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En Costa Rica, la discusión sobre seguridad pública suele centrarse en el aumento de penas y en el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional. Sin embargo, el delito no nace en la cárcel: se construye en contextos sociales marcados por la desigualdad, la exclusión educativa, la violencia y la falta de oportunidades. Si la estrategia del gobierno se limita al encierro, el país seguirá acumulando consecuencias, pero no logrará cambios.
Actualmente, el sistema penitenciario administra entre 18.000 y 20.000 personas privadas de libertad. Este contempla regímenes de máxima, cerrada, mediana y mínima seguridad, así como lo que podría definirse como un modelo progresivo: las Unidades de Atención Integral, la Justicia Restaurativa (APAC) y los regímenes semiinstitucionales. En estos últimos, hay aproximadamente 3.500 personas que han avanzado mediante procesos de mérito y cambio. Es necesario reconocer sus logros, pues, de lo contrario, se desvaloriza esa progresividad y se desvirtúa el sentido de la pena.
Se habla mucho de la prevención del delito y es claro que una verdadera política criminal debería comenzar en las aulas. La educación debe incorporar programas formales y asignaturas orientadas al desarrollo de habilidades blandas –como la inteligencia emocional, la resolución pacífica de conflictos y la comunicación asertiva –, así como fortalecer las humanidades con espacios de formación ética y pensamiento crítico. Esto representaría una decisión estructural de fondo.
Además, la prevención del delito requiere involucrar activamente a madres, padres y encargados legales. La corresponsabilidad familiar es un factor protector clave frente a conductas de riesgo. Paralelamente, es indispensable fortalecer la infraestructura de escuelas y colegios, muchos de los cuales se encuentran deteriorados, lo que reproduce un abandono simbólico. Instalaciones dignas fortalecen la identidad, la autoestima y el sentido de pertenencia de los estudiantes.
La articulación con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y Parques La Libertad podría ofrecer formación técnica dentro de los colegios públicos, ampliando las oportunidades laborales tempranas y reduciendo la brecha entre educación privada, técnica y pública. Complementado con un sistema robusto de becas, esto permitiría atacar uno de los principales factores que inducen al crimen: la exclusión económica juvenil.
En cuanto al sistema penal, la pregunta fundamental es qué ocurre después del ingreso. Sin programas sólidos de prevención de la reincidencia, el sistema se convierte en un ciclo repetitivo. El Ministerio de Justicia y Paz tiene como mandato promover la reinserción y la paz social, pero para cumplirlo de manera efectiva, se requiere un programa integral que incluya formación técnica certificada y pertinente al mercado laboral, acompañamiento continuo en habilidades para la vida y educación financiera, la participación del INA y un seguimiento posterior al egreso.
Asimismo, debe impulsarse un programa nacional de reinserción socio-laboral con participación activa del sector privado, mediante incentivos claros y seguridad jurídica para las empresas que decidan involucrarse. Estas podrían contratar a personas privadas de libertad aptas para laborar, tras un proceso de evaluación riguroso, lo que reduciría el estigma y fortalecería tanto la economía de estas personas como la de sus familias.
Unas 3.500 personas privadas de libertad en regímenes progresivos podrían incorporarse a proyectos estatales de alto impacto social: reconstrucción de escuelas y colegios, apoyo a hogares de adultos mayores, bacheo de carreteras, limpieza de vías, recuperación de residuos en ríos y playas, creación de plantas de reciclaje, confección de mobiliario escolar o talleres de mecánica para la flotilla estatal. Esta estrategia no solo optimiza recursos públicos, sino que también aprovecha la experiencia laboral de estas personas, promoviendo la responsabilidad, la disciplina y un sentido de utilidad social.
Ser reo no es sinónimo de delincuente permanente. Existe una diferencia esencial entre la condición jurídica de reo y la identidad social de delincuente. La primera es temporal; la segunda puede convertirse en una etiqueta perpetua si la sociedad no ofrece oportunidades reales de cambio.
La seguridad no se construye exclusivamente con más cárceles, sino con educación, empleo y reinserción efectiva. Un delincuente no surge espontáneamente: se forma en contextos sociales que pueden y deben transformarse.
Es necesario reconocer, además, que Costa Rica enfrenta profundas desigualdades. Más allá de las categorías tradicionales, existe una población históricamente invisibilizada: personas en condición de indigencia, adultos mayores abandonados, niños en situación de vulnerabilidad y personas privadas de libertad.
Un enfoque integral para la paz social implica prevenir desde la niñez, invertir en la adolescencia, rehabilitar durante la pena y acompañar en el proceso de reinserción. Esa es la cadena completa de una política criminal moderna.
Si el gobierno continúa concentrando la lucha contra la delincuencia únicamente en la cárcel, seguirá reaccionando tarde. La verdadera seguridad se construye antes del delito y se consolida después de la pena.
No necesitamos megacárceles; necesitamos megaescuelas. Necesitamos más oportunidades laborales. Reinsertar no es debilidad institucional, es inteligencia estratégica. Prevenir no es idealismo, es política pública basada en evidencia.
Cabe preguntarse: ¿sabemos realmente en qué andan nuestros hijos? Nadie está exento de enfrentar el sistema penal. La ley es una para todos, sin distinción. Por ello, es fundamental construir un modelo educativo que enseñe prevención del delito y un sistema penitenciario que garantice una verdadera reinserción social. La Ley de Ejecución Penal no es una concesión indebida; es una necesidad.
Costa Rica tiene la capacidad normativa y humana para lograrlo. Lo que falta es voluntad de actuar y decisión gubernamental.
Luis Meléndez Piña es privado de libertad; se encuentra recluido en la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos Zúñiga, en el complejo penitenciario La Reforma.
