EscucharDUBÁI – En setiembre del año 1960, los delegados de Irán, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela se reunieron en Bagdad para formar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A medida que se incrementaba la dependencia mundial del petróleo, también lo hacía el poder de la OPEP. Hoy, ya que muchos países en desarrollo –incluidos entre ellos la mayoría de los países en Oriente Medio– se constituyen en algunos de los principales exportadores de trabajadores en el mundo, ¿será este el momento de considerar la formación de un cartel similar a la OPEP para trabajadores migrantes?
La OPEP tuvo éxito en lo que respecta a la protección de los intereses comunes de sus miembros, intereses que dichos miembros no podían proteger de manera individual. Cuando un mercado tiene distorsiones estructurales, las herramientas políticas y las acciones colectivas del tipo que encarna la OPEP podrían llegar a ser más eficaces que las políticas públicas.
Hoy, los países exportadores de mano de obra no son muy distintos a los miembros fundadores de la OPEP en el año 1960. Ellos, también, son vulnerables dentro de un mercado en el que sus clientes tienen la última palabra. Los países ricos importadores de mano de obra y los países pobres exportadores de mano de obra tienen una relación mutuamente dependiente; pero, los importadores de mano de obra unilateralmente pueden apretar o aflojar la inmigración o las regulaciones del mercado laboral, dejando a los exportadores en un constante estado de incertidumbre.
Este desequilibrio puede traer consigo graves costos para los exportadores de mano de obra. Las remesas de dinero que envían los trabajadores expatriados son una línea de vida vital para los países en desarrollo –más que cualquier otro flujo financiero, incluso más que la inversión y la ayuda extranjera directa– y a menudo estas remesas ayudan a equilibrar los libros contables de los países. De hecho, según el Banco Mundial, en el año 2013 las remesas dieron cuenta de entre 20% a 24% del PIB en Filipinas e Indonesia, en Tayikistán el 42%, así como el 32% en Kirguistán, el 17% en el Líbano, el 10,8% en Jordania, el 9,9% en Yemen y el 6,6% en Egipto y Marruecos.
Para muchos países en desarrollo, la mano de obra es un factor estratégico para la producción, de la misma forma que las materias primas lo son para las economías ricas en recursos. Cuando pensamos en la mano de obra migrante, pensamos en trabajo de baja cualificación en agricultura, construcción, servicios y trabajo doméstico. Sin embargo, hoy día, países como Jordania y el Líbano (entre otros) también capacitan a sus trabajadores para que compitan como expatriados altamente calificados.
Los exportadores de mano de obra de la actualidad necesitan proteger sus inversiones en capital humano, y un órgano político tipo cartel es la forma más eficaz de lograrlo. Si los países mencionados se agruparan con China, México, la India y con otros de los principales países exportadores de mano de obra, ellos tendrían en sus manos la mayor parte de las cartas en negociaciones colectivas sobre salarios, sobre condiciones para la emisión de visados, y sobre otras condiciones, algunas de las cuales también podrían beneficiar a países no miembros a medida que cambien las normativas a escala mundial.
Los importadores de mano de obra tendrían que competir por acceso a un mercado colectivo, en lugar de luchar por acceso a mercados nacionales individuales; y, los países que obtendrían acceso, tendrían una ventaja comparativa significativa superando a aquellos que no lograron dicho acceso.
Un cartel impediría que los países exportadores de mano de obra canibalicen sus propios intereses, tal como actualmente ocurre con los acuerdos bilaterales. Por ejemplo, si los países del sudeste asiático individualmente tendrían que firmar acuerdos separados con los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del golfo, competirían entre ellos tratando de ofrecer los precios más bajos; es decir, subcotizándose entre sí, lo que resultaría en acuerdos más desventajosos para esos países asiáticos.
Si estuviesen agrupados en un cartel, los gobiernos podrían fijar tasas mínimas para los salarios que se pagan a personas con diferentes profesiones y oficios, así como para los distintos niveles de habilidades. A medida que los exportadores capaciten a sus fuerzas de trabajo migrantes, la demanda por dicha fuerza de trabajo crecería y encendería la competencia entre comerciantes proveedores, en lugar de solamente proveedores; de esta manera se impulsaría el ciclo virtuoso de salarios más altos e incluso de una mayor capacitación en habilidades. Y, debido a que todo esto sucedería en mercados mundiales, los precios de algunas habilidades se harían más transparentes, para todas las partes interesadas por igual; es decir, para las instituciones de formación, los estudiantes, los empleados y los empleadores.
En este nuevo sistema, los países importadores podrían recaudar impuestos –sobre la base del recién establecido salario mínimo– y las remesas enviadas por los migrantes permanecerían libres de tributos. En este sentido, el cartel cumpliría, a su vez, la función de sindicato internacional de trabajadores, proporcionando poder de negociación a los empleados en países donde los sindicatos son débiles o están prohibidos de manera terminante.
Un cartel de exportadores de mano de obra tendría efectos de largo alcance sobre el sistema actual. Los miembros del cartel estarían facultados para premiar y castigar a terceros que actúen de mala fe. Y, lo más importante, se facultaría a los propios trabajadores para que recuperen su dignidad en un sistema que durante mucho tiempo los despojó de dicha dignidad. Ciertamente, podríamos esperar que la xenofobia disminuya en todo el mundo, a medida que el acceso a los trabajadores extranjeros se haga cada vez más privilegiado.
Un cartel podría hacer progresar el ideal de lograr una inmigración integral y una reforma laboral para expatriados en muchos países, incluyéndose entre ellos a Estados Unidos, Japón y los Estados del golfo. Bajo un nuevo acuerdo negociado, los países exportadores de mano de obra probablemente tendrían un incentivo para frenar tanto a los oportunistas aprovechadores como la emigración ilegal, y los países importadores de mano de obra probablemente tendrían un incentivo para legalizar y gestionar el estatus de los inmigrantes ilegales que ya se encuentran dentro de sus fronteras.
Una probable objeción a esta propuesta es que mano de obra poco calificada costará más, lo que podría acelerar la automatización. Sin embargo, los puestos de trabajo desplazados por la automatización en el sector productivos simplemente se trasladarían al sector de recreación y ocio, debido a que la demanda por empleados domésticos, mozos, jardineros y similares aumentaría. Debido a que un cartel haría que estos cambios en el mercado sean más perceptibles, los exportadores de mano de obra podrían responder y ajustar sus sistemas de formación de trabajadores de manera concordante, incrementando las posibilidades que tienen los importadores de mano de obra para reclutar trabajadores migrantes mejor preparados para los puestos de trabajo disponibles.
En resumidas cuentas, un cartel de exportadores de mano de obra pondría orden en un sector que durante mucho tiempo se ha visto sumido en la controversia, dañando la reputación de una cantidad considerable de países importadores de mano de obra. Cambiaría la dinámica de oferta y demanda de mano de obra en beneficio de ambos, tanto de los trabajadores –quienes tendrían a su disposición nuevas formas de protección– como de los países importadores, que tendrían acceso a trabajadores capacitados para responder frente a cambios rápidos –cambios que muy a menudo se ven impulsados por la tecnología– bajo condiciones económicamente aceptables.
Sami Mahroum es director de la Iniciativa de Innovación y Políticas en el INSEAD y autor de “Black Swan Start-ups: Understanding the Rise of Successful Technology Business in Unlikely Places”. © Project Syndicate 1995–2016
