists y la Organización Mundial de la Salud lo recomiendan como primera opción terapéutica.
Sin embargo, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social se escudan en que el misoprostol no posee registro sanitario en Costa Rica, por lo cual su importación y utilización son ilegales.
Lo anterior origina varios problemas para la salud de las personas y los médicos. El primero es que los especialistas en ginecología y obstetricia no poseen en el país la primera opción terapéutica recomendada internacionalmente para contener hemorragias posparto o contra la hipotonía uterina, y el segundo es que incentiva la venta ilegal de misoprostol, fácilmente comprobable.
Nuestra vieja pero sabia Ley General de Salud en el artículo 117 establece que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social pueden adquirir medicamentos no registrados en cualquier momento o circunstancia, máxime cuando se trate de una urgencia. ¿Qué más urgente que contener una hemorragia para no causar un daño o, peor aún, la muerte materna?
El temor infundado de que este medicamento pueda ser utilizado para abortos ilegales no es una justificación valida, puesto que el no disponer de este origina la venta ilegal, el uso por personas no autorizadas y el incumplimiento del protocolo de atención clínica para la interrupción terapéutica del embarazo de la CCSS y de normas internacionales que recomiendan el uso de misoprostol, tales como las de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.
Cientos de medicamentos tienen el potencial de provocar un aborto y no son importados con este objetivo, sino el de tratar múltiples patologías. El derecho a la salud conlleva también un acceso a los más eficaces tratamientos, prohibir el uso de misoprostol es violar un derecho humano.
Aducir que es abortivo es evadir la realidad de su venta ilegal, limitar a los médicos y a las mujeres a un tratamiento eficaz si empieza una hemorragia o debe recurrirse a la interrupción terapéutica del embarazo cuando la vida y la salud de la mujer peligran.
Costa Rica ha avanzado en materia de derechos sexuales y reproductivos; sin embargo, parece que como lo que está en juego es la salud y la vida de mujeres, las autoridades sanitarias por mucho tiempo han pospuesto la importación del medicamento para su uso en la sanidad pública y privada más por miedo y doble moral que por razones técnicas.
Es momento de que los médicos exijan a las autoridades sanitarias contar con los tratamientos internacionalmente recomendados y más cuando estos son de bajo costo y eficaces.
El autor es médico.
