¿Subir impuestos para acabar con el mercado negro? ¿Tiene sentido?

A nadie se le ocurre subir impuestos a los zapatos tenis de marca para frenar la comercialización de tenis falsificados que se venden a una quinta parte del precio de las originales o menos.

Nadie propone que la cura para el licor del contrabando sea un alza impositiva a los licores legales que obviamente se reflejaría en su precio al consumidor, o que hay que subirle tributos a la lotería legal para que la gente deje de comprar lotería ilegal.

Sería una locura pensar que la solución del mercado ilícito de medicamentos serían más impuestos para los fármacos.

En cualquier producto, es un absurdo pensar en que aumentar impuestos (y, por ende, precios) es una solución y no más bien la causa del comercio ilícito, excepto cuando se trata de cigarrillos.

Siendo el producto con la carga impositiva más alta del país, el más contrabandeado en suelo nacional y, según afirman las propias autoridades, el que más vínculos tiene con el narcotráfico y el crimen organizado, los cigarrillos ilegales ya son un problema de seguridad nacional, como bien apuntó La Nación en su editorial del pasado 3 de julio.

Cada cajetilla de 20 cigarrillos que se vende legalmente en el país debe pagar como mínimo ¢1.115 en impuestos; es decir, casi ¢56 por cigarrillo. Una parte de este impuesto aumenta cada año desde que se aprobó la Ley 9028, en el año 2012.

El precio del paquete de cigarrillos más vendido en 2024, según Hacienda, fue de ¢2.200, de los que el 55% corresponden a impuestos y el resto incluye fabricación, transporte, distribución, ganancia de los comercios y muchos otros rubros.

Los criminales que logran burlar el pago del impuesto y que ponen cigarrillos ilegales en el mercado a precios de ¢1.000 o incluso menos están generando cantidades considerables de dinero con un flujo constante de efectivo del que Hacienda no ve un solo colón.

Estos recursos se utilizan para lavado de dinero y para financiar otras actividades del crimen organizado como el narcotráfico o el sicariato, según investigaciones dadas a conocer recientemente por este diario.

La misma Fiscalía explicó hace un par de meses cómo el contrabando de cigarrillos es una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales que operan dentro y fuera del país.

Estas redes ya dominan casi el 50% del mercado de cigarrillos en el país, una de las cifras más altas de la región, según datos del Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) y la Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica).

Estos cigarrillos ilegales se venden a precios imposibles para la industria que sí paga impuestos, y están disponibles a vista de todos en establecimientos en todo el país. En provincias como Limón, hay lugares donde ya solo estos productos ilícitos se venden.

Todo esto sucede ya, con los impuestos actuales y, sin embargo, se ha propuesto en este y en otros foros un aumento de impuestos a los cigarrillos para frenar el comercio ilegal, cuando a todas luces eso reforzaría el mercado negro y, con ello, empeoraría la inseguridad.

El contrabando y otras formas de comercio ilícito son problemas que afectan a muchas industrias, y aunque las autoridades ejecutan distintas acciones para atacarlos, no han sido suficientes ante la sofisticación de las redes criminales y las nuevas formas en que desarrollan sus cada vez más complejas operaciones.

Sería contraproducente aumentar impuestos a un producto que ya tiene un mercado negro que no se ha logrado controlar –como lo son los cigarrillos–, tal como aplicaría para cualquier otro caso de comercio ilícito o contrabando. Sería mejor aumentar las penas y ejecutar los controles que la ley permite hoy y acabar con la impunidad.

Son compartidas las intenciones de alentar que los consumidores no quieran comprar cigarrillos para cuidar su salud, pero basta con salir a la calle para ver que la teoría de que subir el precio mediante impuestos desalienta el consumo es falsa, pues los consumidores migran a productos que no pagan impuestos para seguir consumiendo.

A los consumidores no les importa si el producto está en regla o no. Si cuesta menos de la mitad que los legales, y si ese es un factor determinante para una parte de la población, los consumidores no lo van a pensar dos veces y comprarán el más barato.

Si está disponible, se va a vender. Los criminales y sus billeteras lo saben, y los números lo demuestran: casi uno de cada dos cigarrillos que se venden son ilegales, y esta cifra solo aumentará si se llegan a subir los impuestos. ¿Realmente queremos que eso pase?

rcarvajal@camara-comercio.com

Ricardo Carvajal Huertas es asesor económico de la Cámara de Comercio de Costa Rica.