EscucharLa desigualdad es consecuencia, pero también causa, de muchos de los males de una nación. Los socialdemócratas creemos que imputar su existencia únicamente al comportamiento de la economía de mercado es un reduccionismo simplista, pues la desigualdad es reflejo de un conjunto de variables que la condicionan, entre otras realidades culturales, sociales, educativas y políticas, aparte de las estrictamente económicas.
Pero en el polo opuesto, el error inverso es el que asumen los adoradores del dios mercado, que aúpan un capitalismo sin las previsiones que garantizan equilibrio, lo que también es un peligroso inductor de desigualdad.
Tal como Thomas Pikkety lo expuso en su afamada obra El capital en el siglo XXI, el concepto que describe el origen del índice de desigualdad entre los ciudadanos radica en la diferencia entre el crecimiento de la economía y las cantidades de capital que retornan individualmente.
En palabras simples, la desigualdad surge cuando la cantidad de capital que retorna a determinadas manos supera en mucho el índice de crecimiento de la economía general. Esta es una descripción de la realidad que, como Pikkety lo hizo, se puede reducir a una fórmula técnica que difícilmente alguien contradiría. Incluso la fórmula adquirió tal grado de notoriedad que entre los cultos estudiantes de Boston circula la venta de camisetas estampadas con su simbología: r >g.
Cómo combatirla. Ahora bien, este artículo no pretende describir la desigualdad, sino, a partir de una perspectiva socialdemócrata, aportar elementos para combatirla. Señalaré algunas políticas públicas contendoras de la desigualdad, que amerita enumerar aquí. No las cito en orden de importancia, sino en el que las he recordado en el momento de escribirlas. Veamos.
A) Es fundamental la inversión pública en tecnología. Por sí sola ella estimula el aumento de las capacidades y cualidades de aquellos trabajadores que se ven expuestos a laborar en destrezas ligadas a la alta tecnología. El uso y aplicación del cambio tecnológico por sí solo capacita a los empleados que lo aplican.
B) En el Acuerdo Nacional recientemente negociado con los otros partidos políticos del país, suscribí en mi condición de secretario general del PLN la necesidad de crear un Consejo Económico y Social que involucre al gobierno en un foro permanente de actores sociales.
El fin es garantizar, entre otros aspectos, políticas públicas que equilibren distribución, competencia y riqueza. Ese sería un foro de entendimiento que iría mucho más allá de lo que hace el Consejo Nacional de Salarios, órgano tripartito integrado por patronos, trabajadores y gobierno, y que actualmente solo negocia aumentos salariales.
Un nuevo Consejo Económico Social podría propiciar un diálogo nacional permanente que, para el sector privado, estimule políticas distributivas de la riqueza, como salarios mínimos crecientes y, además, promueva otras prácticas remunerativas paralelas en ese sector.
C) Nadie duda que la reducción drástica del desempleo debe ser una prioridad política fundamental para combatir la desigualdad. En el caso de Costa Rica, tanto el actual déficit fiscal como el abuso del gasto corriente en salarios del sector público impiden que el Estado aumente la planilla pública y resuelva de forma directa el problema del desempleo.
Ante tal imposibilidad, solo resta que el crecimiento en el empleo se alcance mediante el estímulo de la economía social solidaria, que es buen oferente de empleos justos.
D) Sostener la política nacional de crédito para el desarrollo enfocado en pequeños y medianos emprendimientos, cuya tasa de interés sea menor a la tasa de interés sobre créditos de consumo suntuario. Tal política de crédito estimularía la actividad productiva y exportadora en los sujetos de menor ingreso.
E) Reducir el costo de la legalidad económica. Está claro que la hiperregulación estatal ha hecho que producir siguiendo al pie de la letra los reglamentos, regulaciones, tasas e imposiciones sea un privilegio.
En sociedades hiperreguladas, producir respetando la estricta normatividad termina siendo un privilegio al que solo se accede con poder económico o político. Así, un habitante de escasos recursos que emprende alguna iniciativa productiva, solo puede hacerlo desde la economía informal, la cual termina siendo su tabla de salvación. Sin recursos, simplemente no puede legalizar una iniciativa empresarial de mediana escala. La consecuencia indirecta es que el costo de complacer al sistema burocrático-legalista termina privilegiando a los ya favorecidos, quienes son los que tienen recursos para acatar los caprichos del sistema.
Por el contrario, los desventajados, quienes no pueden pagar los altos costos de la legalidad económica, son hostigados al punto que terminan expulsados hacia la economía informal, donde no pueden encontrar el amparo del sistema, sino solamente su hostilidad.
En este punto, la moraleja es que una política pública de simplificación de trámites y desregulación es otra política eficaz en el combate de la desigualdad. En este sentido, el Dr. Miguel Ángel Rodríguez, en su administración, hizo un esfuerzo con la Ley 8220 de protección al ciudadano frente al exceso de trámites, pero hoy debe avanzarse mucho más en este sentido.
Educación. F) He dejado para el final lo que tirios y troyanos creen que es el principal sistema inmunizador contra la desigualdad: elevar la educación y la cultura nacionales. No me referiré a la decadencia o superación de la cultura nacional, pues es un elemento que ameritaría un espacio que supera el tema de este artículo, pero en relación con el mejoramiento de la calidad educativa, sí quisiera reiterar lo que he venido sosteniendo con insistencia.
La única materia en la que el MEP debe concentrarse es en los aspectos curriculares y de mejoramiento de los recursos técnicos. Me refiero, por ejemplo, a los métodos y técnicas para educar, al mejoramiento del contenido de la enseñanza y a una evaluación verdaderamente seria de los docentes.
Por el contrario, aspectos como la administración pública de la infraestructura inmobiliaria educativa o el pago y administración de las planillas de personal docente deberían ser responsabilidad de entidades federativas regionales de jurisdicción municipal.
Mientras el MEP disperse sus esfuerzos en asuntos ajenos a la calidad educativa, será difícil mejorar la educación en el país.
Otra propuesta, puramente economicista, suscrita por Anthony Atkinson y Pikkety, entre otros economistas, es aumentar más la carga impositiva para que el Estado clientelar “la reparta” entre los pobres. Pero por la historia sabemos que esa fórmula ha producido frutos amargos.
El autor es abogado constitucionalista.
