La Agencia Internacional para las Energías Renovables (Irena) reporta que, en proyectos de generación eléctrica renovables, en el 2017, los costos se ubicaron dentro del rango para producir electricidad mediante combustibles fósiles (entre 5 y 17 centavos de dólar). En promedio, producir un kWh con biomasa y geotermia costó 7 centavos de dólar, con hidroelectricidad 5, con energía eólica 6 y con energía solar 10. Además, Irena prevé que para el 2020 los costos en solar y eólica sean aún más bajos porque se espera que las tecnologías comerciales en uso actualmente se ubiquen permanentemente dentro del rango de los costos de generación con combustibles fósiles.
Esta tendencia a la baja en los costos se traduce, lógicamente, en una disminución sustancial en los precios que pagan los consumidores por la electricidad generada mediante estas fuentes. Pero no solo eso es positivo, calcula también Irena que la transición energética podría resultar en un crecimiento acumulativo del PIB mundial de alrededor de $19 trillones entre hoy y el 2050 y que el número de trabajos en energías limpias ascendería a 26 millones, lo cual compensaría las pérdidas en trabajos en la industria de los combustibles fósiles.
Datos como estos dejan claro que la descarbonización de la economía no solo trae beneficios ambientales, sino también crecimiento económico y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas.
En Costa Rica. Con una matriz eléctrica reverenciada alrededor del mundo por ser casi 100 % renovable y cuyos períodos continuos de producción eléctrica limpia son noticia en medios de comunicación extranjeros, Costa Rica posee unas de las tarifas eléctricas más altas de Centroamérica y, como resultado, está perdiendo competitividad como destino para la inversión extranjera.
Se está alejando, más bien, de la tendencia mundial de aprovechar las energías renovables como vehículo para el desarrollo socioeconómico.
En uno de las editoriales de La Nación (“Ahuyentamos la inversión energética”, 23/1/18) se expusieron datos proporcionados por la Cepal y Cinde. La Cepal indicó que en el 2016 el precio promedio de la electricidad en Centroamérica fue de 13,48 centavos de dólar, mientras que en Costa Rica fue de 18,47.
Asimismo, Cinde reportó la pérdida durante los últimos cinco años de al menos $1.000 millones de proyectos en energía limpia, desaprovechando así la posible generación de empleo y el abaratamiento de tarifas eléctricas para los consumidores.
Construcciones inútiles. Factores como los altos costos en la construcción de plantas hidroeléctricas, por ejemplo, o el desaprovechamiento de fuentes como la solar, se reflejan en las tarifas eléctricas. Estas plantas siguen construyéndose a pesar de su alto impacto socioambiental y de que el país cuenta con un alto margen de seguridad para cubrir sus necesidades eléctricas, por lo cual no se comprende la urgencia de seguir desarrollándolas.
Con respecto a la energía solar, energía gratuita que se está desperdiciando en este mismo instante, el ICE reporta que el 23,5 % del territorio nacional presenta condiciones aptas para instalar proyectos de más de 5MW (según indica un informe del Estado de la Nación sobre el uso y estado de la energía en 2017).
Expone el ministro de Ambiente otro factor significativo que afecta las tarifas eléctricas: la obligación que tiene el ICE de comprar la electricidad producida por generadores privados, lo cual ejerce gran presión sobre sus finanzas y las pasa, naturalmente, al consumidor final (“¿Son caras las tarifas eléctricas del país?”, La Nación, 12/2/2018).
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Apertura del mercado eléctrico. ¿No será mejor abrir el mercado eléctrico? De esta forma, el ICE no estaría en la obligación de pagar a proveedores privados y entraría a competir como un actor fuerte y consolidado en el mercado. Aunado a esto, la competencia generaría diversidad en las tarifas, favorecería al consumidor final y la participación de generadores privados traería un sinnúmero de beneficios socioeconómicos directos e indirectos para el país.
Es indudable que Costa Rica algo va a tener que hacer porque ni las tarifas pueden seguir aumentando, ni podemos seguir cortándole las alas al crecimiento socioeconómico nacional; menos aún al auge de las energías renovables.
La autora es abogada.
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