EscucharDespués de 18 meses de discusión entre todos los sectores políticos y sociales posibles, en una comisión mixta de 17 miembros, en el año 2002, 16 habían logrado un consenso sobre la reforma más profunda a la Hacienda Pública costarricense jamás imaginada en los años de vida independiente. Además de reformar el Código Tributario y temas de gasto público, se reformaban simultáneamente los dos pilares de cualquier sistema tributario moderno: renta y valor agregado.
Pacto Fiscal. Un diputado pudo presentar mociones suficientes para impedir que los 16 votaran el proyecto consensuado. El Gobierno estoico de aquella época presentó de nuevo el proyecto a la corriente legislativa, con la redacción de los 16.
En ese nuevo proceso, tratando de conciliar dos normas (una: cada moción se discute 3 a favor y 3 en contra, 15 minutos cada uno; dos: las mociones, 136, descienden a la comisión por 3 días), se decidió conceder algo así como 50 horas para hablar, según el número de mociones presentadas. Sin esta medida, los 3 días se convertían en 15 años.
Así fue aprobado el Pacto Fiscal de los 16 por 43 diputados en primer debate. La Sala Constitucional le dio la razón al diputado 17.
Año 2012: Ottón Solís, tras escuchar la información y razonamiento de expertos nacionales e internacionales, acude a la Casa Presidencial a consensuar una reforma tributaria más simple: solo los dos pilares, renta y valor agregado, para modernizarlos. Pacto Chinchilla-Solís. Incluso, acuerdan una novedad de los últimos años: la vía rápida, que requiere mayoría calificada para poner plazos de votación. La Sala Constitucional dice que es válido poner plazo a la votación, pero no al número de mociones.
Los opositores presentaron tantas mociones que, con los términos reglamentarios de discusión, en 30 días no salían, y se requerían 2 días más. El presidente de la comisión amplió a 2 días. En primer debate se aprobó la reforma. La Sala Constitucional la declaró inconstitucional: por esos 2 días faltantes, lo que debió haberse hecho era volver a reconstruir el Pacto Chinchilla-Solís por mayoría calificada en Plenario. Imposible. Hasta el PAC se había puesto en contra de Ottón.
Ambigüedad. Hoy, el Gobierno, ambiguamente, sin sincerarse y decir: “¿Saben?, desde afuera, cuando no era lo mismo verla venir que bailar con ella, nos parecía que 6 y pico del PIB de déficit no era gran cosa, pero ahora, ya bailando con ella y con Moody’s, parece que no puede ser. Por eso, venga otra vez el intento noble de modernizar Renta e IVA”. En lugar de decir eso, afirman: “Vamos a presentar, por separado, el IVA; luego, tal vez, Renta”. Proyectos separados, esa es, según el planteamiento subyacente, la solución para evitar los problemas del pasado.
El expresidente Arias, que no se atrevió a la reforma tributaria, indica, con buen tino, que el IVA, tan regresivo como es, no es viable sin renta que lo equilibre. Y, en eso, probablemente tenga razón. Ahí está el mal diagnóstico: después de lo dicho, ¿quién puede creer que el problema es presentar en un mismo proyecto Renta e IVA, y que, por eso, no se aprobaron las reformas del pasado?
Sin ese mix , neutralidad-equidad-recaudación, las mayorías contundentes del pasado en la Asamblea Legislativa probablemente no se hubiesen logrado. El problema no estaba ahí: estaba en el reglamento legislativo y en la interpretación de la Sala Constitucional.
Con el mal diagnóstico, peligraría la conformación de mayorías que sí se alcanzaron en el pasado.
